Una veintena de activistas se enfrentan a más de 120 años de prisión acusadas de “desórdenes públicos” y “enfrentamientos con la Policía”.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se ha emitido un comunicado donde muestra su apoyo y solidaridad a las personas que, a partir de este lunes 18 de noviembre, van a ser juzgadas por protestar hace 12 años contra la corrupción del Estado en una gran movilización en la capital española.
Sucedió un 25 de septiembre de 2012, en el contexto de unos años donde las clases sociales más desfavorecidas estaban padeciendo las consecuencias de las políticas neoliberales más duras, puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular –encabezado por Mariano Rajoy-, tras la grave crisis económica que comenzó en 2008. En esos años, las protestas eran habituales y cada vez sumaban a más personas debido al creciente descontento por la situación socioeconómica del país. Una de estas movilizaciones se convocó para el 25-S, y miles de personas se desplazaron desde distintos puntos de la ciudad para concentrarse en la plaza de Neptuno, muy cerca del edificio del Congreso de los Diputados, para mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno ante la sede de la “soberanía” del pueblo.
En algún momento, la Policía Nacional –que había desplegado a más de 1.300 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en Madrid- comenzó a disolver a la masa de personas que habían respondido a la convocatoria. Los enfrentamientos pronto se volvieron violentos y entre los manifestantes fueron reconocidos muchos agentes infiltrados que incluso fueron confundidos por los antidisturbios como agresores, siendo también detenidos. Las cargas policiales fueron desmedidas, incluso hasta dentro de la estación de Atocha, donde muchos ciudadanos, totalmente ajenos a la movilización, fueron desalojados y otros agredidos por algunas unidades de antidisturbios que tomaron la estación durante horas. Los disturbios terminaron con 34 personas detenidas y 64 personas heridas, de las que 27 eran policías (aunque nunca han publicado partes o informes de heridas o dolencias). Por parte de las personas detenidas también hubo denuncias de abuso policial en los calabozos donde pasaron, en algunos casos, más de 72 horas.
Desde CGT recalcan que el ciclo de movilizaciones que durante estos años eran muy potentes en Madrid, y en otros territorios del Estado, fue crucial para que el Partido Popular ideara y aprobara la Ley Mordaza. Con la entrada en vigor de esta reforma del Código Penal y otras normativas, se logró dar más poder a la Policía con el objetivo de reprimir la disidencia, a los movimientos sociales y a las organizaciones sindicales, y criminalizar la protesta y la solidaridad social. Además, indican desde la organización anarcosindicalista, respaldados por esta ley, desde el poder policial se han puesto en marcha operaciones contra el movimiento libertario y contra la acción sindical de la clase trabajadora. Esta ley, igualmente, se mantiene en vigor también porque desde el Gobierno, otras formaciones que prometieron derogarla, solo la han maquillado y la han adaptado para continuar ejerciendo el control de la protesta ciudadana en el Estado.
CGT exige la absolución de todas las personas encausadas en este proceso y exige al Gobierno de PSOE y SUMAR la derogación de todas las leyes mordaza que durante todos estos años han sido aprobadas o aceptadas y que solo están encaminadas a limitar derechos fundamentales de las personas.
Gabinete de Prensa del Comité Confederal de la CGT
(Imagen: REUTERS)
