Más de 688 personas han perdido la vida mientras trabajaban a lo largo de 2022, unas cifras terribles a las que la sociedad no debería acostumbrarse.
La Confederación General del Trabajo (CGT), en uno de sus últimos comunicados, considera inadmisible el número de muertes de personas trabajadoras a lo largo del 2022, y ha exigido medidas contundentes al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos contra este tipo de violencia contra la clase trabajadora.
Las cifras adelantadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las cuales contabilizan la siniestralidad laboral desde enero a octubre de 2022, indican que 688 personas perdieron la vida mientras intentaban ganársela. Son 100 personas más que durante el mismo período del año anterior, un aumento del 17 %.
Para la organización anarcosindicalista, estas muertes indican el fracaso de la actual política laboral del Gobierno. Las Reformas Laborales de PP y PSOE, así como la última “actualización” de las mismas, lejos de acabar con esta lacra, la mantiene y la fomenta, reforzándose el poder del empresariado frente a la gente más precaria y desprotegida. Esto se corrobora con los propios datos del Ministerio, que indican un incremento de la siniestralidad en sectores como el de la hostelería o el sanitario entre otros.
En este sentido, la CGT vuelve a señalar el hecho de que nadie debería perder la vida mientras intenta sobrevivir. Las personas trabajadoras siguen muriendo en sus puestos de trabajo que, por lo general, suelen desarrollarse en entornos precarios y a cambio de un salario muy insuficiente para la situación de crisis socioeconómica por la que atraviesa la gran mayoría social en estos momentos.
CGT ha recordado nuevamente que la actual legislación en materia de salud laboral no protege realmente a las personas trabajadoras, y en este sentido los y las anarcosindicalistas afirman que la desigualdad también se encuentra en el dolor y en la muerte que la gente trabajadora padece. Además, el Estado, sus Administraciones e Instituciones están siendo cómplices de esta masacre, al permitir que el empresariado cada vez tenga más facilidades para incumplir la frágil normativa que regula las condiciones de quienes no tienen otra opción que trabajar para vivir, convirtiendo los derechos más elementales en un chantaje para las más vulnerables de nuestra sociedad.
La organización rojinegra exige también al Gobierno del Estado español, y especialmente a la ministra de Trabajo, medidas reales y contundentes contra esta violencia hacia las trabajadoras y los trabajadores.
