Los y las anarcosindicalistas pretenden que desde el Estado se obligue a las grandes corporaciones a ser responsables de la actuaciones de sus filiales, proveedores o subcontratas en materia de Derechos Humanos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha hecho público su respaldo a la iniciativa de ‘Alianza por la Justicia Global’ consistente en exigir al Estado que las grandes multinacionales no puedan continuar interactuando en territorios impunemente, sin responder ante los abusos y las violaciones de los Derechos Humanos.
Este colectivo, a cuyo manifiesto se han sumado los y las anarcosindicalistas de la CGT, considera que en los últimos años existe una creciente preocupación por el impacto de la acción de las grandes multinacionales en comunidades indígenas y campesinas, y las consecuencias sociales, económicas, políticas, etc. que están derivándose de estas acciones. Por ello, indican desde ‘Alianza por la Justicia Global’, es urgente el establecimiento de mecanismos que controlen y castiguen los abusos de las grandes corporaciones, para impedir la impunidad y evitar su repetición. Y en el caso del Estado español, explican que a pesar del desarrollo de sistemas de apoyos, a través de subvenciones, para la internacionalización de las empresas, donde se reconocen las “buenas prácticas”, todavía no hay un mecanismo eficaz que haga posible el seguimiento y la evaluación para poner fin a los incumplimientos en relación al respeto a los Derechos Humanos.
Por otro lado, desde esta plataforma aseguran que las violaciones a los Derechos Humanos en la última década han aumentado, lo que viene a demostrar que el derecho internacional en este sentido es muy frágil. Es por lo que esta reivindicación se hace más necesaria y urgente que nunca, dado el contexto global de guerras, crisis climática, crisis energética, crisis socioecológica y ante el avance del capitalismo y las desigualdades entre seres humanos en contraposición de las grandes facilidades que se les entrega, a través de los Estados, a las grandes multinacionales.
Desde CGT también creen que el anteproyecto de ley sobre “la protección de los Derechos Humanos, la sostenibilidad y la diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales”, puesto en marcha desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno español, no es suficiente. De ahí que la organización rojinegra respalde esta propuesta, con el objetivo de aumentar las inspecciones y los controles públicos para que los derechos de todos los seres humanos estén garantizados en todos los puntos del planeta.
Desde CGT también han recalcado que la vida de las personas no puede pasar a un segundo o tercer plano en beneficio de las grandes corporaciones, que concentran el poder en pocas manos y que impiden que la riqueza se distribuya de otra manera más solidaria entre la ciudadanía.
