Los 18 de la Macarena: el camino hacia la criminalización del movimiento social por la vivienda en Sevilla.
En febrero de 2018 se produjo en la ciudad de Sevilla el desalojo de un inmueble situado en la calle Macarena. En dicho inmueble, un grupo de activistas pretendía ofrecer soluciones habitacionales a gente sin hogar. Tras una actuación policial de extrema contundencia 18 personas fueron identificadas y 6 de ellas fueron detenidas y enviadas a prisión preventiva. Los días 17 y 18 de febrero comenzará el juicio a estas personas. La fiscalía solicita penas de entre 5 años y medio a 3 años y medio, sumando un total de 77 años de cárcel, 22.000 euros de fianza y 300.000 euros en multas.
La sorprendente contundencia de la actuación policial, la desproporción de los delitos imputados y las penas a las que se enfrentan los encausados ponen de manifiesto que nos encontramos ante una estrategia de intimidación y criminalización de los movimientos sociales en Sevilla por parte de las instituciones.
Toda esta trágica historia comienza en 2017 cuando un colectivo de activistas y personas sin hogar, hartos de la inacción de las diferentes administraciones que deben garantizar el acceso universal a una vivienda digna, comenzaron a realizar, en diferentes viviendas vacías, una serie de actuaciones orientadas a dar soluciones habitacionales a personas sin hogar del barrio de la Macarena. De esta iniciativa nacieron experiencias exitosas, como la Corrala Dignidad, que permitieron proporcionar un hogar a gente que hasta ese momento se veía obligada a dormir en la calle.
Es en el marco de estas iniciativas cuando, en febrero de 2018, este colectivo de personas accede a un inmueble en la calle Macarena. Dicho inmueble había albergado con anterioridad el Centro Social Autogestionado Casas Viejas. Al día siguiente, 18 personas fueron objeto de una intervención policial sorprendente que terminó con la detención de 6 de ellas y la identificación de otras 12 personas más, muchas de las cuales nunca accedieron al inmueble, siendo detenidas e identificadas personas que simplemente estaban allí mostrando su apoyo al colectivo. Las 6 personas detenidas fueron enviadas directamente a prisión preventiva por el juez de instrucción, en una decisión injustificada e inusitada, que sólo pretendía poner coto a las acciones directas en materia de vivienda, que diferentes movimientos y colectivos sociales habían estado llevando a cabo en la ciudad en los años anteriores.
Los próximos 17 y 18 de febrero todas estas personas, los 18 de Macarena, se enfrentan a un juicio en el que se les solicitan penas de hasta 5 años y medio de cárcel. La brutalidad de la intervención policial, el envío de 6 personas a prisión preventiva y la desproporción de las penas que solicita la fiscalía, ponen de relieve que el objetivo real de las instituciones frente al problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla no es otro que la criminalización y persecución del activismo social y la pobreza. Resulta extremadamente fácil meter en la cárcel a las personas sin hogar y a la gente comprometida que lucha por sus derechos y por una ciudad más justa.
La persecución y criminazalización de los movimientos sociales relacionados con la vivienda pretende amedrentar y atemorizar a una sociedad que necesita soluciones para uno de los grandes problemas que afectan a la ciudad de Sevilla: el acceso a una vivienda digna. Por mucho que jueces, fiscales, policías, medios de comunicación y propaganda de derecha y extrema derecha, se empeñen en situar el foco del problema en el activismo social en Sevilla, los colectivos y movimientos sociales están lejos de constituir un problema de seguridad ciudadana.
El problema real de la ciudadanía está en la vivienda y no en las personas que intentar hacer algo por encontrar soluciones justas. Mientras la turistificación, la gentrificación de los barrios y la vecinofobia se extienden como una plaga e impiden a personas jóvenes o sin recursos puedan acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto de vida digno, se persigue sin piedad a todos aquellos y aquellas que intentan iniciativas de cohabitación en barrios castigados por la pobreza o la especulación urbanística. Lejos de buscar Justicia, las instituciones buscan la represión de los movimientos sociales en un claro intento de silenciar a aquellas que no se resignan a ver nuestra ciudad entregada a la especulación urbanística. La criminalización de los movimientos sociales se ha convertido, por desgracia, en una estrategia institucional que las clases privilegiadas necesitan para mantener un sistema que, en la práctica, vulnera derechos humanos y civiles fundamentales.
La criminalización de la pobreza constituye otra pata de esta estrategia represiva. La ideología de la pobreza culpable inhibe a las administraciones de sus obligaciones con los más necesitados a la vez que facilita la represión y culpabilización de los más infortunados.
En este contexto de criminalización y violencia institucional afrontan su juicio los 18 de la Macarena. Resulta alarmante y trágico que la vida de 18 personas se vea supeditada a una estrategia de castigo contra aquellos que con enorme arrojo han decidido enfrentarse al enorme problema de la vivienda en Sevilla.
En el proceso judicial que se inicia el próximo 17 de febrero no sólo se juzga el futuro 18 personas inocentes, sino el futuro de la totalidad de los movimientos sociales. Por esta razón es necesario denunciar el riesgo que supone aceptar que el activismo y la pobreza son, de entrada, motivo de persecución y cárcel. En un contexto en el que el autoproclamado Gobierno más progresista de la historia lleva más de 6 años sin derogar una la Ley Mordaza, cuyo único objetivo es silenciar y atemorizar el activismo social, no tenemos otra alternativa que denunciar la violencia institucional y defender a todas aquellas personas que, por compromiso o por necesidad, se han involucrado en proyectos o iniciativas sociales alternativas.
Los 18 de la Macarena somos todas y todos los que no entendemos que se incumpla el constitucional derecho de acceso a una hogar y una vivienda digna, somos todas y todos los que pensamos que las instituciones no hacen lo suficiente para dar soluciones efectivas al problema más grave al que se enfrenta la sociedad española y somos todos aquellos y aquellas que piensan que, ante esta situación, no queda otra que organizarse y buscar modelos alternativos, más solidarios y más justos de cohabitación y convivencia.
Libertad para los 18 de la Macarena porque la lucha por la justicia y la dignidad de todas las personas nunca puede ser delito.
Adjuntamos comunicado en pdf
