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Luis Altable Fernandez, nos dejó el pasado diciembre

Jue, 01/11/2018 - 11:25

Luis fue uno de los pioneros de la reconstrucción de CNT en los años 70, ocupando la Secretaria de Relaciones del primer Comité Regional del Centro –el primero en constituirse en el proceso de reaparición de CNT, (oct .75) y que funcionó como Comité Nacional hasta la elección del encabezado por J.G. Casas en el 76.

Participó en la reorganización de varios sindicatos de Madrid, siendo uno de los promotores de un Servicio de Documentación de la FL de Madrid, antecedente de la Fundación Salvador Seguí de la que fue su primer presidente.

Pero antes Luis había hecho sus armas militantes de la mano de las primeras organizaciones obreras antifranquistas: fue cofundador de la FST (Federación Solidaria de Trabajadores) que firmó una alianza sindical con las históricas UGT y CNT en el año 64. Participó activamente en la reconstrucción de CNT en Madrid a través de la Federación de Grupos Solidaridad, fue presidente de una de las primeras asociaciones de vecinos, la de Carabanchel, y fue asesor de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid). Su militancia obrera  y su compromiso social durante el franquismo le supusieron pasar con frecuencia por las comisarias del Régimen. Pero sobre todo, fue una excepcional persona, solidaria y comprometida con las ideas libertarias.

Seguirá en nuestro recuerdo como ejemplo y testimonio permanentes.

Carlos Ramos (FSS Madrid)

[Formación CGT-València] Curso básico de prevención de riesgos laborales (30 horas)

Mié, 01/10/2018 - 15:10

Del 20 de febrero al 2 de marzo

Fecha y hora del evento:  20/02/2018 (Todo el día) - 02/03/2018 (Todo el día)

A/a la afiliación de la CGT de Valencia:

La Federación Local de Valencia va a realizar un Curso de nivel Básico de Prevención de Riesgos Laborales, de 30 horas. Desde CGT se expedirá certificado acreditativo a su finalización.

Para la realización de este Curso serán necesarias 30 horas sindicales: 20 en febrero y 10 en marzo.

Descarga: programa completo del curso y ficha de inscripción.

Calendario del Curso Básico de PRL (30 horas):

MARTES 20 DE FEBRERO (Horario de 9h a 14h)

  • Presentación.
  • Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
  • Representación de los trabajadores.

JUEVES 22 DE FEBRERO (Horario de 9h a 14h)

  • Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.

LUNES 26 DE FEBRERO (Horario de 9h a 14h)

  • Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.

MIERCOLES 28 DE FEBRERO (Horario de 9h a 14h)

  • Riesgos derivados de la organización del trabajo.

JUEVES 1 DE MARZO (Horario de 9h a 14h)

  • Vigilancia de la Salud.
  • Coordinación de actividades empresariales.
  • Evaluación de riesgos.

VIERNES 2 DE MARZO (Horario de 9h a 14h)

  • Incendios.
  • Planes de emergencia.
  • Investigación de accidentes.
  • Primeros auxilios.
Leonor Gil de Ramales Iranzo Secretaría de Formación de la Federación Local de Valencia Confederación General del Trabajo (CGT) http://www.cgtpv.org/confederal/formacion-cgt-valencia-curso-basico-prevencion-riesgos-laborales-30-horas Secretaría de Formación CGT-Valencia

Carta abierta de CGT-ONCE a los responsables de ventas de Repsol, Supercor, Coviran, Simply, Correos, estancos, quioscos de prensa…

Mié, 01/10/2018 - 14:56

y cualquier persona física o jurídica que quiera hacer competencia desleal a los vendedores/as de la ONCE:

Desde hace  años, en sus establecimientos, sus clientes pueden adquirir los cupones y juegos de la ONCE, actualmente son más de 8.000 puntos de venta los que integran el  CANAL FISICO COMPLEMENTARIO (han llegado a ser mas de 12000).

Desde la Confederación General del Trabajo en la ONCE, en adelante CGT-ONCE, hacemos un llamamiento a estas marcas y establecimientos para que cesen en la venta y comercialización de estos productos. Seguro que se sorprenderán de un llamamiento de esta índole, ya que seguramente y pese a que el volumen de ingresos-beneficios que la venta de estos productos ONCE no suponen para ustedes un incremento apreciable en sus cuentas de resultados, es seguro que muchos de ustedes, si no todos, piensan que vendiendo estos cupones y juegos de la ONCE en sus establecimientos, están “ayudando” al colectivo de trabajadores de la ONCE, nada más alejado de la realidad.

Los responsables de estas firmas y sus clientes, tienen que saber que cada venta de un cupón o juego ONCE, que se realiza en sus comercios, es una venta que quitan a los vendedor@s de

la ONCE, poniendo en grave peligro la estabilidad laboral del colectivo discapacitado.La ONCE está sancionando a sus trabajador@s por no alcanzar un mínimo de ventas, que ella fija, y que cada día son más difíciles de lograr, dándose la triste paradoja de que sancionan al colectivo vendedor por “vender poco”, mientras hay un establecimiento cualquiera de las firmas arriba citadas a pocos metros en donde se están vendiendo los productos ONCE.

Al vender sus establecimientos los productos ONCE, volvemos a insistir, ponen en grave riesgo el trabajo del colectivo vendedor, ya que solamente tenemos nuestros cupones y rascas para vivir de su venta, y las sanciones que nos aplican por “vender poco” pueden incluso llegar al despido, como desgraciadamente así ha sucedido.

Si de verdad quieren colaborar con la labor social de la ONCE, no hagan competencia directa con el colectivo vendedor, no pongan en riesgo nuestro trabajo,  porque si en conciencia, por unos míseros euros, no renuncian a la comercialización de los juegos ONCE, tendremos que realizar una campaña más agresiva de información a sus clientes en las puertas de sus establecimientos, y seguro que no es una buena publicidad para sus marcas, que la ciudadanía tenga conocimiento de que están contribuyendo a la ruina del colectivo de personas con discapacidad (trabajador@s de la ONCE).

No hay mejor labor social que procurar un trabajo digno para los discapacitados, lo demás, es pura literatura para esconder el cinismo.

¡NI CORREOS, NI ESTANCOS, NI SUPER-MERCADOS, LA VENTA DE LOS JUEGOS DE LA ONCE, PARA LOS DISCAPACITAD@S

SECCION SINDICAL ESTATAL DE CGT ONCE

http://www.cgtpv.org/confederal/carta-abierta-cgt-once-los-responsables-...

CGT-ONCE

[Formación CGT-València] Taller lenguaje no sexista en la acción sindical

Mié, 01/10/2018 - 14:46

Jueves 18 de enero 2018 de 10:00 a 14:00 horas

Fecha y hora del evento:  18/01/2018 - 10:00 - 14:00

A/a afiliación de la CGT de Valencia:

Desde la Federación Local de Valencia, se realiza un taller sobre lenguaje no sexista para la acción sindical.

