Desde que el ser humano vive en sociedad, se han ido desarrollando diferentes  formas de hacer frente a las necesidades sociales que emergen de la vida en común y del proceso de adaptación al medio. Estas formas, las necesidades y hasta el lenguaje que utilizamos para designar a las personas  objeto de intervención social, han ido evolucionando a lo largo del tiempo en función del momento sociopolítico.

El ámbito de la intervención social aparece con las modernas sociedades del bienestar, con el Estado de derecho y con la preocupación por el desarrollo de la persona en una sociedad justa. La realidad es que nos encontramos en un escenario social donde las  carencias  sociales y económicas se han normalizado de una manera desoladora. La Administración en primera instancia y la mayoría de la población en último lugar, admite sin pudor que vivimos en un modelo que genera desigualdades y situaciones injustas que llevan a  buena  parte  de la población a sobrevivir. Así como que en invierno hace frío y que el agua moja.

Asumiendo esta derrota por la justicia y la igualdad, la propuesta para generar sensación de equilibrio o para lanzar el máximo de muletas posibles es la Constitución Española de 1978, que define nuestra sociedad como un Estado Social y Democrático de Derecho e inicia un proceso tendente a construir en el Estado español  un  Estado del Bienestar, que se define como el conjunto de acciones llevadas a cabo por parte de los diferentes gobiernos para conseguir una mayor redistribución de los recursos y mejorar el bienestar general de la población. Se produce, por tanto, una intervención del Estado en la economía y la sociedad para combatir la desigualdad en estos ámbitos y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. Pero no directamente, no a largo plazo, no con objetivos de transformación.

Esta intervención se hace, en la mayor parte de los casos, a través de un entramado de ONG, empresas, cooperativas, entidades vinculadas a la economía social, etc. que se presentan a concursos públicos, firman convenios y diversos acuerdos que tienen como finalidad  ganar la prestación de determinados servicios  que  las  administraciones públicas no garantizan de manera directa y prefieren externalizarlos a cambio de reducir dramáticamente los costes. Costes minimizados que repercuten, en su gran mayoría, en gastos en contrataciones de personal.

Y esas personas trabajadoras, consideradas «gastos» por las entidades que constituyen eso que se conoce como Tercer Sector[1], arrastramos años de precariedad, protagonizados por esos pliegos en los que se compite por ver quién contrata a la persona de manera más barata y en peores condiciones. Esa entidad que consiga a la persona trabajadora más precaria, se lleva el servicio. La dignidad económica que te niega el pliego administrativo, te la repone la empresa cargada de valores humanitarios y sociales que hacen que la rueda de la explotación siga girando mientras miramos para otro lado; mientras seguimos atendiendo a todas esas personas que están casi igual que nosotras pero no le pagan a final de mes por trabajar a favor de la justicia social; mientras seguimos ampliando día a día nuestra  jornada para poder llegar a todas las personas que nos necesitan, no vaya a ser que  encima nos echen por no llegar a objetivos. Sí. Objetivos. Sí. Tercer Sector. Sí. Mejorar la vida de la gente. Sí. Dignidad. Sí. Derechos. Sí. Igualdad. Sí. Contradicciones, muchas contradicciones.

El capitalismo es lo que tiene, hace magia y consigue que se gestionen ONG igual que se gestionan bancos. Los segundos cuentan clientes y cuánto dinero tiene cada uno. Las primeras cuentan pobres y cada año hay que atender a más. Y si para atender a más tenemos que ser menos trabajando, mejor. Seguro que la ratio se puede estirar un poco más y seguir reduciendo personal para ganar el pliego el próximo año. Y si ya ven que van muy justos, que igual les pueden acusar de hacer una oferta temeraria, pues ya si eso justifican puestos de acción voluntaria. Porque sí, en este llamado Tercer Sector en donde trabajamos por la construcción de una sociedad más justa, la voluntariedad sale todavía más barata que  los  contratos de trabajo. Porque hay mucha perversión bajo el concepto de participación solidaria de la ciudadanía en la sociedad. Y las contradicciones son también muy visibles porque todo vale cuando se trata de atender a pobres, a personas en situación de vulnerabilidad o estigmatizadas. Eso que nunca harías con el circuito eléctrico de tu casa: dejarlo en manos de una persona con mucha voluntad pero sin el conocimiento necesario, se hace cada día en estas entidades. Porque no olvidemos que ahorrar y sumar es lo que cuenta. A ver cómo se le explica a la administración pública de turno que no hemos llegado al número de pobres que preveían los pliegos.

