CGT por la absolución de Diego Lores

Coia es un barrio de gente humilde de Vigo, con unos servicios sociales totalmente insuficientes y colapsados. El Ayuntamiento de Vigo, gobernado por Abel Caballero (PSOE), decidió en noviembre de 2014 colocar el barco Bernado Alfageme en la rotonda de la Avda. de Castelao. Las vecinas de la zona, que no tienen para lo más básico, que no les alcanza para pagar los recibos de la luz, que no reciben ayudas económicas de ningún tipo, consideraron que esta decisión era una burla a su situación y, por tanto, inaceptable.

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

El barrio, su gente, ya ha padecido todas las penurias, la droga en los 80, la reconversión industrial y todas las desgracias que ha generado la actual crisis-estafa en la que nos tienen atrapadas a la mayoría. Pero la gente de este barrio siempre ha buscado alternativas colectivas para la supervivencia, frente al olvido de las instituciones y las oligarquías financieras.

El traslado del barco desde el puerto a la rotonda costó 600.000 euros. El barrio decide parar las obras de ese traslado porque consideraba que era obsceno gastarse miles deneuros en un proyecto esperpéntico cuando la gente de esa zona no tiene ni para sus necesidades más básicas. Ante esto,

el alcalde de Vigo utiliza la fuerza contra sus vecinos mandando a los antidisturbios. Incluso los medios de comunicación afines al gobierno de Caballero se posicionan abiertamente contra la lucha vecinal. Al final se logra reprimir a las participantes de esta lucha.

El 18 de febrero de 2014 el alcalde de Vigo se sale con la suya y traslada el barco desde el puerto a la rotonda de Coia entre fuertes medidas de seguridad.

Xurxo Romero y Diego Lores, miembros de la Asamblea Aberta de Coia, son acusados por la policía de atentar contra la autoridad. Diego Lores está esperando todavía el juicio (se celebrará el martes 17 de enero). Ha sido acusado de agredir a un agente de la policía municipal pero hasta el propio Ministerio Fiscal duda de la veracidad de la declaración del agente y decide no presentar acusación. Diego se enfrenta a la petición de 3 años de cárcel y 30.300 euros de multa por parte de la acusación particular.

El barco es ahora un símbolo de la lucha vecinal contra los despilfarros y abusos de la clase política. Diego es otra víctima más del autoritarismo, la represión, la mentira y los montajes policiales que el gobierno y sus instrumentos afines (numerosos medios de comunicación), están empleando contra su población, sobre todo contra las personas más vulnerables.

Desde la CGT, que apoya esta lucha y está convencida de la inocencia de Diego, exigimos su absolución y llamamos a participar en cuantas medidas de presión se convoquen para conseguirlo.

16·01·2017 · redaccion