Algunos puntos de la conocida como ‘Ley de Bases’ argentina se ratificaron ayer, 12 de junio, en el Senado. Tuvo un fuerte rechazo en las calles por parte de miles de manifestantes. Las fuerzas autoritarias del Estado reprimieron duramente las protestas de miles de personas contra el retroceso de derechos y libertades en un país azotado por la crisis económica y amenazado por el neoliberalismo más atroz.
Estos días se hacía “recuento” en algunos medios de comunicación del tiempo que Javier Milei, presidente de Argentina, lleva en el poder: tan solo seis meses. Para muchas de nosotras, pero sobre todo para los argentinos y las argentinas, parece muchísimo tiempo. Las desquiciadas medidas políticas de este “personaje” político, que se autodefine como “anarco-capitalista”, producen verdaderas pesadillas entre quienes ven cómo se blindan los beneficios de los más poderosos en detrimento de los escasos percibidos por las clases populares. Son estas las que soportan las consecuencias de una crisis que cada día que pasa –y solo han pasado seis meses-, les empobrece y limita más.
Además, como estamos también viendo en otras partes del mundo, los discursos de la extrema derecha, basados en el odio hacia el diferente, hacia el pobre, hacia el feminismo, hacia las luchas y los movimientos sociales, hacia la acción sindical de las trabajadoras y los trabajadores, etc., está teniendo consecuencias muy graves, como el asesinato de tres mujeres lesbianas el pasado mes de mayo en este mismo país.
En Argentina, cuyo sistema político es parecido al del Estado español, no se admitió la ‘Ley de Bases’ en el Congreso. Sin embargo, sí pasó la prueba en el Senado (después de un empate en número de votos y tras más de 17 horas de debate), y algunas de sus medidas legislativas planteadas en esta ley han salido adelante. Con estas en vigor, el presidente de la República podrá, entre otras facultades, llevar a cabo las reformas que considere en materia económica, financiera, energética y administrativa sin dar cuenta de las mismas en el Congreso. Pero algo muy grave también, y que va a ser un importante retroceso en los limitados derechos que como clase tienen la mayoría de los argentinos y argentinas, es la reforma laboral que ha logrado mantener algunos de sus artículos más dañinos como por ejemplo, que sea el propio trabajador o trabajadora el que con sus ahorros pueda garantizarse una pensión de jubilación. Por no hablar de los descuentos en sus salarios si deciden protestar o hacer huelga por sus derechos laborales, o alargar los períodos de prueba en las empresas, prolongando también la inestabilidad laboral de quienes comienzan a trabajar. Por supuesto, la mujer de clase obrera está aún más castigada que sus compañeros, porque como ya sabemos recae sobre ella (mayoritariamente) el peso de los cuidados.
La reforma fiscal, que también estaría dentro del paquete propuesto por Milei, premia a los ricos porque pretende que paguen menos impuestos y obtengan más beneficios, mientras quienes tienen menos recursos estarían obligados a pagar más. Es una manera de castigar al que es pobre por el simple hecho de serlo, limitando todavía más sus posibilidades de salir de la miseria.
En definitiva, una normativa estudiada y confeccionada para que la clase empresarial y rica de este Estado pueda continuar garantizando sus importantes beneficios a costa de la precariedad de la clase obrera, que ve cómo sus derechos se recortan y cada vez está más arruinada. Es, sin lugar a duda, una apuesta por la desigualdad social, por una reforma neoliberal del modelo económico y social de este país. Una vuelta de tuerca más de la que Milei se enorgullece mientras es respaldado internacionalmente por sus colegas populistas de extrema derecha.
MÁS REPRESIÓN ANTE LA MOVILIZACIÓN
Y como pasa siempre que el pueblo decide no aguantar más, el Estado –sea el que sea- responde con la represión y el castigo. Esto es lo que ocurrió ayer, a las puertas del parlamento argentino, mientras se debatían y se aprobaban algunas de las medidas presentadas por el ejecutivo de Milei. Así se entienden mejor las razones por las que, precisamente, el presidente pretende limitar las protestas y las movilizaciones organizadas.
Varios diputados resultaron heridos por las fuerzas y cuerpos de seguridad de Argentina en una movilización que se tornó “violenta” (según algunos medios de comunicación) en las inmediaciones del edificio parlamentario, en Buenos Aires. Pero la peor parte se la llevó, como siempre, el pueblo trabajador, retratado (en los medios burgueses) como violento y extremista. Decenas de personas resultaron heridas, y otras tantas fueron detenidas por la policía estatal, conformada por un importante grupo de agentes (más de 1.200), que no dudó en utilizar pelotas de goma y gases lacrimógenos, e incluso el uso de armas de fuego contra manifestantes desarmados.
Poco o nada se analiza hoy, en medios de impacto internacional, sobre las causas del descontento de gente que no puede más. Pero sí se reproduce una y otra vez el mensaje de apoyo del presidente a su policía, a la que agradece su actuación contra “terroristas” y “golpistas”.
Como no podía ser de otra manera, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT se sigue muy de cerca los acontecimientos que las decisiones políticas de este desgobierno ultraderechista están causando, y sobre todo se está pendiente de las movilizaciones de los colectivos y compañeras anarcosindicalistas, puesto que la protesta no va a cesar y el pueblo se conciencia para luchar contra recortes y retrocesos sociales.
Secretaría de Relaciones Internacionales de la CGT.
Imágenes: José Ignacio Roncoroni (EFE), Luis Robayo (AFP) y Tomás Cuesta (AFP).