Esta es la información sobre el taller:

Ficha de inscripción. Descargar, rellenar y enviar a formacion@cgtvalencia.org

http://www.cgtpv.org/wp-content/uploads/2017/12/FICHA-TALLER-LENGUAJE-NO...

Taller: LENGUAJE NO SEXISTA EN LA ACCIÓN SINDICAL

Jueves 18 de enero 2018

de 10:00 a 14:00 horas

Leonor Gil de Ramales Iranzo

Secretaría de Formación de la Federación Local de Valencia

http://www.cgtpv.org/confederal/formacion-cgt-valencia-taller-lenguaje-n...

Secretaría de Formación CGT-Valencia

[CONCENTRACIÓN Y ACCIÓN] Ante las órdenes de investigación y captura, las imputadas por el caso "27 i més" responden

Mié, 01/10/2018 - 14:17

El lugar de la concentración será Jardinets de Gràcia mañana jueves 11 de enero a las 12:00 del mediodía.

Desde el pasado 28 de diciembre se están tramitando órdenes de investigación y captura de varias personas encausadas en el proceso conocido como "27 i més". En el mismo se encuentra también imputado el Secretario General de la CGT de Catalunya y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, el compañero Ermengol Gassiot. Una de estas personas ya ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra este pasado domingo. La razón de la emisión de estas órdenes de búsqueda es el hecho de no haberse personado a recoger la citación judicial para recibir el escrito de acusación de la Fiscalía en juzgado de Cerdanyola que lleva el caso.

Este es uno de los pasos que anticipan el juicio oral que se realizará contra las 27 personas encausadas, por el cual la Fiscalía, órgano político dependiente del gobierno del Estado español, hizo una petición de entre 11 y 14 años de prisión por haber participado o bien por haber apoyado un encierro de estudiantes en el rectorado de la UAB en 2013, en el marco de la lucha contra el aumento de las tasas universitarias. Nos encontramos, por lo tanto, ante un nuevo y grave montaje, con finalidades de persecución política, contra aquellos y aquellas que se organizan y luchan para defender la universidad pública.

25 estudiantes y dos trabajadores de la universidad se enfrentan a penas de prisión (de 11 a 14 años, cómo hemos dicho, más elevadas que en el caso de un homicidio), y una petición de alejamiento de 5 años de la UAB. El caso se remonta a 2013, cuando se inició una campaña de protesta para que se cumpliera un acuerdo de claustro que evitara el incremento del 66% del precio de las tasas universitarias. En el transcurso de la misma se produjo un encierro durante un mes dentro del edificio del rectorado, como ha sido habitual en otras ocasiones en el marco de conflictos similares. Finalmente, las y los estudiantes abandonaron el rectorado voluntariamente. Mientras duraban las protestas, la CGT apoyó y Ermengol participó, junto con otras personas, en una rueda de prensa a tal efecto, que fue presentada tiempo después como ‘prueba’ de la existencia en la universidad de un absurdo "entramado criminal", que es el que fundamenta todo este proceso.

Fue entonces la vicerrectora, Sílvia Carrasco, con el apoyo del equipo de gobierno de la universidad, la que denunció esta presunta "conspiración", aportando un listado de nombres y apellidos de militantes de varias organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, iniciando así el montaje. Entre ellos figuraba el nombre de Ermengol, la inclusión del cual sólo se explica por el hecho de que nuestro sindicato había mantenido desde hacía tiempo una campaña persistente de denuncia de los procesos privatizadores y los negocios oscuros llevados a cabo a la época por personas del rectorado de la UAB.

Como otras compañeras, Ermengol ya anunció meses atrás que rechazaba cooperar con este proceso de carácter político, que supone el peor montaje represivo contra el movimiento estudiantil y sindical en una universidad pública desde las postrimerías del franquismo; y que asumiría las consecuencias que se derivaran de esta decisión. Una decisión que cuenta con el pleno apoyo del conjunto de nuestra organización, la CGT de Catalunya, y que está motivada en la voluntad de denunciar políticamente de forma pública un procedimiento que, cómo hemos dicho, no es sino un juicio político represivo contra el sindicalismo combativo y contra el movimiento del estudiantado organizado.

La CGT de Catalunya considera que todo este proceso es una absoluta farsa. Un montaje motivado exclusivamente en la voluntad de implementar una política de revancha y represión contra todo el mundo que haga frente a los recortes y para atemorizar, a la vez, a los movimientos populares que luchan para defender los derechos de todos y de todas. Esta organización ha dado, da y seguirá dando el máximo de apoyo a los 27, hasta las últimas consecuencias. Porque la represión no nos parará y porque si nos tocan a uno nos tocan a TODOS.

Convocamos a todos los medios a esta acción solidaria en la cual las personas imputadas estarán disponibles para explicar la situación actual

Mercedes Márquez delegada de de la sección sindical de la CGT a la UAB

Òscar Murciano, secretario acción social de la CGT de Catalunya

Atentamente,

Secretaría de Comunicación CGT Catalunya

Secretaría de Comunicación CGT Catalunya

CGT considera que la remunicipalización de los Servicios Públicos sería una realidad con “voluntad política”

Mié, 01/10/2018 - 13:53

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de un comunicado sobre la subrogación en los procesos de remunicipalización, vuelve a incidir en la idea de que los Servicios Públicos son patrimonio de todas las personas y que no pueden, bajo ningún concepto, estar basados en criterios de rentabilidad económica.

En este sentido, la CGT recalca que la batalla jurídica abierta contra la privatización de estos servicios esenciales para el desarrollo de una vida digna en nuestra sociedad, está obteniendo algunos resultados. Así se demuestra con dos sentencias, la del TSJ de Castilla-León y el Auto nº431/17 del TSJ de la Comunidad Valenciana. En ambos procedimientos, las empresas privadas argumentan que las EPEL (Entidad Pública Empresarial Local) atentan contra el interés general por vulnerar directamente las restricciones de contratación de empleados públicos como su selección, los principios de vulnerabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la libertad de concurrencia y libre competencia.

Sin embargo, desde el Gabinete Jurídico Confederal de la CGT se vienen exponiendo, y ahora confirmadas por dichas sentencias, argumentos que contradicen a los mantenidos por las empresas privadas. Así, por un lado y según el artículo 140 de la CE, es al Ayuntamiento a quien correspondería elegir la forma más eficiente y sostenible de realizar la gestión de los Servicios Públicos. Por otro lado, la subrogación es un efecto de la extinción de los contratos concesionales que determinan la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Por último, si la ley declarase una actividad como servicio público o competencia municipal, debido a su interés público, permitiría introducir restricciones a la libre competencia por parte de las Administraciones Públicas cuando están amparadas por la ley.

