Desde hace años, la Confederación General del Trabajo (CGT), entre sus muchas luchas sociales destacan :  la lucha contra el racismo, por el derecho a una vivienda digna y por una Sanidad Pública Universal para todas las personas sin ninguna distinción, especialmente desde que el Partido Popular intentó desmantelarla a base de recortes.

En esta lucha, la gran batalla en la que está inmersa la CGT es la que hace referencia a la negativa de otorgar el derecho a la Sanidad a las personas migrantes que viven en el Estado español en situación irregular, es decir, las llamadas “sin papeles”.

Con la Pandemia del COVID 19 que estamos sufriendo toda la población a nivel mundial, la CGT exige más que nunca que esos derechos sean aplicados a las personas migrantes, ya que no se las puede ni debe excluir de ninguna medida social ni sanitaria que el Gobierno ha determinado para todo el Estado, pues una situación administrativa no  puede ser nunca la excusa para denegar el derecho fundamental de acceso a la Sanidad Pública y a sus prestaciones.

Tenemos especialmente presente la vulnerabilidad de las niñas y los niños menores no acompañados dado que, en la crisis sanitaria y el confinamiento que estamos viviendo se hace mucho más patente y cruel. El cuidado de estas personas que son menores y la defensa de sus derechos es un objetivo claro para la CGT que quiere hacer extensible  a las instituciones del Estado español. Es responsabilidad de todos y todas.

Durante esta crisis socio sanitaria provocada por el COVID19, se están visibilizando los trabajos hasta ahora invisibles, como son los de limpiezas, los  agrícolas, los de cuidados a mayores y/o dependientes, los repartidores, los transportistas, etc…, trabajos esenciales para el desarrollo y bienestar del país que, en su gran mayoría, son realizados por personas migrantes, muchas veces en situación irregular y en condiciones deleznables. Valga de ejemplo, las personas temporeras que son explotadas laboralmente, que carecen de todo tipo de derechos y que malviven en asentamientos infrahumanos, sin salubridad, sin servicios básicos y sufriendo el racismo social e institucional.

Por todo ello, la CGT exige la Regularización urgente de todas las personas migrantes y demandantes de asilo, así como la puesta en libertad de las personas encerradas en CIES y CETIS, autorización para trabajar a las mayores de 18 años, incluidas las extuteladas, sabiendo además que hay un déficit de mano de obra en estos momentos para trabajar en el campo, ya que se están solicitando más de  80.000 personas para las diversas recolecciones de la temporada, y, por supuesto, con medidas que dignifiquen las condiciones laborales y de vida de los y las trabajadoras agrarias que viven en los asentamientos.

 

¡REGULARIZACIÓN YA!


Fuente: Secretariado Permanente de Comité Confederal de la CGT

Ninguna persona es ilegal