No cabe duda de que el gobierno del PP trata por todos los medios de reprimir a quienes protestan públicamente por la situación de emergencia social en la que nos hallamos, con la intención de criminalizar las protestas sociales y laborales y, de paso, desangrar económicamente a los organizadores y a quienes participan en las protestas.
No cabe duda de que el gobierno del PP trata por todos los medios de reprimir a quienes protestan públicamente por la situación de emergencia social en la que nos hallamos, con la intención de criminalizar las protestas sociales y laborales y, de paso, desangrar económicamente a los organizadores y a quienes participan en las protestas.
Basta con ver lo ocurrido durante las dos últimas huelgas generales, saldadas con centenares de piquetes multados y algunos encarcelados; o con ocasión de las movilizaciones de la primavera valenciana; o con las primeras multas (de 300 euros) recaídas en gente del 15M de Alicante por las protestas contra los desahucios del pasado verano.
Con la avalancha de multas el gobierno pretende ahogar las voces del activismo social, sindical y político de Alicante. No lo conseguirá, sus multas no nos detendrán. Y menos usando métodos tan burdos que hacen pensar en que la policía ha tirado de fichero, de “listas negras”, en su afán de acallar las protestas, puesto que han sido sancionadas personas que no habían asistido a las mismas, ni tampoco habían sido detenidas o identificadas ¿Cómo es posible?
Basta de represión a los movimientos sociales
Retirada de las multas
Contra la criminalización de la protesta social
SECRETARIADO PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE ALICANTE DE LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT – ALICANTE)