Es por todo lo anterior que la CGT afirma que, a pesar de las grandes facilidades que disfrutan “los poderosos”, queda también la “certeza jurídica” de que la propia ley prevé la existencia de servicios básicos que pueden estar gestionados de manera directa por las Administraciones Públicas.

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/la-subrogacion-en-los-proceso...

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Más Servicio Público, Más Radio Televisión Madrid

Mié, 01/10/2018 - 12:10

El próximo sábado, 13 de enero, se cumplirá el quinto aniversario del ERE que supuso el despido de más de 800 personas de la plantilla del Ente Público Radio Televisión Madrid.

Una medida terrible que, lejos de poner fin a 10 años de conflicto social como pretendía el Gobierno de Ignacio González, fue respondida con más lucha en la calle, en las instituciones y en los tribunales. Seguimos denunciando las verdaderas razones de la ruina económica y el desprestigio social que generaron a nuestra empresa: la nefasta gestión del erario público y la manipulación informativa.

Los últimos 5 años han servido para ofrecer colaboración y participación al conjunto de las fuerzas políticas, con propuestas y alternativas que permitieran cambiar el rumbo de Radio Televisión Madrid en esta nueva etapa.

Ahora, cuando la situación empieza a cambiar, nuestros objetivos siguen siendo los mismos: recuperar el servicio público que fue hurtado a la ciudadanía madrileña y hacer justicia con una plantilla que siempre cumplió con su deber profesional y ciudadano, defendiendo sus derechos en el marco de la ley y denunciando la utilización de un Servicio Público en provecho económico y político de unos pocos.

La aprobación de la nueva ley, la elección de nuevos órganos de gestión por mayorías cualificadas en la Asamblea de Madrid, la aprobación de la Carta Básica y, sin duda, la internalización de parte de los servicios externalizados tras el ERE, son pasos de gran importancia para la consecución de éstos objetivos.

En septiembre fueron reincorporados en sus puestos de trabajo algunos trabajadores a los que se les tenía “apartados” por la simple razón de haber ganado sus juicios; se incorporaron además 97 compañer@s para poner en marcha los nuevos informativos. Poco después, otros despedidos se han sumado para las retransmisiones deportivas y eventos; y también se ha puesto fin al veto que impedía que los afectados por el ERE pudieran ingresar en productoras externas que trabajan para Telemadrid.

Los servicios informativos comienzan a recuperar lo que fueron nuestras señas de identidad: la información local, de proximidad e inmediatez en las cuestiones que más interesan a los ciudadanos poco a poco permitirán restablecer la credibilidad perdida.

Valoramos de forma positiva estos avances, pero consideramos necesario seguir profundizando en los cambios. Como preveíamos, y dijimos durante la tramitación de la nueva Ley, la puesta en marcha de Radio Televisión Madrid ha puesto de manifiesto serias deficiencias y lagunas contenidas en ella.

Es imprescindible afrontar reformas dirigidas a reforzar vías de gestión más eficientes, precisas y acordes con las particularidades de un medio de comunicación. En la actualidad, cualquier decisión requiere la autorización del Gobierno Regional, lo que pone en peligro la cobertura informativa de muchos acontecimientos. Un ejemplo: la sustitución de una baja por enfermedad debe ser aprobada por el Gobierno.

La financiación es otra de las cuestiones fundamentales que debe ser acometida de forma inmediata. Es necesario buscar fórmulas y consensos que aseguren a medio y largo plazo una adecuada financiación que dé estabilidad a Radio Televisión Madrid, una de las radios y televisiones públicas que menos recursos económicos recibe de la Administración.

En la actualidad, salvo los servicios informativos, y no en su totalidad, el conjunto de la parrilla de emisión se encuentra en manos de productoras privadas. Algo que es incompatible con el modelo de servicio público en el que creemos y hemos defendido siempre. Seguimos trabajando en la internalización de los departamentos externalizados, así como en la incorporación de las categorías imprescindibles para sacar adelante el trabajo.

Tan solo tres meses después de la puesta en marcha del nuevo modelo de radio y televisión, nuestras propuestas empiezan a dar resultado. El conjunto de medidas que hemos defendido a lo largo de estos años, como la reinternalización y recuperación de plantilla, está mejorando la eficiencia, cercanía, costes, calidad y credibilidad de Onda Madrid y Telemadrid.

Debemos seguir trabajando como en los últimos años. Para ello llamamos a la movilización al conjunto de la ciudadanía, a las organizaciones políticas, sindicales y a los colectivos sociales, en defensa de un servicio público y de una información veraz e independiente. La sociedad madrileña será la que consiga recuperar para la Comunidad de Madrid una Radio Televisión Madrid en la que quepamos tod@s.

Este sábado, 13 de enero, nos vemos en la manifestación plaza de Jacinto Benavente a Puerta del Sol, a las 12 horas.


CGT - Telemadrid

RNtv 28. Minas

Mié, 01/10/2018 - 11:47

Hoy queremos debatir sobre las minas y los problemas que causan.  Para ello hemos invitado a:

  • Inés Corraliza Generelo Miembro de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres y de Ecologistas en Acción
  • José Ramón Barrueco plataforma STOP Uranio de Salamanca
  • Oscar Pueyo Anchuela Doctor en Geología por la Universidad de Zaragoza
  • Máximo de la Corte de CGT Sallent y trabajador jubilado de la mina de Potasas de Sallent

Presenta: Rut Garrido @RutGarridoRN

ЯNtv

Rojo y Negro Nº 319, enero 2018

Mié, 01/10/2018 - 03:57

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rojoynegro319 enero.pdfrojoynegro319 enero.pdf 9.99 MB

Addenda, suplemento cultural del RyN - Nº 54, enero 2018

Mié, 01/10/2018 - 03:54

Descargas

addenda 54 enero.pdfaddenda 54 enero.pdf 1.23 MB

La Plataforma Tanquem Cofrents y el Mia denuncian una nueva avería en la Central de Cofrentes

Mar, 01/09/2018 - 14:08

La central  nuclear de Cofrentes (Valencia) está realizando una parada desde el pasado 5 de enero, que debería durar, en principio, una semana, para realizar un mantenimiento en los accionamientos hidráulicos de las barras de control del reactor, según la versión oficial de la empresa operadora de la central. Sn embargo, resulta incomprensible para Para la Plataforma “Tanquem Cofrents”, integrada en el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que 25 días después de poner en marcha la central tras la última parada para mantenimiento y recarga de combustible, que duró más de dos meses, haya habido que pararla de nuevo para otra operación de mantenimiento.

Esto es aún más extraño cuando además esta última recarga duró mucho más tiempo de lo habitual y que conllevó la participación de 1100 trabajadores adicionales y más de 11.000 trabajos planificados, según los propios datos de la central. En esta última parada hubo que reparar una avería en una válvula del agua de alimentación de la vasija del reactor, que se había detectado antes de la parada, pero a la que no se le dio la importancia y el tratamiento adecuados, a pesar de los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Parece que la única explicación posible es que, como en el caso de la rotura de la válvula, haya pesado más la urgencia de poner la central en marcha rápidamente y la búsqueda del beneficio económico a corto plazo, que el priorizar la seguridad de los trabajadores y de la población.

