A los inmigrantes irregulares se les retirará la tarjeta sanitaria y sólo recibirán asistencia las mujeres embarazadas y los menores. Ahora sólo falta que se haga como en Alemania: obligar al personal sanitario a denunciar a los inmigrantes irregulares que atiendan
Sin previo aviso el gobierno del PP mediante el RDL 16 /2012, a traves de la ministra Ana Mato notificó las nuevas medidas que prevee poner el marcha el gobierno para continuar con el “ahorro”; el sistema de copago sanitario que en lo referente a la atención sanitaria a los inmigrantes en “situación administrativa irregular” suponen un atentado gravísimo contra los derechos humanos, ya que a partir del 31 de julio, solo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”.&
Sin previo aviso el gobierno del PP mediante el RDL 16 /2012, a traves de la ministra Ana Mato notificó las nuevas medidas que prevee poner el marcha el gobierno para continuar con el “ahorro”; el sistema de copago sanitario que en lo referente a la atención sanitaria a los inmigrantes en “situación administrativa irregular” suponen un atentado gravísimo contra los derechos humanos, ya que a partir del 31 de julio, solo recibirán atención en caso de “urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto, y en el caso de ser menores de 18 años”.
España da así un giro de 180 grados en su política de atención sanitaria: de todo a nada, sin medias tintas, alineándose de esta manera con el modo de hacer de Alemania, uno de los países europeos más duros en lo que se refiere al acceso a la asistencia para los inmigrantes adultos en situación irregular.
En su comparecencia la ministra hizo referencia a un ahorro de 500 millones, que se supone es el gasto que sanidad realiza con los inmigrantes irregulares y que por ésta razón se les retiraran las tarjetas sanitarias, el padrón no servirá (único trámite que desde el 2000 se les exigía para acceder al sistema sanitario). Sólo podrán acceder los menores y las mujeres embarazadas, tal como establecen las normativas de derechos humanos.
El resto, nada.
De dónde saca el gobierno esos datos? Nadie lo sabe, eso se llama hacer demagogia y es una falacia decir que los inmigrantes ilegales acaparan el gasto sanitario, cuando en un informe de Medicos del Mundo dice que solo un 38% de las personas inmigrantes disponen de tarjeta sanitaria.
Ademas que la inmigración ha contribuido de manera significativa en el aumento de la riqueza de nuestro país lo sabe hasta el xenófobo más tonto de España y son muchos los estudios que avalan esta afirmación, aquí hay varios enlaces
1- http://www.catalunyacaixa.com/caixacat/es/ccpublic/particulars/publica/pdf/iee0706e10.pdf.
2-
3-
http://www.fedea.es/033_Publicaciones_VerMas.asp?id=771
4-
http://www.fedea.es/033_Publicaciones_VerMas.asp?id=771
5-
http://elpais.com/diario/2008/03/26/cvalenciana/1206562684_850215.html
Alguien se ha preguntado alguna vez ¿Dónde están las grandes bolsas de ineficiencia? La respuesta esta en el Gasto Farmacéutico injustificado (sobre todo hospitalario), en la compra de Alta Tecnología sanitaria sin criterio racional y en el Gasto en Conciertos con la sanidad privada sin optimizar los recursos propios.
Desde el sindicato de CGT, denunciamos que una decisión como la que ha tomado el gobierno del PP, dejará a los colectivos más débiles en una situación de total «desprotección».
1) Se excluye al sector de población más desprotegido de la asistencia sanitaria que, entendemos es un derecho humano básico. La mayor parte de estos inmigrantes sin permiso de trabajo oficial, trabajan en la economía sumergida y pagan algunos impuestos como es el caso del IVA, contribuyendo en parte a la financiación de los servicios públicos.
2) Quitar la prestación sanitaria de los inmigrantes no regularizados pero empadronados, es una medida que produce inseguridad sanitaria a todos porque no se van a vacunar, no se va a detectar a tiempo la aparición de brotes epidémicos y la población va a empezar a sufrir enfermedades erradicadas tras muchos años de trabajo serio y efectivo en salud pública.
3) Gran parte de las personas inmigrantes que han llegado a nuestro pais, son jóvenes y sanos. En la mayoría de los casos el acudir a los servicios sanitarios se debe a enfermedades contraidas en el estado español, debido a las situaciones de precariedad en la que viven.
4) La falta de atención sanitaria en patologías crónicas en una primera instancia, provocará complicaciones que requerirán la utilización de la vía de urgencias hospitalarias (dado que es la única posibilidad que les queda), incrementando la presión asistencial. Se generará un incremento de ingresos hospitalarios, que posiblemente provoque un mayor gasto final, en contra de lo que se dice pretender.
5) Podrá tener efectos negativos sobre la salud de la población general, ya que sienta las bases para el incremento de las enfermedades transmisibles y la pérdida de su control (tuberculosis, HIV….). El aumento de enfermedades infecciosas, en general de tratamiento barato en una primera fase, ocasionará probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que como todo el mundo conoce, son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz.
Por todo lo anterior, hacemos un llamamiento a la ética de todas y todos los profesionales de la sanidad pública, para la atención completa a este grupo de población, perteneciente en gran medida a los grupos más desfavorecidos.
Al mismo tiempo, reivindicamos el derecho a la objeción de conciencia por parte de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud a la aplicación efectiva del Real Decreto Ley por inmoral, injusto, y peligroso en términos de salud pública.
Confederació General del Treball De les Illes Balears (CGT-BALEARS)
