La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció ayer miércoles 16 de octubre a la Junta de Andalucía para forzar la retirada de amianto en el IES Jacaranda de Churriana. Indican que la Delegación de Educación de Málaga es responsable de no retirar el amianto presente todavía en muchos centros educativos de la provincia pese a tener conocimiento de su existencia desde hace años, poniendo así en grave riesgo a la comunidad educativa, como sucede en el IES Jacaranda, el último denunciado por la formación. CGT afirma que el instituto dispone de un antiguo gimnasio en el que se encuentra una plancha de amianto deteriorada tras el paso de más de treinta años: “El IES Jacaranda no dispone de otro gimnasio, así que tanto alumnado como profesorado de Educación Física se ven obligados a realizar actividades físico-deportivas bajo una vieja plancha de fibrocemento en un espacio cerrado. La Administración tiene conocimiento de su existencia y no hace nada por retirarla, poniendo en riesgo la salud del profesorado y del alumnado. Por eso hemos decidido denunciar, porque es responsabilidad de la Administración acabar con esta situación”. A pesar de llevar prohibido en España desde 2001 y de que la Organización Mundial de la Salud recomienda su retirada por causar cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario y asbestosis, son muchos los centros educativos de la provincia con grandes cubiertas de las que aún no se ha retirado el amianto, como es el caso del IES Jacaranda o el del IES Cánovas del Castillo. “El consejero de Educación, Javier Imbroda, reconoce que existe un problema de infraestructura en los centros educativos públicos, pero el viernes veíamos en el borrador presupuestario que este año se ha recortado la partida presupuestaria destinada a la retirada de amianto en más del 75%; había destinados 5 millones de euros, que se han reducido a 1,2 millones. Mientras tanto, a los centros privados-concertados destinaron 51 millones de euros en los pasados presupuestos y este año les regalan 20 millones más. Está claro que la salud de los usuarios de las enseñanzas públicas no es una prioridad”, declaran desde CGT.
