El gobierno del Estado español, a través de su Ministerio de Economía y Competitividad y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha lanzado a los distintos sujetos sociales (sindicatos, organizaciones agrarias, organizaciones ecologistas, organizaciones de consumidores, organizaciones empresariales, etc.), un documento titulado “Estrategia española de bioeconomía: horizonte 2030” (anexo 1), para intentar la “confluencia y cooperación” entre todos los agentes sociales, en sus políticas desarrollistas y productivistas, y, en definitiva “vender a la sociedad” un nuevo tipo de modelo económico, que resuelva los problemas existentes de escasez de recursos, a la vez, que se intenta hacer creer que por parte de la política se tiene una “intención buena” de dar soluciones a los graves problemas de “alimentación y el qué hacer con los residuos”.