En este caso la avería afecta al sistema principal de seguridad de una central nuclear, la inserción de la barras de control entre las los elementos combustibles, que son los verdaderos frenos del reactor. Estas barras de control absorben el flujo de neutrones y paran así la reacción en cadena entre los átomos de uranio que se fisionan cuando un reactor esta produciendo electricidad. Estas barras pesan varias toneladas cada una y son introducidas en los reactores de agua en ebullición (BWR) desde abajo mediante dispositivos hidráulicos, a diferencia de los reactores de agua a presión (PWR) en los que son introducidas desde arriba, y por tanto pueden bajarse por su propio peso en caso de emergencia y de falta de alimentación eléctrica.

Hay que recordar, además, que la central de Cofrentes tiene un historial de problemas con estos elevadores hidráulicos. En 2007, Cofrentes tuvo que sustituir, en varias fases, todos estos elevadores hidráulicos por un problema de corrosión, que se calificó como de origen desconocido, y del que nunca se dio cumplida explicación pública. Una operación que sólo se ha llevado a cabo en el reactor de Cofrentes entre todos los del mundo, y que no estaba contemplada en el diseño de este reactor.

Por todo ello, la plataforma Tanquem Cofrents y el MIA exigen una explicación pública y completa de las circunstancias de esta nueva avería y considera que esta reiteración de averías gestionadas a destiempo pone de manifiesto la falta de una mínima cultura de seguridad por parte de los gestores de una instalación tan peligrosa como ésta y la falta de rigor del CSN a loa hora de exigir unos mínimos parámetros de seguridad. Asimismo, considera que esta acumulación de averías e incidentes demuestra, una vez más, que las instalaciones están envejecidas y deterioradas, y que pretender alargar su funcionamiento es una irresponsabilidad, por lo que exigen que la central se cierre definitivamente al final del presente permiso de explotación.

La plataforma Tanquem Cofrents està formada per Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Plataforma Per Un Nou Model Energètic, Salvemos Mijares, Marfull, Xúquer Viu, La Ribera en Bici, Espai Alternatiu, Intersindical Valenciana, CGT, PAH-València, Associació de Damnificats per l’Incendi de l’Alcalatén (ADIA) i el Moviment Ibèric Antinuclear (MIA).

Tanquem Cofrents

Aunque la UME se vista de seda, militar se queda

Lun, 01/08/2018 - 17:12

Artículo de opinión de Rafael Cid

La ofensiva del neoliberalismo tiene muchas y diversas facetas. La más evidente, y por ello la que mayores críticas recibe, es la que tiene que ver con las políticas austericidas que imponen los gobiernos adictos. Los ajustes estructurales y los recortes de derechos implantados para hacer recaer los costes de la crisis sobre la ciudadanía representan el ataque más flagrante contra el Estado del Bienestar. Pero no fue esa la única agresión ni la primera. Antes se produjeron otras más taimadas que prepararon el camino para drenar recursos públicos sin llamar la atención. De hecho, la fórmula expoliadora que se concretaría durante la gran recesión socializando las pérdidas y privatización las ganancias tuvo su mejor referente en un conjunto de operaciones y manejos destinados a menospreciar y socavar los fundamentos de la sociedad civil.

Para lograr ese propósito no solo se fue vaciando de contenido social al Estado. Al mismo tiempo, y puesto que el imaginario estatal no se puede eliminar del orden instituido sin crear un vacío desestabilizador, se procedió a reforzar su vertiente disciplinaria-policial-militar. Se trataba de compensar el desguace de lo asistencial, tras transferir sus activos al campo oligárquico-empresarial, acentuando su perfil seguritario y paternalista. Práctica en general bien acogida entre una población atribulada por la proliferación de guerras cercanas, catástrofes naturales, tragedias humanitarias, nuevas epidemias y los cada vez más frecuentes e indiscriminados actos terroristas.

Precisamente uno de los cambios en el Estado que más favoreció su retitulación como moderno Leviatán está en la utilización del ejército en misiones de paz fuera de sus fronteras naturales. Lo que se ha denominado “injerencia humanitaria”, una variante de agresión de la misma estirpe inmoral que la expresión “daños colaterales”, utilizada para escamotear la violencia ejercida contra inocentes. Al conjuro de estas experiencias las guerras modernas se han convertido en un campo de batalla cuyo objetivo indisimulado es sembrar el pánico entre las personas no contendientes, permitiendo que hospitales y escuelas aparezcan con frecuencia en la diana de las razias castrenses.

Este relanzamiento de la militarización más allá de los cuarteles y de los conflictos declarados, se complementa con nuevas formas de gestionar autoritariamente lo público en el día a día de nuestras sociedades con técnicas de videovigilancia y controles sobre transeúntes en edificios, aeropuertos y zonas urbanas concurridas. Siempre con el pretexto de ofrecer un servicio a la comunidad velando por la seguridad de sus miembros, que es la forma parasitaria a la que ha mutado el Estado gorila tras desvalijar el Estado de Bienestar. Y ello con toda naturalidad. Así, el masivo desempleo civil, convertido en el ingrediente caníbal de la nueva economía, convive con el incesante incremento de las plantillas de los cuerpos militar y policial. Y un país tan teóricamente celoso de sus libertades como Francia lleva más de dos años bajo estado de alarma, con soldados armados hasta los dientes patrullando por las calles de sus principales ciudades a fin de prevenir ataques yihadistas.

En este aspecto España no va a la zaga, aunque use otro tipo de ansiolíticos. Es más, ha innovado en la dirección de llevar el espíritu militar, la injerencia humanitaria, al interior de su propio territorio y con el timbre de excelencia como servicio público. Un ejemplo lo acabamos de tener en la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ayudar a los miles de automovilistas atrapados en la autopista de peaje AP-6 durante el reciente temporal de nieve. Todo un completo caos hasta que llegaron los refuerzos de los uniformados de la UME y pusieron orden donde la autoridad civil, y por tanto la única responsable ante la ciudadanía, había demostrado su ineptitud. Un episodio de éxito que se unía a otros de la UME en casos de grandes inundaciones o lucha contra incendios incontrolados.

¿Por qué tiene que existir un cuerpo de ejército específico para intervenir en asuntos que tradicionalmente han sido competencia de protección civil? ¿Adónde lleva esta continua transferencia de recursos y atribuciones desde la sociedad civil al estamento militar? Sin duda a que al mismo tiempo que se desmantela la parte del Estado que realmente demanda la ciudadanía se le refuerce y legitime por el lado que escapa a su competencia, y que incluso llegado el momento puede ser utilizado para enfrentarla (la UME cuenta con 3.500 efectivos de las tres armas). ¿Cómo podría pedirse responsabilidades a la UME ante una actuación negligente cuando depende de estructuras ajenas al mandato popular? La intromisión de la lógica militar en la esfera de la sociedad civil supone una amenaza para los valores de la democracia y su supeditación a protocolos de regulación autoritaria basados en negar la soberanía de los ciudadanos.

