El Real Decreto 557/2010, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y Libertades de los extranjeros en España, conocido comúnmente como Reglamento de Extranjería, entró en vigor el pasado 30 de junio.

El Reglamento es muy confuso y complejo : 266 artículos, 101 más que el anterior y 25 disposiciones adicionales dan cuenta de su extensión. Este hecho origina un sistema muy complejo de autorizaciones de residencia nunca vista hasta ahora que conforman un abanico que va desde el inmigrante poco cualificado que renueva su permiso a duras penas y donde son todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el inmigrante altamente cualificado al que se le ofrecen ciertas facilidades para establecerse en España.

Merece, no obstante, la pena destacar los principios inspiradores de este nuevo Reglamento :

En primer lugar, el reglamento es el desarrollo de la última reforma de la ley de extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre de 2009 y que supuso una de las mayores restricciones de derechos a la población inmigrante de la historia, cabe recordar que la reforma suponía la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el aumento del tiempo de reclusión en los Centros de Internamiento, el grave endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o el aumento y endurecimiento del régimen sancionador. Pues bien, ya que el reglamento supone el desarrollo de la Ley de extranjería no hace sino apuntalar estas restricciones de derechos operadas en la última reforma.

En segundo lugar, es un reglamento muy confuso y complejo. 266 artículos (101 artículos más que el anterior reglamento) y 25 disposiciones adicionales dan cuenta de la extensión del reglamento. Este hecho origina un sistema muy complejo de autorizaciones de residencia nunca vista hasta ahora que conforman un abanico que va desde el inmigrante poco cualificado que renueva a duras penas y donde son todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el inmigrante altamente cualificado al que se le ofrecen ciertas facilidades para establecerse en España. El Gobierno aprovecha el actual contexto de crisis económica y no esconde su apuesta por priorizar la contratación de trabajadores nacionales, aunque para ello deba vulnerar derechos de los trabajadores inmigrantes.

Las diferentes situaciones administrativas que prevé el reglamento están siempre vinculadas al mercado laboral y con el objetivo de beneficiar al los trabajadores cualificados y poniendo obstáculos a los trabajadores menos cualificados. Lo que no entiende el Gobierno es que los motivos por lo que la gente emigra son más amplios y complejos que las estrictas necesidades laborales de un país. Vincular las autorizaciones de residencia y trabajo al mercado laboral es fuente de discriminación, ya que se crean categorías de inmigrantes y el ejemplo más claro lo tenemos con la llamada tarjeta azul para inmigrantes altamente cualificados. Existirán inmigrantes con más derecho simplemente por la razón de que se ajustan más y son más “útiles” para la economía del estado español, mientras que al resto de inmigrantes se les exigen requisitos muchas veces imposibles de acreditar.

Preocupa que esta vinculación permanente de los derechos de los/as extranjeros/as a los ciclos económicos, abra camino a un populismo que juegue con mensajes como “los españoles primero” y promueva corrientes racistas en la ciudadanía y las instituciones

En tercer lugar, el reglamento destaca por la inclusión de nuevos conceptos jurídicos indeterminados que nadie sabe lo que son, y que producirán con total seguridad una mayor discrecionalidad por parte de la administración. Conceptos tales como el de “esfuerzo de integración” nos recuerdan a las políticas de extranjería de la derecha europea, como los programas de Instrucción en Holanda, o el contrato de Integración de la Francia de Sarkozy.

La realidad es que tanto la Ley de Extranjería como su respectivo Reglamento son instrumentos normativos que tienen como consecuencia la desigualdad legal de las personas extracomunitarias que viven en España. Estas personas, no tienen los mismos derechos que las personas con nacionalidad española. Desde la óptica laboralista, el régimen normativo de la extranjería constituye un instrumento idóneo para el dominio de las trabajadoras/es extranjeras que el Estado pone en manos de la patronal, toda vez que el derecho de estos trabajadores a permanecer y poder renovar sus autorizaciones depende en gran medida de su buena relación con su patrón, modelo que el actual Reglamento profundiza.

Para la CGT esta norma, producirá una mayor discrecionalidad por parte de la administración. Conceptos tales como el de “esfuerzo de integración” nos recuerdan a las políticas de extranjería de la derecha europea, como los programas de Instrucción en Holanda, o el contrato de Integración de la Francia de Sarkozy.

Para la CGT la nueva regulación sobre extranjería es una medida más para hacer pagar la crisis a la clase trabajadora y a los que menos tienen. Por todo ello, CGT se opone al Reglamento de Extranjería y seguirá luchando por la defensa de los laborales y sociales de la clase trabajadora ya sea nacional o extranjera.

Gabinete Jurídico Confederal – Secretaría de Acción Social de la CGT


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