Si en algún momento la entidad de turno se plantea que quiere tener una línea de intervención propia, no sujeta a financiación pública, que vaya 100% acorde con sus principios y que, en el mejor de los casos, permita mejorar un poco las condiciones laborales, entonces lanzan a la calle a  los riders de las ONG. Esas personas que carpeta en mano y con el chaleco del color que corresponda tienen como misión captar personas socias bajo la lluvia, el sol, el frío, el calor y siempre exigiéndoles grandes sonrisas. Personas que cobran por objetivos (si no consiguen personas que aporten X cantidad de dinero, no cobran). Personas que ni siquiera son contratadas, en una gran mayoría de casos, por las entidades para las que captan negocio, sino que son contratadas por empresas externas especialistas en captación que hacen su negocio con esto. Así de especializado está este trabajo. Así de precarizada está la primera línea de contacto con una sociedad que se necesita para que la rueda gire, para que las cuentas salgan. Y la suma habitualmente sale, sale porque los horarios son incompatibles con la vida, aquellos que son compatibles lo son a costa de contratos con jornadas míseras que no te permiten llegar a final de mes. Difícil equilibrio. Tan difícil como equilibrar aquello para lo que te dicen que te contratan y aquello que finalmente terminas haciendo.

Sumar sigue siendo  lo  que cuenta  y  ¿qué   se   necesita para  hacer  informes   sociales? Los códigos deontológicos de las personas que  apostaron su profesión al ámbito   social no parece que importe mucho. Lo que sigue siendo importante es que la propuesta que hagamos para ganar el pliego sea la más baja posible. Lo importante es que el 31 de diciembre ayuntamientos, comunidades, ministerios, nos digan que seguimos un año más,  que  nos  renuevan el servicio. Que la rueda de la precariedad que tiene como misión mejorar la vida de la gente siga, aunque sea a costa de empeorar los derechos de la clase trabajadora. Porque  este  es al fin y al cabo el doble juego en el que las administraciones ahorran con condiciones precarias y las empresas ONG compiten por la oferta más baja. Así que todo el mundo  ahorra, ya sea  en  calidad,  en  derechos o en dignidad. »Porque ahorrar es ganar». Una clase trabajadora que en el Tercer Sector está conformada      mayoritariamente por mujeres. Mujeres que soportan, en su mayoría, condiciones laborales precarias: jornadas parciales, jornadas reducidas, mayores tareas de intervención directa, dificultades para conciliar, contratos de duración determinada. El capitalismo vuelve a hacer malabarismos con la igualdad y aquí, donde las mujeres tenemos más presencia numérica, estamos infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad.

Nosotras, mujeres y hombres que prestamos nuestra fuerza de trabajo en el denominado Tercer Sector, que nos dicen que contribuimos con nuestra fuerza de trabajo a combatir  la desigualdad y repartir los beneficios de forma más equitativa entre la población. ¿A quién hacemos llegar nuestra voz para dignificar nuestras condiciones laborales?

¿Al jefe? ¿Al ministro? ¿Al consejero? ¿O al alcalde?

Nosotr@s, obligadas a dudar en esta esquizofrenia que es trabajar con personas vulnerables a la vez que las empresas ONG nos tratan como a tornillos sustituibles. Nosotras, hartas de esa antinatural convivencia entre tratar a las personas como números y las auténticas transformaciones sociales. Nosotras qué camino queremos alcanzar. Administraciones y empresas ONG, nosotras estamos en el camino de la dignidad, la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la denuncia de modelos de intervención social basados en la competitividad, el bajo coste, la mano de obra gratuita y la precariedad.

[1] El Tercer Sector es aquel sector de la economía compuesto fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro que prestan  servicios tales como  teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos residenciales, centros de día, mediación social, acompañamientos, etc).

La cara B del Tercer Sector