El pasado 10 de febrero tuvo lugar el juicio contra los 8 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara por su acción de protesta de diciembre de 2017 en una sucursal de Caixabank, en Cabanillas del Campo. El juicio se celebró más de 7 años después de sucedidos los hechos, una demora que como ya hemos denunciado en otras ocasiones repercute en la salud mental y la situación personal de las personas encausadas. El Juzgado de lo Penal 1 de Guadalajara condena finalmente a los 8 activistas de la PAH a una pena de multa de 900€ (6 meses de multa a razón de 5€ diarios), que puede conllevar prisión en caso de impago, por el delito de desobediencia grave, recogido en el artículo 556 del Código Penal. La sentencia les condena por haber desobedecido a los agentes de la Guardia Civil, quienes volvieron a reconocer en el juicio -como ya hicieron en fase de instrucción- que la conducta de los y las activistas fue en todo momento “pacífica”.
Para Amnistía Internacional: “Las sanciones penales frente a protestas pacíficas, en particular las que dan lugar a la privación de libertad, constituyen a menudo una restricción desproporcionada a los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos muy similares al de la PAH Guadalajara, ha reconocido que la protección del orden público podría legitimar la imposición de una sanción, pero que la privación de libertad antes del juicio y la pena de prisión impuesta no eran proporcionales respecto del interés legítimo perseguido. […] El Comité de Derechos Humanos de la ONU afirma que las protestas celebradas en espacios privados, en especial aquellas en espacios normalmente con acceso al público (como lo es una sucursal bancaria), caen bajo el ámbito de protección del derecho a la libertad de reunión pacífica, y por tanto deben respetar el principio de proporcionalidad”.
Para CGT esta sentencia es completamente desproporcionada y vuelve a criminalizar a los movimientos sociales y a la solidaridad entre la ciudadanía ante la desatención de las administraciones. Se quiere imponer una sanción a un activismo, en este caso el de la PAH, que pone de manifiesto la injusticia de un sistema que quiere callar toda voz que rompa la norma del consenso capitalista. Un mantra construido a base de ataques a la clase obrera. La protesta es un derecho, no un privilegio, y esta sentencia lejos de amedrentarnos debe suponer un revulsivo en nuestra lucha por la justicia social. Desde CGT mostramos todo nuestro apoyo a las 8 de Caixabank y las personas que luchan contra un sistema injusto y miserable que expulsa a personas vulnerables y da la razón a los especuladores y la policía que les protege.
¡Basta ya de represión a los movimientos sociales!
¡Nos tocan a una nos tocan a todxs!
