El Parlamento Europeo aprobó el pasado 11 de febrero el conocido como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la parte principal de los fondos europeos para afrontar las consecuencias económicas por la pandemia. Una decisión que negociaron los jefes de Estado y de Gobierno, y a la que dieron su visto bueno en julio.
Su objetivo, aparentemente es centrarse en la transformación digital y la transición ecológica con la idea de cambiar la economía de los países europeos, mejorando también las perspectivas laborales y prepararse para que en 2050 la Unión Europea pueda ser la primera región del mundo neutralmente climática. Además, se podrán financiar proyectos en otros sectores como el empleo, crecimiento sostenible, la cohesión social y territorial, salud y resiliencia de las instituciones y políticas para la infancia y la juventud. Se trataría de que no solo se mitigue el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en las economias europeas, sino que ésta pueda reforzarse ante la adversidad.
Actualmente, los modelos de producción de bienes y de servicios se encuadran en un contexto globalizado, que muestra una tendencia generalizada a fragmentar y atomizar la producción como elementos fundamentales de las estrategias de rentabilidad de los grupos empresariales. A grandes rasgos, las ramas de servicios como el turismo, la restauración y la hostelería, así como el sector de la construcción, han ido ganando mayor protagonismo en nuestra economía. Mientras que la industria manufacturera ha quedado relegada hasta ocupar una posición periférica en el modelo industrial. Dicho de otra forma: No fabricamos nada.
Es evidente que los efectos derivados de la pandemia, no sólo han profundizado y acentuado los problemas económicos y sociales que veníamos arrastrando en la economía española, sino que ha empeorado el contexto de actuación social. Los datos son sobrecogedores, el aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español se ha disparado en el último año. Asimismo, la frágil situación de los servicios públicos básicos, dificulta la utilización de éstos como herramienta fundamental para combatir la pobreza y la brecha entre la población más rica y más pobre.
Como resultado nos encontramos ante un panorama económico, político y social desolador, en donde es necesario crear nuevos espacios de acción para transformar el modelo productivo en el que nos habíamos apoyado hasta ahora. Una transformación radical que permita revertir esta insostenible situación y que sea motor de nuevas dinámicas y políticas a favor de un modelo sostenible, distributivo e igualitario, que fomente una transición ecológica, el empleo digno, y que permita la conciliación entre la vida personal y laboral. Un modelo que fortalezca las bases de lo comunitario y los servicios públicos, para acabar así con la institucionalización de la precariedad y la pobreza que actualmente caracteriza al estado español.
Nada se dice en dichos fondos sobre la gestión pública, o bien por la clase trabajadora, de las industrias beneficiadas, o la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energéticos o tecnológicos, que serán los grandes beneficiados de esas inversiones, lo cual nos lleva directamente a plantearnos el tema clave: se relanza la solución público-privada y la deuda que se genera, o como hemos mantenido siempre, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios.
Pero la financiación privada no es más que un traslado del riesgo a fondos públicos, garantizando a los inversores las ganancias, es decir la U€ asumirá deuda encubierta con fondos dirigidos a fines públicos, privados y público-privados. Una deuda que no pagarán los oligopolios energéticos, sino la clase trabajadora.
Es un proceso que se dirige prioritariamente al desarrollo de nichos de negocio en sectores específicos y especializados de la nueva economía digital y verde (hidrógeno, gigafactorías, inteligencia artificial, servicios socio-sanitarios (grandes farmacéuticas), etc.), que actúan como «proyectos tractores» en el desarrollo de la clásica agenda hegemónica: mercantilización de nuevos servicios, megaproyectos, atracción de inversiones e internacionalización empresarial.
Los planes y propuestas publicadas hasta el momento, desde la escala continental europea, estatal y autonómica, no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, el modelo público de residencias y un modelo de cuidados de cercanía que priorice la autonomía de las personas y otros ámbitos de cuidados, la garantía de la vivienda como derecho, la mejora de las condiciones laborales, la lucha contra la pobreza energética, el apoyo al pequeño comercio o el impulso de las economías campesinas y los circuitos cortos, por poner algunos ejemplos.
Frente a esta situación CGT ha elaborado un documento denominado «Proyectos y Líneas de Actuación», donde proponemos que se desarrollen medidas que favorezcan lo público, lo que es de todas, frente al interés capitalista, donde apostamos un modelo productivo sostenible, distributivo e igualitario, que fomente una transición ecológica, con empleos y pensiones que permitan una vida digna, con una Renta Básica de las Iguales, y donde de verdad no dejemos a nadie atrás.
Al estado español le corresponden 140.000 millones, que suponen el equivalente al 3% de su PIB anual durante el período de vigencia del plan (2021-2026), de los cuales unos 72.000 millones son ayudas directas y el resto crédito, es decir deuda. Los fondos, además, están condicionados al cumplimiento de las «recomendaciones» de la Comisión y el Consejo europeos: mercado de trabajo, sistemas públicos de pensiones y mercado único. Deuda pública (continental, estatal y autonómica) y privada que, tarde o temprano, alguien deberá pagar. Y ya sabemos cómo suelen acabar estos procesos.
POR EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA RIQUEZA
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
