La Federación de Sindicatos de Trabajadoras de las Administraciones Publicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP – CGT) denuncia que la sentencia del pasado 28 de febrero del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fuerza la quiebra en la judicatura española por su empeño en no reconocer la preeminencia del derecho europeo y en desacatar la jurisprudencia del TJUE en lo referente al abuso de temporalidad en las administraciones públicas.
La reciente sentencia del TJUE de 22 de febrero de 2024 dictaminó que:
- Que la figura del “Indefinido No Fijo”, recordemos jurisprudencia y no normativa, no supone una sanción válida.
- Que, ante la ausencia de sanción en el ordenamiento interno, consecuencia de no haber transpuesto la Directiva 1999/70/CE en 25 años, la “fijeza” sería una opción válida.
- Que no vale ampararse en preceptos constitucionales con la intención de dejar sin efecto dicha Directiva.
Hemos conocido en sentencia fechada a diez de abril, donde la sala social en pleno, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, en la resolución de los casos objeto de esa misma sentencia del TJUE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció precisamente con la figura del “Indefinido No Fijo” porque, y aquí viene lo grave, “el juzgador únicamente tiene la función de aplicar el derecho (y no la de crearlo) y porque los principios constitucionales de acceso al empleo público se erigen en un obstáculo insalvable”, justamente lo contrario de lo que indica esa misma sentencia del TJUE.
Cabe recordar que la cuantía a indemnizar es de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, lejos del despido improcedente que, como bien indicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contraviene lo especificado en la Carta Social Europea, y la propia jurisprudencia del TJUE, por su falta de carácter disuasoria y que, además, sería inaplicable a aquellas trabajadoras que aún no estuviesen despedidas.
Ante semejante barbaridad jurídica, que contó con la oposición de varios votos particulares, la división en la judicatura está servida y las futuras cuestiones prejudiciales más que aseguradas. Por un lado, unos, los integrantes del Tribunal Supremo, evaden su responsabilidad y anuncian unas prejudiciales en respuesta a la respuesta de otras prejudiciales, que dos meses después todavía no se han elevado. Otros directamente incurren en desacato no reconociendo la jerarquía normativa y desoyendo lo dictado por el TJUE en su sentencia del 22 de febrero de 2024. Mientras, unos terceros, sí están dictando las justas y tan esperadas sentencias de fijeza.
A finales de la semana pasada, varios miembros de la Comisión Europea asistieron sorprendidos a la última intentona de desviar la atención por parte del gobierno ante tanto incumplimiento, con la inauguración del nuevo “Observatorio ICAM de Derecho de la Unión Europea”, por lo que es fácilmente imaginable que en un corto periodo de tiempo se reactivarán las sanciones que España tenía congeladas a la espera de que corrigiera su lamentable y persistente actitud.
Mientras, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, se empeña en no legislar empujando a jueces y administraciones al caos y dejando en un limbo jurídico al más de un millón de trabajadoras afectadas que entendemos, solo puede tener una intención, desanimar a que éstas defiendan sus derechos en los tribunales.
Desde FETAP-CGT somos conscientes de que todo esto terminará instantáneamente, tal y como ha ocurrido anteriormente, en el momento en el que la Comisión Europea diga basta ante tanto esperpento y reactive las sanciones coercitivas que España tenía congeladas a la espera de que corrigiera su lamentable y persistente actitud, como ya ocurrió con el colectivo de los estibadores.
