Desde la FETAP y la FE de la CGT realizan un llamamiento a la movilización estatal del próximo 15 de octubre en Madrid por la subida de las pensiones y de los salarios acorde al IPC real.
La Confederación General del Trabajo (CGT, a través de la Federación de Enseñanza (FE) y la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP), desaprueba el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y los “agentes sociales” en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, sobre la revisión de las retribuciones públicas.
CGT ha denunciado que este acuerdo, llevado en secreto, posee un texto que no se ha dado a conocer aún de manera pública y es claramente insuficiente en cuanto al incremento salarial que se establece para el período 2023-2024. En este sentido, CGT afea al Gobierno “más progresista de la historia”, que dicha negociación con los sindicatos mayoritarios (CC.OO., UGT y CSIF) se haya llevado a cabo al margen de los canales institucionales, legalmente establecidos para la negociación colectiva en el sector.
CGT expone que en apenas tres años la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras de este sector puede situarse en el 10 %, añadiendo más precariedad a quienes llevan más de una década sufriendo recortes y retrocesos en sus condiciones laborales.
CGT señala en su comunicado que esta pérdida se va a “suavizar” con algunas promesas poco precisas, como la recuperación de las 35 horas semanales, la jubilación parcial anticipada, el incremento de las tasas de reposición, implementación de medidas de igualdad o el teletrabajo. Sin embargo, la organización anarcosindicalista tiene claro que estas cuestiones se plantean desde posiciones poco claras donde los sindicatos de la “paz social” puedan hacer su trabajo, que no es otro que continuar conteniendo y desmovilizando a la clase trabajadora en un momento crucial en cuanto al retroceso de sus condiciones laborales y salariales.
Desde CGT manifiestan claramente cuáles son sus reivindicaciones en este sentido, que pasan por subidas salariales directas, implantación de la jornada laboral de 35 horas en el conjunto de las Administraciones Públicas, el fin de las tasas de reposición y el incremento de las plantillas, la apertura de la negociación del teletrabajo en la Administración Pública, la aprobación de planes de igualdad, la defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones y el fin de la precariedad laboral mediante la estabilización del personal interino y temporal.
https://copy.cgt.org.es/trabajadoras-perdiendo-poder-adquisitivo/
