El pasado miércoles 8 de mayo, tuvo lugar el juicio de Sandra, compañera de la Confederación General del Trabajo (CGT) acusada de «atentado a la autoridad» por los supuestos hechos ocurridos en la manifestación del 8 de marzo del año 2018, por lo que le pedían un año de cárcel.
El 8 de marzo de 2018 CGT convocó Huelga General en defensa de las reivindicaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Cientos de actos se sucedieron a lo largo y ancho del Estado, al igual que en muchos otros lugares del globo. En Murcia, para concluir la jornada, se convocó una manifestación que debía de terminar cruzando la vía del tren, en la calle orilla de la vía de Santiago el Mayor. El lugar de finalización había sido acordado (y comunicado) en apoyo a las vecinas de estos barrios que luchaban para que no les aislaran con la colocación de un muro y que, por fin, la vía del tren en su paso por la ciudad estuviera soterrada. Una reivindicación de más de 30 años y que a posteriori fue victoria.
En ese contexto de movilizaciones por el 8M, más de 50.000 personas participaron de la manifestación, llegando a colapsar por completo la ciudad. Al llegar a las vías del tren, la policía -como venía siendo habitual los últimos 9 meses-, formaba un cordón impenetrable. Decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) estaban desplegados a lo largo y ancho de las vías para evitar que las manifestantes pudiéramos cruzar. Habiendo trascurrido una jornada reivindicativa sin incidentes, una inexplicable actuación policial sembró el caos mediante la violencia.
Tras aquel día, nuestra compañera Sandra, sin haber sido identificada en ningún momento, fue detenida, acusada y sometida a 6 años de proceso en base al abuso de autoridad y falsas acusaciones de un agente de policía. Esto quedó demostrado la semana pasada cuando, tras la celebración del juicio, con las respectivas declaraciones, la Fiscalía retiró los cargos contra ella por no existir prueba alguna de los hechos imputados.
Todo esto nos lleva a unas conclusiones claras, las y los trabajadores estamos viendo cómo se vulneran sistemáticamente nuestros derechos a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión, a la protesta… más si cabe tras la reforma del Código Penal y la imposición de la Ley Mordaza, cuyas promesas de derogación han resultado ser humo.
Desde CGT Región Murciana celebramos esta victoria, al tiempo que no podemos olvidar a todas aquellas compañeras, compañeres y compañeros que, en base a montajes similares, están inmersos en procedimientos o “pagando” con su libertad por ellos.
¡Seguimos luchando!
