En febrero de 2018 se produjo el desalojo de un inmueble en la calle Macarena que pretendía dar soluciones habitacionales a gente sin hogar. 18 personas fueron identificadas y 6 de ellas fueron detenidas y enviadas a prisión preventiva. El próximo 15 de julio comienza el juicio de estas personas, para las cuales la fiscalía solicita penas de 5 años y medio y 3 años y medio. La desproporción de los delitos imputados y las penas a las que se enfrentan ponen de manifiesto la estrategia de persecución y criminalización de las instituciones hacia los movimientos sociales en Sevilla.
En 2017, un colectivo de activistas y personas sin hogar, hartos de la inacción de las diferentes administraciones que debían garantizar su acceso a una vivienda digna, comenzaron a realizar intervenciones en viviendas desocupadas orientadas a dar soluciones habitacionales a personas sin hogar del barrio de la Macarena. De esta iniciativa nacieron experiencias como la Corrala Dignidad, que funcionaron bien y permitieron dar un hogar a gente que se veía obligada a dormir en la calle.
En el marco de estas iniciativas, en febrero de 2018, este colectivo de personas accede a un inmueble en la calle Macarena. Un inmueble que albergó, con anterioridad, el Centro Social Autogestionado Casas Viejas. Al día siguiente, 18 personas fueron objeto de una intervención policial brutal que terminó con la detención de 6 de ellas y la identificación de otras 12 personas más. Las 18 personas identificadas no se encontraban, además, dentro del inmueble, siendo detenidas e identificadas personas que fueron a apoyar al colectivo que había realizado la ocupación, pero que nunca accedieron al inmueble. Las 6 personas detenidas fueron enviadas directamente a prisión preventiva por el juez de instrucción, en una decisión injustificada, que sólo pretendía poner coto a las acciones directas en materia de vivienda, que diferentes movimientos y colectivos sociales habían estado llevando a cabo en la ciudad en los años anteriores.
El próximo 15 de julio todas estas personas, los 18 de Macarena, se enfrentan a un juicio en el que se les solicitan penas de hasta 5 años y medio de cárcel. La brutalidad de la intervención policial, el envío de las 6 personas a prisión preventiva y la desproporción de las penas que solicita la fiscalía, ponen de relieve el objetivo real de las instituciones frente al problema de la vivienda en la ciudad de Sevilla. Este objetivo no es otro que la criminalización y persecución del activismo social y de la pobreza. Por desgracia, parece muy fácil meter en la cárcel a las personas sin hogar y a la gente comprometida que quiere luchar por sus derechos en vez de mirar hacia otro lado.
La persecución y criminazalización de los movimientos sociales relacionados con la vivienda pretende amedrentar y atemorizar a una sociedad que necesita soluciones para uno de los grandes problemas que afectan a la ciudad de Sevilla: el acceso a una vivienda digna. Por mucho que jueces, fiscales, policías, medios de comunicación y propaganda de derecha y extrema derecha, se empeñen en situar el foco del problema en el activismo social, en Sevilla los colectivos y movimientos sociales están lejos de constituir un problema de seguridad ciudadana.
El problema real de la ciudadanía está en la vivienda y no en las personas que intentar hacer algo por encontrar soluciones. Mientras la turistificación, la gentrificación de los barrios y la vecinofobia se extienden como una plaga e impiden a personas jóvenes o sin recursos acceder a una vivienda y desarrollar un proyecto de vida digno, se persigue sin piedad a todos aquellos y aquellas que intentan iniciativas de cohabitación en barrios castigados por la pobreza o la especulación urbanística. Esto no es justicia, es todo lo contrario. La criminalización de los movimientos sociales se ha convertido, por desgracia, en una estrategia institucional que las clases privilegiadas necesitan para mantener un sistema que, en la práctica, vulnera derechos humanos y civiles fundamentales.
Con la pobreza y las personas sin hogar ocurre exactamente igual, las instituciones están mucho más preocupadas en mantener a raya a estas personas sin recursos, que en prestarle la ayuda que necesitan. Pretenden además que el resto de la sociedad les culpabilice de la situación en la que se encuentran, por eso criminalizan también la pobreza y la falta de recursos con un mensaje de fondo claro: ellos se lo han buscado. Así resulta mucho más fácil encarcelar a gente pobre y sin techo.
En este contexto afrontan su juicio los 18 de la Macarena, En el contexto del escarmiento, de la criminalización y de la violencia institucional. Resulta alarmante que la vida de 18 personas pueda estar supeditada a una estrategia de castigo contra soluciones alternativas al problema real de la vivienda en Sevilla y en otras muchas ciudades del Estado español. En el proceso judicial que se inicia el próximo 15 de julio no sólo se juzga el futuro 18 personas inocentes, está en juego también el futuro de los movimientos sociales. Por esta razón es necesario denunciar el riesgo que supone aceptar que el activismo y la pobreza son, de entrada, motivo de persecución y cárcel.
En realidad, los 18 de la Macarena somos todas y todos los que no entendemos que no se cumpla el derecho constitucional de acceso a una hogar y una vivienda digna, somos todas y todos los que pensamos que las instituciones no hacen lo que deben para dar soluciones efectivas a los problemas graves que afectan a la ciudadanía y somos todos aquellos y aquellas que piensan que, ante esta situación, no queda otra que organizarse y buscar modelos alternativos, más solidarios y más justos, de cohabitación y convivencia. Por todo esto entendemos que es necesario luchar por la absolución de los 18 de la Macarena, porque el compromiso con los demás o la pobreza, nunca puede ser un delito.
Una última reflexión al respecto, la sociedad necesita de movimientos sociales y vecinales que contribuyan a generar un mundo más justo y solidario, que den voz a la ciudadanía, señalen los problemas que afectan el día a día de los barrios y busquen fórmulas que permitan dar solución a dichos problemas. Frente a esta necesidad, las instituciones reaccionarias persiguen, hostigan y castigan todo aquello que no controlan o se sale de sus esquemas inmovilistas. ¿Que puede hacer entonces la ciudadanía cuando las instituciones fallan?, como ocurre con el tema de la vivienda. A este paso sólo nos va a quedar el silencio.
Recientemente se han cumplido 9 años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza en este país. Cinco de estos años hemos tenido un gobierno que se define a sí mismo como el gobierno más progresista de la historia de la democracia. En todo este tiempo, este gobierno “progresista” no ha sido capaz de derogar una Ley injusta y violenta que sólo tiene como objetivo acallar, a través del miedo y la coacción, cualquier tipo de lucha social. Los hechos demuestran que todas las instituciones, por mucho que pretendan aparentar otra cosa, están participando activamente de esta estrategia de criminalización de los movimientos y las luchas sociales. Es por ello que mientras nos quede voz no tenemos otra alternativa que denunciar la violencia institucional y defender a todas aquellas personas que, por compromiso o por necesidad, se han involucrado en proyectos o iniciativas sociales alternativas.
