Actualmente y desde 2012, derivada de los recortes del Partido Popular y de sus políticas de austeridad contra la ciudadanía, existe una jornada de 37.5 horas.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado este jueves al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno español una solicitud de eliminación de las reglas fiscales como requisito para la implantación en la Administración Pública de las jornadas ordinarias de trabajo inferiores a la jornada laboral del sector público, por entender que esta situación está produciendo desigualdades entre trabajadores y trabajadoras del sector público, en relación a las horas de trabajo establecidas a raíz de los recortes que se produjeron durante los años de Gobierno del Partido Popular.
CGT ha explicado en la solicitud dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado (PSOE), que a pesar de entenderse que esta situación se remonta a los años en los que el ministro de Función Pública del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo unos importantes recortes en los servicios públicos junto a la crisis financiera declarada a partir de 2008, en la actualidad se ha suspendido el cumplimiento de estas reglas fiscales aunque sus efectos no alcanzan al establecimiento de la jornada inferior.
CGT considera que aquellos recortes, que conllevaron a destruir la paz social en la Administración Pública, provocó un importante conflicto en el sector. En este sentido, la organización anarcosindicalista se refiere a que la estructura horaria en el sector público es compleja, existiendo jornadas especiales de trabajo además de la jornada general. Por eso, es esta jornada definida legalmente como “general” la que sirve de referencia a toda la estructura de tipologías de jornada, y el establecimiento de esta en 37.5 horas supuso un aumento del tiempo de trabajo en muchas Administraciones, en concreto en 2.5 horas semanales y sin aumento de sueldo.
Con Rajoy en 2018 se dictó una nueva disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, vigente en la actualidad, que permitía a las Administraciones y a las entidades del sector público negociar con la representación legal de las personas trabajadoras una jornada inferior a las 37.5 horas. Y aunque esto suponía devolver la negociación en esta materia, también quedaba condicionado en cada Administración a la situación financiera de la misma o la gestión económica de la clase política.
CGT manifiesta que esto ha generado un agravio comparativo entre las plantillas de las diferentes Administraciones Públicas, porque muchas personas trabajadoras están siendo perjudicadas por la mala gestión del gobernante que toque en cada momento. Esto, según los y las anarcosindicalistas, se traduce en una pérdida de derechos de la clase trabajadora, y es por lo que se ha exigido al Gobierno, y a todas las fuerzas políticas, que posibiliten en la Ley de Presupuestos Generales del Estado la implantación de la jornada ordinaria inferior a la general, previa negociación colectiva, que lleve a la recuperación de todos los derechos que estas personas tenían conquistados antes de los recortes de 2012.
