El 15M, la PAH, las huelgas, las mareas y la ciudadanía en general han dirigido sus protestas contra las carencias que todas las personas padecemos y contra el sistema que las causa. Ante estas protestas «radicales» el poder ha respondido con  la represión social y política: Represión de las personas desposeídas y excluidas, y represión de aquellas que protestan.

El 15M, la PAH, las huelgas, las mareas y la ciudadanía en general han dirigido sus protestas contra las carencias que todas las personas padecemos y contra el sistema que las causa. Ante estas protestas «radicales» el poder ha respondido con  la represión social y política: Represión de las personas desposeídas y excluidas, y represión de aquellas que protestan.

Desde finales de los años 80, la legislación (Ley Corcuera, Leyes de extranjería, Reformas laborales, etc…) ha ido restringiendo los derechos fundamentales hasta llegar a las últimas reformas ( Ley mordaza, reforma del código penal, ley de seguridad privada) que dibujan un panorama en el que las libertades y el derecho a la protesta han quedado gravemente lesionados.  Sabemos  que con la aplicación de sus leyes, los de arriba protegen el robo de los bienes comunes y el genocidio de los pueblos. Nos matan… y  cuando el pueblo responde lo reprimen; quieren que muramos en silencio.

La mayoría de las represaliadas durante estos años, y sobre todo desde el año 2007, son (somos) personas que deseamos una vida digna. Somos obreras, estudiantes, amas de casa, pensionistas, trabajadoras, que tan sólo pedimos lo que es nuestro: los medios para poder vivir una vida digna como corresponde al ser humano que somos. Medios existen en abundancia, pero nos son negados a la mayoría por leyes que legitima el expolio por parte de unos pocos.

Una solución excepcional para una situación crítica

No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física por lo que estamos sufriendo, No pedimos ni clemencia ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social.

Por ello, lanzamos este llamamiento para exigir una AMNISTIA SOCIAL:

– Para que cesen las represalias contra las personas, por el solo hecho de pedir el fin de los desahucios, buscar comida en las basuras, y un largo etcétera de despropósitos que avergüenza a cualquier persona con un mínimo de dignidad.

– Para que SE DEROGUEN DE FORMA  INMEDIATA  todas las LEYES REPRESORAS  y sobre todo de las últimas legisladas (Ley 1/2015 Reforma del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, Ley orgánica 2/2015 Reforma del Código penal en materia de terrorismo,…)

En concreto, la AMNISTÍA SOCIAL supone:

La supresión de todas las causas abiertas en los juzgados, derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales.

  • La anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores, derivados de la intervención gubernativa, en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.
  • La libertad para todas las personas que desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político.
  • La eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía (en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales). Libertad inmediata para todas las personas presas por estas causas.
  • La desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados, que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo, como consecuencia de la crisis económica.
  • La reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado.
  • La restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los Derechos Humanos, en especial en el caso de la infancia y de las personas migrantes. Derogación de la Ley del menory de la Ley de Extranjería. Cierre de los Cies, así como el respeto del Derecho a decidir.
  • La derogación de las ordenanzas que restringen el uso del espacio público como lugar de encuentro y reivindicación. También aquellas que afectan a personas «sin techo» y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejercen la prostitución. No podemos permitir la criminalización de personas que usan la calle para buscarse la vida.
  • La derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada; leyes que permiten el intercambio de nuestros datos, obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas.
  • La erradicación de las prácticas policiales abusivas: Listas negras, montajes policiales, torturas, etc…
  • Acabar con el uso generalizado del término “terrorismo” por parte del aparato legislativo, político, policial y judicial. Sacar fuera del tipo penal de terrorismo a los “delitos” ideológicos que tienen más que ver con la manera de pensar que con peligros reales para la población.
  • Supresión de régimen de incomunicación, más conocido como Fies.