Por esos derroteros emotivos no es nada extraño que a los guardias civiles del ¡a por ellos! se les considere también Benemérita. Y es que la clase política ha abjurado de su condición representativa al sentirse pillada en la horquilla de la mercantilización de lo público rentable y la militarización de los sectores de impregnación social. Como demostró su parálisis en el bloqueo de la AP-6, una concesión pública que incumplió sus deberes como concesionaria (Abertis, un gigante del Ibex 35). Hasta la fecha nadie en la Administración ha dicho que la Fiscalía vaya a actuar de oficio contra la propiedad del peaje para exigir daños y perjuicios en nombre de los afectados, amén de pasar la correspondiente factura por el gasto de la movilización de la UME.

Lo único que han hecho gobierno y oposición ha sido tirarse las culpas a la cabeza para rebañar un puñado de votos de las personas que solo han sentido eficacia y responsabilidad en la actuación de la UME. En el caso del gobierno olvidando que en memorable ocasión fue el propio presidente Rajoy quien intentó sacar tajada del conflicto exigiendo la dimisión de la entonces ministra de Fomento Magdalena Álvarez, como ahora hacen sus adversarios pidiendo la cabeza de Íñigo de la Serna. Simples gestos para la galería, karaoke político. A buen seguro que lejos de cesarle será recompensado en cuanto la polémica escampe. Igual que hizo el PSOE al promocionar a la censurada Álvarez a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cargo que abandonó a la fuerza para sentarse en el banquillo de los acusados en la monumental estafa de los ERE de Andalucía.

Rafael Cid

 

Rafael Cid

La nueva reforma de la FP andaluza profundiza en la privatización y mercantilización de la Formación Profesional

Lun, 01/08/2018 - 16:50

La propuesta de nueva reforma de la FP que quiere aprobar el Gobierno andaluz profundiza en la privatización y mercantilización de la Formación Profesional en beneficio exclusivo de las necesidades de las empresas y en detrimento de la democracia de los centros educativos.

Desde la CGT consideramos que esta nueva ley seguirá los mismos pasos que las leyes anteriores y seguirá dejando a la FP sin posibilidades de mejorar los rendimientos académicos de su alumnado.

Según hemos podido comprobar se sigue potenciando la enseñanza privada con conciertos inne-cesarios en vez de invertir estos recursos en mejorar la enseñanza profesional. Si ya se tienen los medios y los centros donde impartir la enseñanza profesional ¿por qué se siguen realizando con-ciertos e incluso se siguen asignando ciclos formativos a centros privados donde existen centros públicos que podrían impartirlos sin problemas? Nos encontramos con el caso de ciclos que en algunas localidades solo se pueden realizar en centros privados concertados.

En esta nueva ley se crean las pruebas de diagnóstico con el objetivo de individualizar el aprendi-zaje. Resulta difícil hablar de un aprendizaje individualizado si no disminuyen las ratios. No es raro encontrar ciclos con más de 30 alumnos incluido alumnado con NEE. Si tenemos en cuenta que en la actualidad se sacrifican los desdobles de profesorado en los módulos con alto contenido práctico donde un solo profesor tiene que atender a más de 30 alumnos en la realización de las prácticas, podemos hacernos una idea de cómo se llevará a cabo la individualización del aprendi-zaje. Mientras no se inviertan más medios personales y se disminuya la ratio esto seguirá siendo una quimera.

Se crea CAFP, Consejo Andaluz de Formación Profesional, institución no adscrita a la Consejería de Educación. ¿Qué hace este Consejo y quiénes se sientan en él? Sus funciones serán las de coordinar, informar, estudiar…elaborar propuestas y proponer prioridades y objetivos de la FP y su composición: presidente, vicepresidente y vocales: CCOO, UGT, Administración de la Junta de Andalucía y organizaciones empresariales. ¿Dónde quedan los protagonistas de esta historia? ¿Por qué no hay profesorado, alumnado y familia en dicha comisión? Una vez más, un entramado de intereses políticos y económicos.

En esta nueva ley se apuesta por la Formación Dual o en Alternancia. La FP Dual organiza la ofer-ta en función de las demandas de las empresas cercanas. Es decir, en función de los intereses del tejido productivo local. Este tipo de formación ya lleva unos años desarrollándose en Andalucía y la Junta está invirtiendo mucho para que se sepan las bondades de este tipo de enseñanza.

La empresa privada ha visto en esta enseñanza una forma de captar más alumnado y como em-presa privada que es utiliza su personal, pagado por la Junta de Andalucía, para que trabajen en esta formación. Mientras en los centros públicos donde se ha empezado esta aventura, comprue-ban como el profesorado que les llega y que comienzan a trabajar en este proyecto es sustituido al año siguiente teniendo que empezar de nuevo con el nuevo personal. Esto resulta frustrante y no sucede en los centros privados. Desde la CGT pensamos que si la Junta considera que esta formación es la adecuada debería invertir más medios para que se implantara en los centros pú-blicos y no dejarlo en manos de los centros privados concertados.

También tenemos el articulado referente al tipo de centros que habrá para desarrollar la enseñanza de la FP. Aquí nos encontramos básicamente los centros públicos y los centros privados. Estos últimos financiados con fondos de la Junta de Andalucía. Año tras año vamos comprobando como la Junta de Andalucía apuesta por la enseñanza privada en vez de apostar por la pública. No entendemos, como hemos dicho antes, por qué se pagan enseñanzas profesionales en centros privados teniendo los centros públicos con los medios y el personal para desarrollarlas. Esta nueva ley viene a perpetuar la enseñanza privada concertada, dejando a la enseñanza pública como subsidiaria de la privada.

Se establece igualmente que los centros tendrán autonomía pedagógica, de organización y gestión económica y personal. Si a esto se añade que la dirección de los centros podrá ser de libre designación, como también se establece en esta ley, tenemos la receta perfecta para crear centros de primera y centros de segunda clase, donde habrá un servilismo intolerable.

Los centros, además de la asignación de la Junta, podrán obtener ingresos por la prestación de servicios y por aportaciones entre otros entes de empresas privadas. Esto que actualmente se está haciendo en aquellos centros donde se dispone de ciclos formativos donde se forma alumnado para empleos como cocina o restauración, no estaría mal, si se considera que habrá otros centros donde por el tipo de enseñanza que se realiza o por no existir entes privados que puedan contribuir al sostenimiento de dichos centros, la Junta de Andalucía dispusiera de partidas presupuestarias para equilibrar los ingresos para que todos los centros puedan dar la misma formación a su alumnado. Pero esta cuestión no ha sido tenida en cuenta en la redacción de esta ley.

