Antes de la llegada de la pandemia, las relaciones laborales y la dinámica del mercado laboral, ya estaban lo suficientemente dañadas tras tantos años de flexibilización de las relaciones laborales y desregulación del mercado de trabajo, dando lugar a la institucionalización de la precariedad de nuestros empleos y nuestra vida personal. Años de duras cargas y daños que no han hecho más que aumentar la desigualdad, hasta convertir al Estado español en una de las economías con mayores índices de pobreza y desigualdad de toda Europa.

Todo ello ha erosionado y tambaleado una parte importante de los pilares donde se sostienen y se desarrollan las relaciones laborales. Una situación que no solo hemos denunciando desde CGT, sino que, hasta el mismo relator de la ONU, el pasado mes de febrero, denunciaba la desigualdad y la pobreza en este país.

Los últimos datos mensuales de empleo publicados por el ministerio a principios de abril, la Seguridad Social perdió 899.000 afiliados, de los cuales el 81% del empleo han sido contratos temporales. Un hecho que explica, por un lado, que uno de los colectivos más castigado es la población joven, ya que el 34% del empleo destruido eran menores de 30 años. Y por otro, que los sectores más golpeados por la destrucción de empleo hayan sido, la construcción (-17,08%), la hostelería y hospedería (-14,27%) y servicios auxiliares (8,91%).

Datos escalofriantes a los que hay que sumar los 450.296 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las 3.889.000 de personas afectadas por éstos, muchos de los cuales son fraudulentos.

No cabía ninguna duda, que la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020 iba a ser negativa. Sin embargo, al ser una encuesta trimestral, ésta no ha sido capaz de reflejar la realidad actual. Siendo conscientes de las limitaciones, la información que aporta la EPA nos parece preocupante, y es sólo la punta del iceberg de una nueva crisis que vuelve a golpear a la clase trabajadora con mucha fuerza.

Uno de los datos más preocupantes es el desempleo, que vuelve a porcentajes similares a los de 2013. El paro ha aumentado en 121.000 personas y la tasa de paro total se sitúa en 14,41%, un 4,5% mayor que el trimestre anterior y un 1,9% que el primer trimestre de 2019, situando la tasa de paro femenino en el 19,3% y la masculina en el 14,6%

Sin embargo, muchas de las personas despedidas no están contabilizadas -porque no cumplían con el perfil de empleado que busca otro empleo- por ello es importante poner el foco en las inactivas, que han aumentado 257.500 personas. En relación a la ocupación, ésta se ha reducido en 285.600 personas, una cifra a la que hay que sumar a todas aquellas personas afectadas por los ERTE con suspensión de empleo. Esta fuerte destrucción de empleo supone una dura y difícil realidad para unos 600.000 hogares que no perciben ningún tipo de ingreso.

El 80% de las nuevas paradas, según datos del ministerio, corresponde a personas con contrato temporal. Una consecuencia más que facilita la destrucción de empleo a un coste cero y que da lugar a efectos como la reducción de la tasa de trabajadores temporales -en un 1,1%- respecto al total de trabajadores, como resultado de la fuerte destrucción de este tipo de contratos con una duración definida.

Como decíamos al principio de este comunicado, las consecuencias del COVID son un fiel reflejo de la frágil estructura de relaciones laborales, debilitada, especialmente, en los últimos años de crisis. La EPA del primer trimestre de 2020, sigue mostrando problemáticas estructurales que no hacen más que agravar, si cabe, la situación de la clase trabajadora. Además del desempleo destruido, nos encontramos con más de 444 mil personas que llevan más de un año buscando empleo y 930,8 mil personas desempleadas desde hace más de dos años. En relación a la duración de los contratos, más de 430 mil contratos tienen una duración inferior a 3 meses, de los cuales, un tercio de éstos tienen una duración inferior a un mes.

Además de la fuerte temporalidad del mercado laboral español -el 25%- y de la fuerte presencia de personas con una relación laboral inferior a tres meses, otra de los rasgos característicos es la creciente parcialidad. Más de 2,8 millones de trabajadores cuentan con un contrato parcial, siendo las mujeres las mayores perceptoras, el 74% del total. Partiendo de que más del 50% de las personas con este tipo de relación están sujetos a ella de forma involuntaria, por no haber encontrado un trabajo a tiempo completo, y casi el 18% reconoce tener este tipo de contrato por obligaciones familiares y cuidados, nos encontramos con que la parcialidad no es más que una fuente de pobreza y segregación por sexos. Esta tendencia a la precarización y parcialidad, lo vemos también reflejado en que muchas de estas prácticas acaban incidiendo en el número de horas extras realizadas. En este primer trimestre de 2020, se han realizado más de 6,6 millones de horas extras, de las cuales el 46% siguen siendo no remuneradas a pesar de los registros y las nuevas medidas establecidas.

Es lamentable y muy preocupante que tengamos que afrontar una nueva crisis con una estructura de relaciones laborales tan frágil e insostenible. Volvemos a la amenaza y la dicotomía entre paro o explotación a límites insospechados, y esto es solo una pequeña muestra de la realidad que nos viene. La EPA solo muestra la pequeña parte de una nueva crisis, que como siempre, se ceba con la clase trabajadora y con las personas en situación más vulnerable. Pero a poco que profundicemos en toda esta información y en la realidad que vivimos, vemos que será imposible afrontar esta problemática de la mano de la precariedad como elemento troncal nuestro sistema.

Para CGT es el momento de no dejar a nadie atrás. Por eso, ahora más que nunca, contra las desigualdades sociales.


Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

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