2º trimestre de la EPA: Menos paro, más precariedad. ¡Reforma Laboral ya!

Terminamos el 2º trimestre de 2021 con una situación laboral más favorable que la de meses anteriores, creando 464.900 empleos y aumentando las horas trabajadas en un 7,7%. La desescalada y la vacunación frente a la pandemia, han dado lugar a un aumento en la creación de empleo a lo largo del segundo trimestre (ya veremos las consecuencias de esta quinta ola sobre la creación de empleo en los próximos meses).

El número de personas paradas baja este trimestre en 110.100 personas (–3,01%) y se sitúa en 3.543.800 respecto al trimestre anterior, alcanzando una tasa de 15,26%. Sin embargo, si observamos los datos respecto al año anterior, el paro ha crecido en 175 mil personas más y en comparación con la situación pre-pandemia (2º trimestre de 2019) el número de desempleadas ha aumentado en más de 313 mil personas más. Una tasa que tanto en el caso de los hombres como las mujeres ha disminuido respecto al primer trimestre, aunque sigue perpetuando las diferencias estructurales que veníamos arrastrando, con una tasa de paro femenina del 17,3% y 13,39% la masculina.

Asimismo, por primera vez en varios trimestres, el desempleo disminuye en todos los sectores. La reactivación parece ser un hecho generalizado en todos los niveles disminuyendo el desempleo en Servicios en -496.000 paradas menos, en Industria -80.200, en Construcción –49.300 y en Agricultura –2.500.

Si bien el desempleo ha disminuido en términos generales, lo cierto es que la población joven sigue presentando uno de los perores escenarios. En el caso de la población menor de 25 años, el desempleo ha aumentado en 46.300 personas superando una tasa de desempleo juvenil de más del 45%. Otra de las problemáticas que sigue siendo especialmente preocupante es el paro de larga duración. Desgraciadamente, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año ha aumentado en 662.300 personas.

En base a los datos publicados por el Ministerio a principios del mes de julio, el 90% de las personas que han estado en situación de ERTE por la pandemia ya se han incorporado al mercado laboral. Actualmente, el mes de junio termina con 447.800 personas sujetas a una situación de ERTE y parece que este mes de julio se ha reducido por debajo de las 400 mil personas, de las cuales, el 43% corresponden al sector de hostelería y restauración y un 47% al sector de agencias de viajes y operadores de viajes y turismo.

Uno de los problemas que caracterizan el mercado laboral, son las diferencias territoriales, Comunidades como Canarias, Andalucía, Extremadura y Ciudades como Ceuta y Melilla presentan datos de paro y paro juvenil muy por encima del promedio estatal. Las elevadas tasas de paro juvenil, posicionan al Estado español con la tasa más alta de la UE en 2020 con un 38,3%. En los territorios mencionados las tasas superan el 45%, lo que revela la gravedad del problema y la ausencia de políticas para combatirlo. En este sentido, es importante resaltar la contradicción política que implica el aumento de la edad de jubilación cuando la población joven se encuentra en situación de desempleo como la actual.

Además del paro, la temporalidad ha sido un elemento característico de las relaciones laborales desde la primera reforma del Estatuto de los Trabajadores (ET). Mes tras mes vemos como entorno al 90% de los contrataos que se firman son temporales. Según los últimos datos, el 25% de las personas asalariadas tienen un contrato temporal (27% en el caso de las mujeres y 22% en el caso de los hombres), un 44% más que el promedio de la UE (14%). Y no sólo es preocupante la importancia de este tipo de contratos, también la duración de los mismos.

Según datos de la última EPA, los contratos con duración de 1 día han aumentado un 32%, de 2 días y menos de 1 mes, un 6% y contratos inferiores a 3 meses en un 16%. Una dinámica constante que precariza la vida laboral y personal de la clase trabajadora y que exige una reforma radical para combatirla.

La parcialidad también ha ido cobrando protagonismo en el mundo laboral. Actualmente casi un 15% de las personas asalariadas tiene un contrato a tiempo parcial. Un tipo de contratos especialmente preocupantes por dos motivos: el 74% son copados por mujeres y la parcialidad involuntaria es un hecho que tiene cada vez mayor presencia.

En base a la última EPA, se han hecho 5.931 horas extras a la semana, de las cuales, el 48% de éstas siguen sin ser retribuidas. Unas horas extras que siguen consolidando las desigualdades en el reparto de los trabajos en el ámbito laboral y en el hogar entre hombres y mujeres, perpetuando la división sexual del trabajo y las brechas laborales y salariales.

En términos porcentuales, las mujeres tendrían que cobrar un 27,6% más para igualar el sueldo de los hombres. Una brecha salarial con efectos a futuro, ya que las mujeres cobran una pensión un 35% menor que el promedio de los hombres.

La institucionalización de la precariedad y la vulnerabilización de la clase trabajadora, ha derivado en una grave situación económica y social en donde más de 626 mil hogares no tienen ningún ingreso. Una realidad que sitúa al Estado español como una de las economías más pobres de la UE con más del 25% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Una realidad compleja que pretendía solucionarse mediante el Ingreso Mínimo Vital (IMV) pero que sin embargo no ha logrado alcanzar los objetivos planteados. De hecho, tres de cada cuatro solicitudes son rechazadas. El IMV sólo ha llegado a poco más de un tercio de los hogares y a una cuarta parte de las personas sin recursos a las que estaba destinada.

Otro de los aspectos que creemos claves para un cambio de modelo y un mejor reparto del trabajo y la riqueza, es la reducción de la jornada laboral sin reducción de salario. El paso a una jornada de 34 horas semanales, siendo el promedio actual de 38,5 horas, supondría una reducción del 11,2%, lo que equivaldría, según diversos estudios realizados, la creación de más de 562.000 puestos de trabajo.

Queda un otoño por delante cargado de movilizaciones por la defensa de los servicios públicos y las pensiones, por la derogación de las reformas laborales, por la subida del SMI y por tantas cosas que nos han arrebatado a la clase trabajadora.