La crisis del Covid-19 ha favorecido el aumento del teletrabajo en muchas empresas. Los sucesivos Reales Decretos y Procedimientos del Ministerio de Sanidad que han ido apareciendo han fomentado el teletrabajo como una medida preventiva de carácter colectivo, es decir, prioritaria, que debería “implantarse siempre que fuera posible” con el fin de limitar el número de contagios.
El actual marco legal se ha demostrado insuficiente y por tanto ante la posibilidad de que esta forma de organización laboral tenga una continuidad en el furo desde CGT vemos imprescindible una nueva regulación urgente sobre esta materia.
En los sectores productivos donde se puede generalizar más el teletrabajo, especialmente los más feminizados, su desarrollo puede suponer, además, que las mujeres vuelvan a quedarse encerradas en casa, lo que supondría un enorme retroceso en la lucha por la igualdad efectiva. En este sentido, supone asimismo un ahorro para las empresas en detrimento de las personas trabajadoras, que en muchas situaciones asumen costes que corresponderían al empresario.
En la mayoría de los casos se han superado los límites legales de la jornada donde a las horas extraordinarias no remuneradas, se suma la disponibilidad permanente como consecuencia del desarrollo tecnológico y la posible localización de las trabajadoras y trabajadores.
Desde CGT se ha trasladado el pasado viernes un documento al Ministerio de Trabajo donde se reivindica que es imprescindible que se garanticen y respeten todos y cada uno de los derechos que estas personas tendrían trabajando presencialmente, debiendo además legislar en el sentido que el acceso al teletrabajo sea siempre voluntario y reversible a decisión de la persona afectada.
Además, debe combatirse el aislamiento laboral que supone trabajar en el propio domicilio, asegurando que estas personas pueden ejercer sus derechos sindicales y de participación. Y el Gobierno debe garantizar que se respeta el tiempo de descanso y la conciliación laboral y familiar, especialmente el derecho a la desconexión digital, asegurando además medidas preventivas adecuadas, con especial insistencia en las que afectan al estrés y a las derivadas del trabajo sedentario.
Según la organización anarcosindicalista, deben ser las empresas las que aporten todas las herramientas necesarias y adecuadas para la realización del teletrabajo, debiendo compensarse económicamente a quienes aporten medios materiales para su realización.
Para la CGT si no se regula adecuadamente, lejos de conseguir una conquista de mayor autonomía en esta modalidad de prestación del servicio, por el contrario, puede convertirse de una herramienta cuyo mayor peligro, a la larga, sea fomentar aún más políticas de contratación encaminadas a una mayor precariedad o al desarrollo de figuras ya conocidas como los falsos autónomos.
