Las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos del régimen UGT y CCOO, han llegado a un acuerdo para presentar al Gobierno una serie de medidas conjuntas sobre el coronavirus en el mundo laboral. La propuesta incluye una flexibilización de los despidos temporales para adaptar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a un escenario menos productivo por el bloqueo provocado por la pandemia de Covid-19.
El documento que presentarán los agentes sociales al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tratará de modificar los procedimientos y acortar los plazos de resolución como vía para aplicar este mecanismo de despido.
Proponen que, las medidas adoptadas por las administraciones por motivo de salud pública (cierre de centros, cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de personas o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, o carencia de suministros, entre otros) podrán justificar ERTE «por fuerza mayor». Ya estamos viendo como trabajadoras y trabajadores como los de comedores escolares o limpiadoras fijas discontinuas van a verse afectados por las medidas adoptadas por los Gobiernos estatal y autonómicos.
También apuntan que se deben reducir los plazos de tramitación de estos expedientes, por lo que el máximo para la constitución de la comisión representativa en un ERTE no debe superar los cinco días desde la comunicación de la empresa de iniciar este procedimiento, siendo el periodo máximo de consultas con los representantes de los trabajadores de 7 días y que el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que debe atribuirse carácter potestativo, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.
Para CGT esta situación extraordinaria, no puede en ningún caso suponer pérdida de derechos laborales o económicos para las trabajadoras y trabajadores. No es asumible que el Gobierno rescate otra vez a las empresas dejando en la estacada a quienes de verdad suponen la riqueza del estado, la fuerza de trabajo, la clase trabajadora. ¿Quien se preocupa del pago de las hipotecas, de los alquileres y otros gastos de quienes son confinados o tienen que cuidar a sus hijos en casa?
No vamos a consentir desde CGT que la avaricia patronal utilice esta crisis para destruir empleo o recortar los menguados derechos de los de nuestra clase, no podemos asumir que nuestras familias se empobrezcan otra
vez como consecuencia de las políticas liberales del Gobierno que prefiere dar soluciones a las empresas y olvidándose de las personas. Deben por tanto paralizarse todos los ERE que se hayan tramitado en este periodo. Es momento de cuidar a las personas, no de dejarlas sin sustento.
Desde CGT exigimos que cualquier suspensión temporal de cualquier contrato motivada por la excepcionalidad de la situación y que la misma no suponga ninguna merma en la retribución habitual de las personas afectadas. Tampoco podemos admitir que nadie se quede sin percibir su remuneración por el hecho de no tener cubiertos los periodo mínimos de cotización.
Y desde luego el coste que la crisis provocada por el Covid-19 no puede computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público, ya que ello supondría en el futuro inmediato nuevos recortes en los servicios públicos y esenciales para la ciudadanía que como estamos viendo en esta crisis se tornan fundamentales para nuestras sociedades.
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
