El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social impide el acceso a un representante sindical a una reunión de las trabajadoras de la contrata de limpieza del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social de Burgos, vulnerando de esta forma el derecho a la libertad sindical, tanto de las trabajadoras como de la CGT.
Desde el 1 de enero la empresa SAMYL es adjudicataria de la contrata de la limpieza en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social de Burgos, sito en la calle Vitoria, relevando a la empresa Valoriza, y conforme a la obligación contenida en el Convenio Colectivo, las diez trabajadoras que realizan la limpieza, fueron subrogadas en sus contratos laborales, con las mismos derechos y obligaciones.
Desde el 1 de enero la empresa SAMYL es adjudicataria de la contrata de la limpieza en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social de Burgos, sito en la calle Vitoria, relevando a la empresa Valoriza, y conforme a la obligación contenida en el Convenio Colectivo, las diez trabajadoras que realizan la limpieza, fueron subrogadas en sus contratos laborales, con las mismos derechos y obligaciones. Pese a ello, la nueva empresa les comunicó que a varias de éllas les sería reducida su jornada laboral (y evidentemente su salario), dado que el presupuesto aceptado por la administración contratista está supuestamente por debajo de los costes reales. Hay que tener en cuenta que este colectivo ya sufrió la reducción de sus jornadas y varios despidos hace dos años bajo la misma justificación.
Para concretar las nuevas condiciones laborales, el pasado día 8 de enero la empresa SAMYL reunió a sus trabajadoras en el edificio. Varias trabajadores solicitaron la presencia de un representante sindical en la reunión y, de acuerdo a ello, se personó un representante de la CGT en el edifico de la Tesorería; en concreto Román Sanz González, represente de CGT en la mesa de negociación del convenio colectivo provincial del sector de la limpieza. Al identificarse este sindicalista ante el servicio de seguridad le fue impedido su acceso por el vigilante de seguridad, asegurando el mismo que tenia órdenes expresas del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de impedir el paso de representantes sindicales al edificio y, expresamente, el de Román Sanz. Momentos después accedía un representante de la empresa SAMYL: Julio Sastre, acompañado de otra persona que se identificó como letrada de la empresa. Estas personas accedieron sin ninguna dificultad, una vez que se identificaron. Tampoco le fue impedido el acceso a una intérprete de signos ya que entre las trabajadoras hay dos de ellas con disfunción auditiva.
El hecho de impedir el acceso a un centro de trabajo de un representante sindical, de forma expresa y premeditada, -en clara concomitancia entre la empresa y, el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, un cargo de la administración pública, que entre sus funciones tiene el garantizar la legislación laboral -, supone una gravísima vulneración del derecho a la libertad sindical. Vulneración que no puede quedar impune, debiendo asumir las personas implicadas su responsabilidad. Este Sindicato exige públicamente el cese del Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, si se confirma que la orden de prohibir el acceso al edificio del representante sindical de la CGT fue dada por él. Asímismo, se interpondrá una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sin descartar, si no se dan respuestas concretas a esta exigencia de responsabilidades, la interposición una demanda en tutela de derechos fundamentales.
Fuente: CGT - Burgos
