Los días 22, 23, 24 y 26 de mayo tendrá lugar en los Juzgados de lo Penal de Castellón, en la sala 2 a las 09:30, un juicio contra 21 trabajadores a instancia de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux SL (Segorbe, Castellón).
La querella, interpuesta en 2007 a raíz de una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, podría suponer hasta 3 años y seis meses de prisión. La Confederació General del Treball señala la actitud intransigente, autoritaria y antidemocrática de la empresa y lamenta que se celebre un juicio que no debería tener lugar.
La querella, interpuesta en 2007 a raíz de una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, podría suponer hasta 3 años y seis meses de prisión. La Confederació General del Treball señala la actitud intransigente, autoritaria y antidemocrática de la empresa y lamenta que se celebre un juicio que no debería tener lugar.
El próximo 22 de mayo empieza el juicio de cuatro días de duración contra los 21 trabajadores de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux, compañía cuyo principal accionista era Federico Serratosa Caturla y que desde el mes de febrero pasó a manos del grupo NK5, el cual es parte del BANCO DE SABADELL. Los empleados serán juzgados por ejercer su derecho a la huelga. La empresa demandante solicita la pena de 3 años y 6 meses de cárcel y una cuantía superior a los 59.000€ de indemnización.
La querella, interpuesta por algunos de los miembros de la dirección de esta empresa situada en el término municipal de Segorbe, afecta a 21 trabajadores, en su mayoría vecinos de la comarca del Camp de Morvedre y residentes en Port de Sagunt.
El caso llegó a los juzgados en octubre de 2007, tras una huelga indefinida por mejoras laborales que contó con un amplio seguimiento por parte de la plantilla. http://www.cgtpv.org/Els-treballadors-de-Aluminios-Baux.html
La dirección de esta empresa ha decidido llevar hasta el final el proceso, negándose en todos estos años a retirar los cargos contra los trabajadores a pesar de la insistencia de las secciones sindicales de CGT y CC.OO, así como de los diferentes Comités de Empresa celebrados hasta la fecha. La acusación es de “insultar e intimidar a 30 trabajadores que no quisieron hacer huelga” (dirección y empleados de oficinas). Sin embargo, la realidad es que este colectivo accedió y salió del puesto de trabajo sin problema alguno. “Eso sí”, afirma Juanjo Ripoll, Secretario general de CGT-Camp de Morvedre y secretario del comité en Baux, “recibieron una sonora pitada”.
En este sentido, cabe recordar la persecución hacia los 21 trabajadores por parte de la empresa: de ellos sólo quedan ocho trabajando y el resto fue despedido poco a poco, sin armar mucho ruido.
Tal y como denuncia Ripoll, despedido por la empresa en 2010 y que tuvo que ser readmitido tras la declaración de nulidad por parte de la justicia, “La desfachatez de la empresa es tremenda tras sostener durante los ultimos 10 años que esto ya no dependía de ellos y que ellos estaban obligados a ir, ahora se nos avisa de que la empresa va a hacer una propuesta de pacto a los denunciados, sin adelantar nada al comité de empresa, además, es de risa que sólo se preocupen por el derecho al trabajo cuando se ejerce el derecho a la huelga para defender un trabajo digno”.
Por último, desde CGT-Camp de Morvedre lamentan la celebración de este juicio, un reflejo de la nula calidad democrática del sistema, así como el hecho de que estas acusaciones falsas perjudiquen a personas trabajadoras y tengan como objetivos “atacar al sindicalismo organizado y amedrentar al resto de la plantilla para que en futuras acciones dejen solo al Comité de Empresa”.
Fuente: CGT-Camp de Morvedre