Sobre la formación del profesorado es necesario que la Junta de Andalucía además de ponerlo en la ley lo lleve a cabo. Ya está bien de utilizar el tiempo libre del profesorado para su formación. La Junta de Andalucía debe organizar la formación del profesorado en el periodo laboral y debe ser una formación de calidad que consiga el fin propuesto y no hacer perder el tiempo y el dinero en formación inútil. En esta línea se considera la posibilidad de realizar la formación en las propias empresas. Esta idea ya se ha planteado anteriormente, pero no sabemos cómo se llevará a cabo y si se contratará a más profesorado para cubrir la ausencia mientras se está en las empresas. Nos tememos que de nuevo el alumnado se quedará sin profesorado mientras dure la formación.

En definitiva, si se quiere mejorar la enseñanza de la FP se debe tener una ley donde la enseñanza se realice con el personal necesario y los medios técnicos y económicos para su realización, empleando el dinero indispensable para la formación permanente del profesorado y todo ello desde una enseñanza pública y gratuita. No hay otra forma, por muchas vueltas que se le quiera dar.

Esta reforma, no es más que un ingrediente del progresivo desmantelamiento del Estado de Bie-nestar a favor de los intereses económicos de las empresas. Una pieza más del progresivo deterioro de lo público.

Más información: Antonio Vico

8 de enero 2018

CGT Enseñanza Andalucia

La subrogación en los procesos de remunicipalización

Lun, 01/08/2018 - 14:40

Las Administraciones Públicas apostaron y apuestan por lo que eufemísticamente denominan “la gestión indirecta para la prestación de los servicios básicos”, es decir, por la privatización y mercantilización de los mismos. El argumento “técnico” y político en el que se han basado todas las privatizaciones es la “eficiencia”.

Desde el punto de vista sindical y social, el argumento es nítido: los Servicios Públicos son patrimonio de todos y todas, y no pueden regirse por la lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, a la vez, por el principio de eficiencia desde el lado de la gestión, la cual debería ser Autogestión por parte de las personas (usuarias y trabajadoras), con capacidad para incidir en las decisiones acerca de las necesidades que tenemos, al igual que sobre el mejor modelo de servicio público, con criterios éticos, medioambientales y ecológicos.

La batalla jurídica parece que está obteniendo algunos resultados sobre la reversión de estos Servicios Públicos, a la vez que resuelve el tema de la “subrogación” de los trabajadores y trabajadoras, así como las herramientas jurídicas a crear por parte de las Administraciones para recuperar el Servicio Público privatizado, sin entrar en contradicción con la Ley de Contratos Públicos, la disposición vigésima de la Ley de PGE 2017, la Ley Montoro de Régimen Local y la Ley 2/2012.

Dos Sentencias: La primera del TSJ de Castilla-León con sede en Valladolid, en el procedimiento de Recurso de Apelación 360/2017, interpuesto por la empresa privada Aguas de Valladolid S.A. (concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad de Valladolid), contra el Ayuntamiento de Valladolid que decidió gestionar de manera directa, el ciclo integral del agua, por medio de la creación de una EPEL (Entidad Pública Empresarial Local) y subrogar a todos los trabajadores y trabajadoras de Aguas de Valladolid S.A. La segunda, es un Auto nº 431/17 del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante recurso interpuesto por Ribera Salud II, Unión Temporal de Empresas y Ley 18/92, en pieza de Medidas Cautelares, contra la Generalitat Valenciana que decidió revertir la gestión indirecta de la Asistencia Sanitaria (Hospitales) y pasar a gestionarlo directamente por parte de la Administración Pública.

Los argumentos empleados por parte de las Empresas Privadas (concesionarias del bien básico privatizado) se basan en que “la creación de las EPEL para gestionar directamente el bien público, no es conforme a derecho y atenta contra el interés general por:

  • Vulneración directa de las normas que establecen restricciones de contratación de empleados públicos y de las normas que exigen procedimientos de selección de empleados públicos sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  • Los acuerdos de reversión y gestión directa, vulneran los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la Ley Orgánica 2/2012.
  • Se atenta contra la libertad de concurrencia y la libre competencia.

Tanto una Sentencia, la de aguas de Valladolid, como el Auto de la Comunidad Valenciana sobre la Sanidad, dejan claro algo que desde el Gabinete Jurídico Confederal de CGT, como otros juristas, se venía manteniendo en base a las reglas de juego existentes (Leyes: PGE, Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, Ley Reguladora del Régimen Local, Ley de Contratos del Sector Público, así como las  Directivas Europeas), que no es sino, que si se tiene voluntad política, se puede revertir las privatizaciones de los Servicios Públicos.

Los argumentos son:

  • La potestad de auto-organización de los Servicios Público  forma parte del núcleo esencial de la autonomía local consagrada en el artículo 140 CE. Es al Ayuntamiento al que le corresponde elegir la forma más eficiente y sostenible de la gestión de entre las modalidades enumeradas en el art. 85.2 de la Ley 7/1985, Regulador de las bases del Régimen Local.
  • La subrogación es un efecto de la extinción de los contratos concesionales que determinan la aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Lo fundamental es que la ley declare la actividad como servicio público o competencia municipal, porque esta declaración puede comportar, debido al interés público prevalente, el quedar exonerado de las normas de defensa de la competencia por aplicación de la excepción del artículo 4 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, que permite introducir restricciones a la libre competencia por parte de las Administraciones cuando están amparadas por la ley.

Conclusión: Que a pesar de todas las “leyes de los poderosos” existentes, existe aún la “certeza jurídica” de que la ley prevé que existen servicios básicos (reserva legal) que pueden ser gestionados de manera directa por parte de las AAPP, y que en los procesos de reversión asistimos a una sucesión de empresas y, en consecuencia, la obligación de subrogar al personal, porque las normas de derecho público que establecen límites a la contratación, no pueden desplazar a la norma laboral -artículo 44 ET-, transposición de la Directiva Europea, la cual prima sobre el derecho interno, a la vez que la Disposición Adicional 26 de la Ley de PGE, no lo puede impedir.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

La subrogación en los procesos de remunicipalización

Lun, 01/08/2018 - 14:34

Comunicado del SP Confederal

 

 

Las Administraciones Públicas apostaron y apuestan por lo que eufemísticamente denominan “la gestión indirecta para la prestación de los servicios básicos”, es decir, por la privatización y mercantilización de los mismos. El argumento “técnico” y político en el que se han basado todas las privatizaciones es la “eficiencia”.

Desde el punto de vista sindical y social, el argumento es nítido: los Servicios Públicos son patrimonio de todos y todas, y no pueden regirse por la lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, a la vez, por el principio de eficiencia desde el lado de la gestión, la cual debería ser Autogestión por parte de las personas (usuarias y trabajadoras), con capacidad para incidir en las decisiones acerca de las necesidades que tenemos, al igual que sobre el mejor modelo de servicio público, con criterios éticos, medioambientales y ecológicos.

