CGT basa su denuncia en la información periodística de las últimas semanas que pone en evidencia la forma en que se fraccionaban contratos para, supuestamente, evitar la licitación pública, y adjudicar a dedo a un empresario, que realizó obras para un consejero y un alto directivo del Tribunal; así como el presunto “enchufismo” en la selección de personal del organismo público que fiscaliza las cuentas de las Administraciones Públicas y de los partidos políticos
Según la información periodística podría haber una discordancia entre las cuantías de los contratos menores adjudicados al empresario Ángel Ortega supuestamente facilitada por el propio Tribunal de Cuentas y la información facilitada por el mismo empresario al periódico El País, así como la información administrativa que el periódico dice disponer, lo cual exige una investigación para averiguar el importe exacto, el objeto, y las tareas concretas realizadas y certificadas correspondientes a los contratos menores adjudicados al empresario y de esa forma determinar si los contratos fuer
Según la información periodística podría haber una discordancia entre las cuantías de los contratos menores adjudicados al empresario Ángel Ortega supuestamente facilitada por el propio Tribunal de Cuentas y la información facilitada por el mismo empresario al periódico El País, así como la información administrativa que el periódico dice disponer, lo cual exige una investigación para averiguar el importe exacto, el objeto, y las tareas concretas realizadas y certificadas correspondientes a los contratos menores adjudicados al empresario y de esa forma determinar si los contratos fueron troceados intencionadamente, con el fin de eludir la aplicación de la legislación de contratos del sector público y evitar la convocatoria de un concurso público. El empresario Ángel Ortega realizó determinados trabajos a las personas que le encomendaban trabajos en el Tribunal de Cuentas.
También, según la información periodística, el empresario Ángel Ortega utilizó dependencias públicas del Tribunal de Cuentas para un uso privativo (guardar herramientas), lo cual debe investigarse pues presuntamente se hizo con la autorización o aquiescencia de un funcionario o autoridad pública del Tribunal de Cuentas, que dispuso, por tanto, de un bien público para fines ajenos al servicio público, como son los intereses privados de un empresario.
Por otra parte, se denuncia el posible enchufismo o nepotismo en la selección del personal al servicio del Tribunal de Cuentas.
El posible incumplimiento de los principios constitucionales y legales que rigen el acceso al empleo público, el de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, podrían haber sido vulnerados flagrantemente con la finalidad de colocar a personas afines por diversas causas: afinidad política, amistad, relaciones familiares, etc. Es decir, que se habría producido a sabiendas, porque el fin era el de colocar a determinadas personas, por lo que podría haberse cometido varios delitos, el de prevaricación y el de tráfico de influencias.
Existen testimonios, que se citan en la información periodística, de personal que trabaja en el Tribunal de Cuentas, de los que se podría deducir el mecanismo utilizado para “enchufar” a determinadas personas con relación de parentesco con altos cargos y funcionarios al servicio del Tribunal de Cuentas.
La investigación debe asegurar, al menos, el análisis de todos los procesos selectivos que afectan a las personas supuestamente “enchufadas” en diversos puestos de trabajo, pues las sospechas de haber cometido varios delitos son muy fundadas.
Según la información periodística, “el Tribunal de Cuentas, organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y a los organismos públicos, alberga en su plantilla, de poco más de 700 trabajadores, a casi un centenar de familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales, en especial de UGT”. Esto supone que aproximadamente el 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución.
En 2009, el Tribunal Supremo anuló la incorporación como directiva de una hermana del ex diputado socialista Ciriaco de Vicente. Su hermana entró con un nivel 30, el más alto de la Administración. La Sala de lo Contencioso-Administrativo apreció desviación de poder en el nombramiento de Carmen de Vicente para un puesto creado para ella en el Departamento de control de la Seguridad Social.
Las últimas oposiciones que convocó el Tribunal de Cuentas permitieron a siete secretarias eventuales de altos cargos y a la hija del entonces secretario general hacerse con una plaza fija en el organismo. Es decir, coparon el 57% de las 14 plazas de “auxiliar de grabación” (departamento de informática: 2.264,20 euros mensuales de salario) que se convocaron. Entre las secretarias que aprobaron los cuatro ejercicios se hallaban dos del ex presidente Manuel Núñez y las de otros consejeros de este organismo, tanto del PP como del PSOE
De todo lo expuesto, este Sindicato entiende que existen indicios claros de la posible comisión de varios delitos, como los de prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y cohecho, lo que exige una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal
