En un Estado en el que la clase política otorga medallas a imágenes de madera y escayola, no podíamos esperar menos de la actitud que los tribunales de in-justicia han tomado contra las tres mujeres del Aquelarre Feminista de Sevilla, en relación a la procesión del Coño Insumiso.
Tres años después de la procesión del Coño Insumiso durante el 1º de Mayo de 2014, la justicia sigue persiguiendo a un colectivo feminista por trasladar sus reivindicaciones ideológicas a la calle, en una jornada de protesta y lucha obrera. Y lo hace reabriendo la causa contra ellas alegando que “bajo la libertad de expresión no se puede dar cobijo a conductas de ofensa, burla o menosprecio, amenazas e insultos contra personas o grupos o miembros de una confesión religiosa”.
Tres años después de la procesión del Coño Insumiso durante el 1º de Mayo de 2014, la justicia sigue persiguiendo a un colectivo feminista por trasladar sus reivindicaciones ideológicas a la calle, en una jornada de protesta y lucha obrera. Y lo hace reabriendo la causa contra ellas alegando que “bajo la libertad de expresión no se puede dar cobijo a conductas de ofensa, burla o menosprecio, amenazas e insultos contra personas o grupos o miembros de una confesión religiosa”.
La doble vara de medir que utiliza el Estado para perseguir la “disidencia” vuelve a mostrarse claramente con el acoso a las tres compañeras de Sevilla. Cabe preguntarse si la “libertad de expresión” solo es consentida cuando lo que estamos leyendo o escuchando coincide con nuestra forma de pensar o con lo que cree una parte de la sociedad o colectivo dominante. A ello habría que añadir la obsesión de determinados sectores religiosos, siempre dispuestos para comenzar su particular “caza de brujas”, con todo lo que tenga relación con la mujer y la política.
Son los mismos que no parecen ofenderse con otras realidades como los recortes sociales que condenan a la pobreza, e incluso a la muerte, a miles de personas sin recursos, o con los casos de corrupción económica y moral dentro de la Iglesia, puestos de manifiesto por los medios de comunicación día sí y día también, la violación de derechos humanos o el feminicidio, realidad que incluso algunos miembros de la Iglesia católica han justificado culpando directamente a la mujer.
La justicia les hace el juego a estas organizaciones de extrema derecha persiguiendo supuestos delitos contra la moral cristiana, olvidando todos los ataques y crímenes que esta religión ha cometido y continúa cometiendo, sobre todo contra la mujer. Una religión que condena la libertad de pensamiento, acción y decisión de la mitad de la humanidad no puede tener el respaldo de toda la sociedad, menos en un Estado que se declara aconfesional, ni mucho menos pretender que permanezcamos calladas y callados ante sus intentos de controlar nuestras vidas.
Desde la CGT nos oponemos a cualquier intento de limitar el derecho a la libre expresión de los grupos feministas y de todos los colectivos y personas que luchan por una sociedad más justa e igualitaria, y del mismo modo exigimos el archivo de la causa contra nuestras compañeras del Aquelarre Feminista de Sevilla, por considerar que la libertad ideológica es un derecho que no vamos a consentir que nos arrebaten desde ningún tribunal heredero de la dictadura ni desde grupos ultracatólicos nostálgicos de tiempos pasados.
