La organización anarcosindicalista asegura que la situación de estas extrabajadoras tras el cierre de DELPHI en 2007 es límite, y asegura que se han dado casos de suicidio entre las afectadas y sus familias. CGT considera que las circunstancias que están rodeando la vida de estas personas son el resultado de los incumplimientos de los acuerdos pactados y prometidos por los gobiernos de Andalucía y del Estado español.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha dirigido este lunes a la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, para exponerle nuevamente la situación de las personas extrabajadoras de DELPHI y exigirle una solución definitiva a un conflicto que dura ya más de 15 años y donde los entes políticos –y sus gobernantes- no han cumplido con sus promesas para con las plantillas de esta multinacional estadounidense.
DELPHI cerró definitivamente en 2007, dejando sin empleo a casi 2.000 familias y llevando implantada en la Bahía de Cádiz desde 1981. Durante los años en los que estuvo activa, esta empresa recibió más de 60 millones de euros en subvenciones públicas, por eso cuando anunció su cierra en base a “pérdidas económicas continuadas durante los últimos cinco años”, y ante la cercanía de elecciones autonómicas en la región andaluza, el Gobierno andaluz en manos del PSOE se comprometió a buscar una salida para aquellas familias que de la noche a la mañana se quedaban en la calle, en una zona además muy castigada por el desempleo y la pobreza de la clase trabajadora.
CGT ha querido volver a trasladar a la ministra Díaz esta situación, que a medida que pasan los meses se vuelve más difícil para quienes fueron despedidos hace 15 años. En este sentido, la CGT ha expuso además otros problemas que impiden a estas personas levantar cabeza, como el hecho de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) les haya demandado por sospechar que los contratos formativos que les realizaron algunas empresas –contratadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, son “ilegales”. El SEPE les reclama los salarios y los subsidios por desempleo que en el menor de los casos superan los 25.000 euros.
CGT ha explicado también que durante el mes de octubre algunos de estos extrabajadores han estado recibiendo la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) en la que se desestima su recurso contra la pretensión del SEPE, y no admite recurso. Ante esta situación, la organización anarcosindicalista ha planteado tres opciones: no reclamar ningún ingreso a nadie, reclamar los importes solo a las empresas que contrataron a estas personas o reclamar importes tanto a trabajadores como las empresas.
Por otro lado, a toda esta situación hay que añadir que durante el 2016, la Tesorería de la Seguridad Social de Cádiz, unilateralmente y sin avisar, eliminó de la vida laboral de todas estas personas la cotización de los más de tres años que estuvieron contratados y formados por estas empresas. En concreto destacan la actitud de la empresa FUECA (Fundación Universidad Empresas de la Provincia de Cádiz), que ha demandado a algunas personas trabajadoras de DELPHI y pretende que sean estas quienes soporten el pago de la deuda, la cual es de 2.637.000 euros.
La CGT, ante esta situación tan extrema que ya está llegando a afectar a la salud e incluso a la vida de algunas familias afectadas, ha pedido mantener una reunión con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y arrancar de este encuentro un compromiso firme encaminado a encontrar una situación para estos seres humanos, totalmente indefensos de la mala gestión política y de la mala praxis empresarial de una multinacional que no dudó en dejar abandonados a quienes durante años prestaron su servicio en ella.
