Este 28 de enero, CGT presentó la impugnación a la convocatoria del AVLO, por considerarla manifiestamente ilegal y porque vulnera los derechos de los viajeros a la seguridad en ruta, supone una destrucción manifiesta de puestos de trabajo y los derechos que tienen los trabajadores del Grupo RENFE, claramente identificados en la normativa. El 29 de enero también presentamos una Comisión de conflictos (paso previo a la huelga), que incide en este salvaje menosprecio por los derechos laborales y la seguridad ferroviaria.
Se ha cometido el atropello, con la complicidad de UGT, CCOO y SEMAF, de eliminar los puestos de trabajo del personal de servicios a bordo, garantizando la presencia de los interventores tan solo durante 36 meses. Esta circunstancia es gravísima porque atenta directamente contra la seguridad y el empleo. Por una parte, pretenden lograr la sostenibilidad de este producto low cost recortando empleo mediante la eliminación del personal de a bordo (cuando el despilfarro en otros apartados es escandaloso) y no garantizando la presencia de interventores más allá de 36 meses. En CGT nos parece preocupante tanto la eliminación de puestos de trabajo como la evidente falta se seguridad a bordo. Recordemos que una composición de AVLO de primera generación tendrá cerca de 400 viajeros, que estarán a cargo de un único interventor en caso de que se produzca una situación de emergencia, sin que pueda contar con la ayuda del personal de a bordo. Cuando pase algo grave será tiempo de lamentaciones.
Asimismo, esta convocatoria es alarmantemente low cost, porque reduce al mínimo los derechos del colectivo de intervención negando el derecho a la movilidad geográfica e impidiendo la promoción interna.
Si RENFE se ha saltado completamente la legalidad en una convocatoria, por qué no va a hacerlo de nuevo en un futuro próximo con rebajas de las condiciones de trabajo, eliminación de derechos, incremento unilateral de funciones e, incluso, la eliminación total del personal a bordo de trenes low cost.
En CGT estaremos muy vigilantes con la toma de decisiones de la empresa, para adoptar las acciones que sean necesarias para combatir este ataque frontal a los derechos de los empleados (del colectivo de comercial taquillas, intervención, servicios a bordo o en tierra) y también los derechos de los usuarios en cuanto a las condiciones de seguridad.
Fuente: SFF-CGT
