El 28 de octubre se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del 2021. Se han creado 359.300 empleos, de los cuales 174.000 son hombres y 185.300 mujeres. La tasa de paro promedio se redujo en 0,7 puntos, situándose en 14,57%, siendo la tasa femenina del 16,36% y la masculina del 12,97%. A pesar de seguir reduciendo el desempleo, lo cierto es que los datos de desempleo juvenil, rondando 32,2%, siguen siendo una de las tasas más altas de la UE (promedio UEM del 17%).
En cuanto a la creación de empleo sectorial, observamos que han sido destruidos 49.500 y 31.500 empleos en agricultura y construcción, respectivamente. Es en el sector de los servicios donde se da el mayor aumento, con 377.200 nuevos empleos, mientras que en la industria la creación neta de empleo fue de 63.000 puestos.
Uno de los aspectos que caracterizan, trimestre tras trimestre, la situación laboral en el Estado, son las grandes diferencias territoriales. Principalmente debido a la temporada de verano, CCAA como las Isla Baleares y Canarias, con 47.900 y 50.000 nuevos empleos respectivamente, han sido los territorios donde se ha creado más empleo y han reducido sus tasas de paro por debajo del promedio, mientras que en CCAA como Andalucía, donde se ha registrado una destrucción de 7.200 puestos de empleo, Murcia o Ceuta la situación del desempleo sigue enquistada.
Desde CGT creemos que la ausencia de un cambio en el marco de relaciones laborales sigue permitiendo y reproduciendo la precariedad y la inestabilidad. No es suficiente crear empleo, es necesario construir un marco regulatorio que garantice un empleo digno y de calidad.
Entendemos que no sólo es fundamental que se derogue la reforma laboral de 2012, sino que es clave que se tengan en cuenta las nuevas realidades del trabajo, ya que éstas no parecen tener un marco regulador que garantice unos derechos laborales mínimos. Por ello, no podemos simplemente hablar de derogar las reformas Laborales de 2011 y 2012, sino también abordar y garantizar los derechos de estas nuevas formas de explotación.
Del total de los nuevos contratos de trabajadores y trabajadoras asalariadas, el 64,5% son temporales, situando la tasa de temporalidad en un 21,97% entre las personas asalariadas. Asimismo, observamos que la parcialidad se sitúa en 13,5% y que el 52,7% % de esos contratos son involuntarios y el 18% lo tienen por motivos relacionados con obligaciones familiares y cuidados. Una fuente de segregación ocupacional, ya que el 74,5% de las personas con este tipo de jornada son copados por mujeres, perpetuando así la división sexual del trabajo.
Según los datos de la EPA, las mujeres copan aquellas actividades más precarias en sectores como el comercio al por menor, hostelería, servicios administrativos y auxiliares, educación, servicios sanitarios y sociales y empleadas del hogar y cuidados, donde multiplican por 8 a los hombres. Asimismo, habría que añadir la segregación vertical que obstaculiza el acceso de mujeres a puestos laborales de mayor responsabilidad y mejor remunerados, así como el desigual reparto de tiempos de trabajo entre hombres y mujeres. La brecha salarial ha crecido en el último año, de manera que las mujeres aún cobran 4.948 euros menos que los hombres, por lo que se necesitarían 121 años para acabar con estas desigualdades y cobrar un 27,6% más para igualar el sueldo en el presente (según datos de la AEAT) y lograr mayor igualdad en los ingresos futuros, ya que las mujeres cuentan con unas pensiones un 30% inferior que los hombres.
Durante el tercer trimestre se realizaron 5,1 millones de horas extras semanales. A pesar de haber disminuido casi un 14% (lo que implica una reducción de 830 mil horas semanales) respecto al trimestre anterior, lo cierto es que sigue siendo una dinámica preocupante cuando un 40% de las éstas fueron NO pagadas.
A través de estos datos, vemos cómo el gobierno sigue institucionalizando la precariedad y la vulnerabilización de la sociedad. Los resultados son graves, más de 616 mil hogares no tienen ningún ingreso, lo que posiciona al Estado español como una de las economías más pobres de la UE con más del 25% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Según datos de Eurostat, en 2020, se registró un 12% de personas con empleo que viven en riesgo de pobreza.
Ante este escenario de incertidumbre, desigualdad y precariedad creciente, desde CGT proponemos varias medidas concretas para revertir esta situación:
- Llevar a cabo una reforma laboral que derogue los aspectos incluidos en las últimas reformas laborales de 2011 y 2012, además de tener en cuenta las nuevas realidades laborales que están desarrollándose a toda velocidad durante los últimos años.
- Reducción de jornada sin reducción de salario. Esta medida es necesaria, ya que llevamos décadas con la misma jornada a pesar de los cambios económicos, tecnológicos y sociales que se han dado a lo largo del último siglo. El paso a una jornada de 35 horas semanales, siendo el promedio actual de 38,5 horas, supondría una reducción del 11,2%, lo que equivaldría, según diversos estudios realizados, a la creación de más de 562.000 puestos de trabajo.
- Defender una edad de jubilación digna y un sistema público de pensiones. CGT estamos en contra del retraso de la edad de jubilación y por supuesto, estamos a favor de la aplicación de coeficientes reductores en aquellos sectores en los que la clase trabajadora está expuesta a los riesgos, alto índice de peligrosidad, penosidad o toxicidad de la actividad, o bien con cierta discapacidad reconocida de la persona.
Ante este escenario de incertidumbre y precariedad laboral y vital no puede haber titubeos políticos a la hora de afrontar la problemática. Y, por supuesto, si no se afronta con voluntad política, será una reforma descafeinada, habiendo perdido una oportunidad clave para revertir esta situación.