La batalla jurídica parece que está obteniendo algunos resultados sobre la reversión de estos Servicios Públicos, a la vez que resuelve el tema de la “subrogación” de los trabajadores y trabajadoras, así como las herramientas jurídicas a crear por parte de las Administraciones para recuperar el Servicio Público privatizado, sin entrar en contradicción con la Ley de Contratos Públicos, la disposición vigésima de la Ley de PGE 2017, la Ley Montoro de Régimen Local y la Ley 2/2012.

Dos Sentencias: La primera del TSJ de Castilla-León con sede en Valladolid, en el procedimiento de Recurso de Apelación 360/2017, interpuesto por la empresa privada Aguas de Valladolid S.A. (concesionaria del ciclo integral del agua en la ciudad de Valladolid), contra el Ayuntamiento de Valladolid que decidió gestionar de manera directa, el ciclo integral del agua, por medio de la creación de una EPEL (Entidad Pública Empresarial Local) y subrogar a todos los trabajadores y trabajadoras de Aguas de Valladolid S.A. La segunda, es un Auto nº 431/17 del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante recurso interpuesto por Ribera Salud II, Unión Temporal de Empresas y Ley 18/92, en pieza de Medidas Cautelares, contra la Generalitat Valencia que decidió revertir la gestión indirecta de la Asistencia Sanitaria (Hospitales) y pasar a gestionarlo directamente por parte de la Administración Pública.

Los argumentos empleados por parte de las Empresas Privadas (concesionarias del bien básico privatizado) se basan en que “la creación de las EPEL para gestionar directamente el bien público, no es conforme a derecho y atenta contra el interés general por:

  • Vulneración directa de las normas que establecen restricciones de contratación de empleados públicos y de las normas que exigen procedimientos de selección de empleados públicos sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
  • Los acuerdos de reversión y gestión directa, vulneran los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en la Ley Orgánica 2/2012.
  • Se atenta contra la libertad de concurrencia y la libre competencia.

Tanto una Sentencia, la de aguas de Valladolid, como el Auto de Valencia sobre la Sanidad, dejan claro algo que desde el Gabinete Jurídico Confederal de CGT, como otros juristas, se venía manteniendo en base a las reglas de juego existentes (Leyes: PGE, Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera, Ley Reguladora del Régimen Local, Ley de Contratos del Sector Público, así como las  Directivas Europeas), que no es sino, que si se tiene voluntad política, se puede revertir las privatizaciones de los Servicios Públicos.

Los argumentos son:

  • La potestad de autoorganización de los Servicios Públicos  forma parte del núcleo esencial de la autonomía local consagrada en el artículo 140 CE. Es al Ayuntamiento al que le corresponde elegir la forma más eficiente y sostenible de la gestión de entre las modalidades enumeradas en el art. 85.2 de la Ley 7/1985, Regulador de las bases del Régimen Local.
  • La subrogación es un efecto de la extinción de los contratos concesionales que determinan la aplicación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores.
  • Lo fundamental es que la ley declare la actividad como servicio público o competencia municipa, porque esta declaración puede comportar, debido al interés público prevalente, el quedar exonerado de las normas de defensa de la competencia por aplicación de la excepción del artículo 4 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, que permite introducir restricciones a la libre competencia por parte de las Administraciones cuando están amparadas por la ley.

Conclusión: Que a pesar de todas las “leyes de los poderosos” existentes, existe aún la “certeza jurídica” de que la ley prevé que existen servicios básicos (reserva legal) que pueden ser gestionados de manera directa por parte de las AAPP, y que en los procesos de reversión asistimos a una sucesión de empresas y, en consecuencia, la obligación de subrogar al personal, porque las normas de derecho público que establecen límites a la contratación, no pueden desplazar a la norma laboral -artículo 44 ET-, transposición de la Directiva Europea, la cual prima sobre el derecho interno, a la vez que la Disposición Adicional 26 de la Ley de PGE, no lo puede impedir.    Secretariado Permanente

Madrid, 8 de Enero de 2018      

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

No hay tantos motivos para celebrar

Lun, 01/08/2018 - 12:58

El pasado jueves, bajo el título ¡Sin ti no hay fiesta! se convocó en Ciudad BBVA una fiesta que incluía, desde las 10 de la mañana y entre otros eventos, Rastrillo Solidario, Operación Kilo, patinaje sobre “hielo”, actuaciones de grupos musicales en directo, bocatas de calamares, pulgas de jamón y cava así como los mensajes del Presidente y del Consejero Delegado.

Todo ello mientras se despedía a dos trabajadores de la misma Ciudad BBVA y, como ya sabéis, se consumaba la salida -contra su voluntad- de 152 compañeros del área de Tecnología en condiciones que hemos estado negociando durante cerca de dos meses y que han concluido en dos Acuerdos firmados el pasado 21 de Diciembre por el resto de la Representación Sindical presente en la Mesa de Negociación (un Acuerdo con IBM GSE por la adecuación de condiciones al pasar los transferidos de nuestro Convenio de Banca al de Consultoría y otro Acuerdo con BBVA por el mantenimiento de las condiciones de las financiaciones que la plantilla transferida tiene y que IBM GSE, al no tener financiera para sus empleados, no podía replicar) y que, por parte de CGT, estamos sometiendo (desde el viernes 22) nuestra firma a los mismos a consulta entre ese colectivo afectado y nuestra afiliación de Tecnología –tal y como aprobamos en nuestro reciente Pleno Estatal y así nos comprometimos con los directamente afectados-.

Independientemente del resultado final de esta consulta y nuestra firma –o no- del acuerdo, hemos creído necesario demostrar nuestro rechazo a esta operación y nos parecía una buena ocasión ésta en la que el Presidente nos lanzaba un mensaje contradictorio –bajo nuestro punto de vista- con la realidad que vive nuestra plantilla.

Por ello, asistimos varios delegados de CGT BBVA a la fiesta prevista para, mientras el Presidente lanzaba su mensaje, mostrar ese rechazo con la pancarta que aparece en la foto que insertamos y que, por cierto, unos “espontáneos” intentaron evitar desplegarla.

Hemos participado con el máximo interés en el proceso negociador como nos corresponde como segunda fuerza sindical en representación en el ámbito afectado (16 delegados de un total de 54) en aras a conseguir las mejores condiciones para los afectados -informando siempre por escrito a los mismos tras cada sesión negociadora-. Reconocemos, con las normales diferencias, el trabajo realizado por la primera fuerza sindical, al mismo tiempo que lamentamos la actuación de aquellos que nos acusan de mantener “posturas de confrontación belicosas e inoportunas”, pero no hacen ni una sola aportación al proceso negociador y que, por tanto, ni negocian ni presionan para conseguir un mejor acuerdo aunque, eso sí, son los primeros en informar del acuerdo alcanzado… gracias al trabajo de otros.

