La incompetencia en la gestión y extinción del Servicio Publico en la AGE

El desmantelamiento del servicio público en la AGE, con la extinción de las plantillas y de las competencias de la misma es un hecho.

Una de las medidas estrella de este Gobierno ha sido el Ingreso Mínimo Vital. Este ingreso está dirigido a personas de especial vulnerabilidad, sin embargo observamos que es la primera prestación que se tiene que pedir preferentemente por vías telemáticas. A pesar de ser un colectivo con una brecha digital importante y con nulos o escasos recursos económicos.

Su implementación corre a cargo de forma “oficial” a un Organismo de la AGE, el INSS, en el cual centramos esta información pero su casuística en la gestión y recursos, es extrapolable en un 90% al resto de Organismos de la AGE.

 El colapso del INSS se viene arrastrando desde hace décadas y CGT lo ha denunciado reiteradamente. La principal es la falta de plantilla pero no es la única.

Una estructura arcaica, basada en Direcciones Provinciales, de tal manera que existe una discriminación entre la propia ciudadanía en función de donde resida. Los plazos de resolución de una prestación oscilan de  30 días para la mayoría de las provincias, 45 días para Barcelona y Albacete y dos meses para Zaragoza; o Madrid, 30 días para algunos centros y 45 para otros centros.

La estrategia de acabar con la atención Presencial y sus Recursos Humanos y optar por la administración electrónica, bajo el eufemismo de colaboración público–privada, pretende externalizar la gestión dando un mercado y un negocio a las Gestorías.

Así pues, una Administración colapsada sigue apostando por las citas previas para el sistema Cl@ve permanente, dando prioridad la administración electrónica en detrimento de otras prestaciones sociales más urgentes y necesarias.

El 24 de agosto hemos  realizado un muestreo en las citas previas de algunas provincias comparando la cita previa con el IMV frente al sistema Cl@ve permanente.

En la provincia de Cáceres no hay ninguna cita para el IMV pero para Cl@ve hay citas para el 26 de Agosto en Valencia de Alcántara y Trujillo; Cáceres tiene para el 7 de septiembre, Hervás para el 1 de septiembre; Plasencia para el 28 de agosto. En A Coruña para el IMV no hay citas hasta el 14 de septiembre y para Cl@ve hay citas para el 1 de septiembre. En Barcelona no hay cita para el IMV, pero hay citas para la administración electrónica el 7 de septiembre en las oficinas de Berga, Cornella de Llobregat, Mollet del Vallés, Santa Coloma de Gramanet, Villafranca del Penedés, Poble Nou, Calella, Gavá y Granollers.

Cierre constante de oficinas de atención presencial.  Solo en Madrid en 2020 se ha cerrado dos oficinas, Moratalaz y Manuel Becerra. Además muchas oficinas no cumplen con las normas de prevención y es imposible cumplir con los Protocolos COVID-19.

Esto repercute aún más en que entre las oficinas que faltan y las que no cumplen con la normativa, se elimine la atención a la ciudadanía o quede de forma testimonial y residual.

Una política de recortes en personal y salarios. El INSS ha dejado de gastar en personal durante los últimos 10 años un total de 213.620.000€, con los que se podía haber incorporado más de 8500 funcionarios del grupo C2.

  *en millones de €

La falta de un plan formativo adecuado. Las personas que se incorporan al INSS no disponen de un plan de formación que los reciba, teniendo que aprender de las personas que están a su alrededor. Añadiendo y agravando la perdida de conocimientos ante las jubilaciones de personal con experiencia sin sustitución alguna.

Una planificación defectuosa. Este verano, con la carga de trabajo del IMV inasumible con la plantilla actual del INSS, se aborda el periodo de vacaciones sin contratar personal de refuerzo, por lo que el INSS está ahora mismo por debajo de la mitad de la plantilla trabajando. Así pues ni el 5% de las solicitudes del IMV se están tramitando.

 En la prestación del IMV -y a pesar de los esfuerzos realizados por la exigua plantilla del INSS para sacarla adelante- es evidente que esta se debería haber diseñado y planificado con el refuerzo de personal necesario para ponerla en marcha; con los sistemas informáticos adecuados; con una formación específica, etc… La única medida ha sido horas extras y acuciar a las plantillas. Ante esta realidad, bien se puede indicar que supone un engaño vender a bombo y platillo una prestación de máxima urgencia sin medios materiales y humanos.

Este virus lo único que ha hecho ha sido testar la situación de nuestros servicios estatales y se han creado las condiciones para que se dé la tormenta perfecta. El problema es que los errores producidos por los políticos y por los gestores de la Administración lo van a pagar las personas más desfavorecidas y resto de la ciudadanía ante el fin del Servicio Publico en el Estado.