Queremos recordar aquí a la totalidad de la plantilla la conveniencia de demostrar una mayor solidaridad mutua con cualquier colectivo que se vea agredido por procesos como éste que, desgraciadamente, nos podrían afectar a cualquiera de nosotros y que es la única forma de evitar su extensión a otros colectivos por parte de la empresa.

Os informaremos del resultado de la consulta y de nuestra posición final ante la firma del Acuerdo y sus aspectos más significativos.

http://fesibac.org/2018/01/04/no-tantos-motivos-celebrar/

FESIBAC-CGT

85 aniversario de la matanza en Casas Viejas

Lun, 01/08/2018 - 12:50

Desde el 8 al 13 de enero se realizarán distintas actividades de conocimiento de los hechos de Casas Viejas del 33 y de reconocimiento a quienes sufrieron la represión y a quienes difundieron los hechos

Fecha y hora del evento:  08/01/2018 (Todo el día) - 13/01/2018 (Todo el día)

Para este evento, el ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, con la colaboración de otras instituciones (como Iniciativas benalup-Casas Viejas, organiza una serie de actividades.

"Se está consiguiendo que un tema tabú como este se sitúe con normalidad en el acervo cultural e histórico del pueblo. Son unas setenta personas que con mucho esfuerzo y privaciones van a representar los hechos en los lugares en los que ocurrieron." Salustiano Gutiérrez Baena.

https://www.mirajerez.com/03/01/2018/benalup-conmemorara-el-85-aniversar...

Memoria Libertaria de la CGT

Martes 9 de enero a las 21:00 RNtv Minas

Dom, 01/07/2018 - 12:52

#RNtvMinas

Impacto, situación laboral, métodos de las compañías.
Martes 9 de enero, a las 21:00 horas en Canal 33 de Madrid, La Mosca Tv de Barcelona y en nuestra web http://rojoynegrotv.org/

ЯNtv

Senderos, paneles y una web para conmemorar la batalla de Teruel

Mié, 01/03/2018 - 12:29

Estamos en plena conmemoración del 80 aniversario de la batalla de Teruel. Por este motivo el ayuntamiento de la ciudad del Turia ha acondicionado 20 vestigios de la batalla interconectados por una red de senderos.

 

Estos puntos de interés e itinerarios se pueden consultar en la nueva web de la batalla de Teruel: www.batallate.es que también incorpora una interesante sección titulada "Documentación histórica" donde se puede consultar una colección de más de 200 fotografías, cartelería, planos, hemeroteca, etc.

Os invitamos a que naveguéis por este interesante portal de internet, referencia en la memoria histórica de nuesta tierra. Adjuntaremos un enlace en el menu interactivo lateral de nuestra web.

https://cgtenteruel.blogspot.com.es/2018/01/senderos-paneles-y-una-web-p...

CGT-Educación Teruel

Sobre el plan de Cercanías

Mié, 01/03/2018 - 12:23

Artículo de opinión del Coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT publicado hoy en Levante-EMV.

Hace solo unos días, el Ministerio de Fomento anunciaba la continuidad de las OSP, Obligaciones de Servicio Público, o lo que es lo mismo, el mantenimiento de los trenes que explota renfe, y que, bajo criterios economicistas, no son rentables. Una buena noticia, sin duda, pues ciertas líneas y trenes de la Comunitat tenían muchas posibilidades de sufrir reducciones de servicio, incluso cierres parciales de la infraestructura. Aunque haber mantenido este servicio, pero no apostar por él, por su rehabilitación y adecuación, no hace más que prolongar su agonía y aplazar su clausura por motivos de seguridad. Además, ampliar las OSP a servicios de alta velocidad que sustituyen las medias distancias, pero que evidentemente no dan servicio a las localidades intermedias, también es suprimir servicio de manera velada, y si, además, se subvencionan estos servicios, siendo mucho más baratos para las usuarias (que no para la sociedad) que el establecido anteriormente, en precario y sin bonificaciones económicas, entonces, podríamos hablar, incluso, de competencia desleal, para llegar a la excusa perfecta de supresión del servicio convencional actual.

También, con solo un par de días de diferencia, el propio ministro anunciaba en València un pretencioso Plan de Cercanías que dejaba una lluvia de millones en València y alrededores anticipándose al Gordo de Navidad, una apuesta por el tren de cercanías, indudablemente, pero con tantos claroscuros e inconcreciones que nos hacen dudar. En primer lugar, vemos obras de envergadura, «inversiones», tal como les gusta denominarlas a Gobiernos y entes empresariales, pero pasan por alto las pequeñas intervenciones en las líneas que podrían mejorar la calidad, regularidad y seguridad del transporte ferroviario por muy poco dinero, y que están olvidados en el cajón de sastre de algunos despachos, precisamente porque no necesitan inversión económica sustanciosa, como prolongar la línea C3 a Camporrobles, o acondicionar las limitaciones de velocidad por deterioro de las diferentes líneas, e incluso, rematar el andén de Silla, en obras y paralizado desde hace tres años.

También detectamos varios brindis al sol en nuevas propuestas, donde no se especifican los plazos y las partidas presupuestarias para realizarlos, pero que habrá que esperar para juzgar. Lo que sí nos atrevemos a determinar es que la falta de personal en las Cercanías de Valencia, sobre todo maquinistas, condiciona la calidad del servicio. Con un déficit actual de más de 50 trabajadores, y casi 2000 trenes de cercanías suprimidos en 2017, vemos una falta de respeto anunciar el aumento inmediato de circulaciones entre Castelló de la Plana y Vinaròs, que sin tener en cuenta el déficit actual de personal, necesita 24 agentes más, entre intervención y conducción, y teniendo en cuenta que los procesos de selección, formación y movilidad interna de este personal, no pueden ser inferiores a un año.

Por último, y ya que las bonanzas del plan se han publicado en la prensa de manera entusiasta, quedaría mencionar otra laguna, como será la nueva reducción de servicio de cercanías entre València y Castelló de la Plana, debido al comienzo de las obras del nuevo e innecesario tercer carril. Otro que desmontará e inutilizará nuevamente una vía con apenas un año de vida, con el despilfarro económico que ello supone, y las nuevas afectaciones a las personas usuarias en cuanto a supresión de servicio y retrasos de los trenes en este trayecto. De un plumazo han encontrado al personal que necesitaban para llegar a Vinaròs, y reducir las supresiones de trenes, desde ahora, todas serán a Castelló, y los empresarios y políticos, tendrán sus inversiones, aunque no sirvan, en muchos casos, para nada realmente útil.

Juan Ramón Ferrandis

Coordinador de la Plataforma de Defensa del Ferrocarril de CGT

Juan Ramón Ferrandis