El pasado 28 de abril el INE publicó los datos del primer trimestre de 2022 de la EPA. La difícil situación económica y social del comienzo de este año, se reflejó en los resultados de empleo durante los tres primeros meses de 2022. El número de ocupados disminuyó en 100.200 personas respecto al trimestre anterior (un –0,50%) y se sitúa en 20.084.700, mientras que el número de paradas sube este trimestre en 70.900 personas un 2,28% más alcanzando los 3.174.700 y situando la tasa de paro en un 13,65% (un 0,32% más), siendo la tasa de paro femenina del 15,44% y la masculina del 12,04%. Un dato aún más preocupante es la tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 37%, una de las tasas más altas de la UE.

Sigue siendo preocupante los datos de desempleo y su evolución creciente de algunos territorios como Ceuta (29,1%), Melilla (22,12%), Extremadura (19%), Canarias (20,30%) y Baleares (18%), así como Andalucía, que a pesar de reducir ligeramente su tasa de paro, sigue siendo una de las más altas del Estado.

En cuanto a la contratación, nos parece alarmante la situación de la parcialidad ya que se ha incrementado con respecto al trimestre anterior superando el 14%. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, CGT denuncia este tipo de contratación, ya que es una fuente de segregación ocupacional entre hombres y mujeres, ya que el 75% de las trabajadoras con este contrato son mujeres y de éstas, más del 50% expone que tiene un contrato de estas características de forma involuntaria o por motivos relacionados con los cuidados familiares. Un dato que debería hacernos pensar, cuando se siguen realizando más de 6 millones de horas extras a la semana, de las cuales el 43% siguen sin ser remuneradas.

Cabe señalar que este primer trimestre no suele ser muy positivo para el empleo, especialmente cuando los periodos vacacionales como la semana santa no coinciden con los meses analizados (enero a marzo). En este sentido, es importante seguir poniendo el foco de atención en la dependencia del sector turístico y hostelero a la dinámica de creación de empleo en el Estado español, por dos motivos: Uno, por la estacionalidad en la creación de empleo, sujeto a los periodos vacacionales y previsiones meteorológicas, lo que nos hace especialmente dependientes y vulnerables ante cualquier imprevisto. Y dos, que el empleo que se genera en estos sectores, es justamente empleo de menor duración, peores condiciones laborales y salariales, incidiendo así en las condiciones laborales y personales de la clase trabajadora.

En concreto, los datos de afiliación recién publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado 4 de mayo, reflejan esta dependencia y fuerte estacionalidad del sector turístico y hotelero. Unos datos positivos en materia de creación de empleo, ya que la afiliación se ha incrementado en 33.000 personas en abril, superando los 20 millones de afiliados por primera vez. Si bien estas estadísticas son positivas para la creación de empleo, lo cierto es que desde CGT vemos necesario ir más allá de los números, ya que nos preocupa que ante los cambios regulatorios aprobados con la Reforma Laboral, la precariedad esté teniendo un lavado de cara bajo las actuales formas de contratación “indefinida”.

Tal y como publica el Ministerio, la temporalidad y los contratos de corta duración se han reducido. Un dato que, por supuesto, desde CGT nos parece positivo. Sin embargo, profundizando un poco más en los resultados del mes de abril, observamos tres hechos que nos parecen destacables y que pueden representar las nuevas formas de precariedad encubiertas.

Uno. La temporalidad encubierta. Los datos estadísticos de contratos “indefinidos” son los mayores de la historia, pero esconden dos formas contractuales que tienen componentes de temporalidad. Estos son, los contratos por tiempo indefinido fijo-discontinuo que son la gran bolsa donde están trasladando los antiguos contratos temporales; y los contratos indefinidos adscritos a obra que no están detallados, pero podemos intuir su volumen por la conversión de contratos y los nuevos indefinidos en construcción. El primero de ellos representa más de un tercio de los contratos indefinidos firmados y es la tipología contractual mayoritaria para indefinidos. Para el segundo caso, usando la estimación que proponemos, los contratos adscritos a obra superarían los 80.000 contratos. En total, estas tipologías se quedan cerca de la mitad de los contratos indefinidos firmados en el mes de abril, limitando mucho el efecto de la estabilidad pretendida.

Dos. La mutación de la precariedad hacia la parcialidad de jornada. Si ya eramos el país con mayor número de jornadas parciales no deseadas, este mes ha supuesto un auténtico récord de jornadas parciales especialmente entre los contratos indefinidos copando el 60% de estos.

Tres. La corta duración de los indefinidos: Un fenómeno muy consolidado con los recortes de derechos de las reformas laborales y que no han sido subsanadas en esta última (facilidad del despido, periodos de prueba, modificaciones contractuales unilaterales…) es la alta rotación de indefinidos. Esto es, la escasa duración del trabajo para los contratos indefinidos que venía produciéndose y que podremos ver analizando la muestra continua de vidas laborales. Así, el número de contratos firmados en un solo mes sigue siendo alto. Más que el crecimiento de la contratación (similar a otros meses), lo que muestra es una alta rotación de contratos. Este efecto, que ya era exorbitado para los indefinidos, se va a ver incrementado.

Es evidente que los cambios producidos en la regulación están suponiendo una transformación estadística e interpretativa a nivel laboral. Desde CGT nos gustaría que dichos cambios se plasmasen en la práctica y que la eliminación de la precariedad fuera una realidad. Para corroborarlo, aún necesitamos un horizonte temporal más amplio para evaluar la rotación de las vidas laborales y la realidad de los contratos fijos-discontinuos. No nos vale con decir que la temporalidad ha disminuido, es clave entender su transformación y si ésta se está derivando en una mejora de las condiciones laborales y salariales, o sin embargo, estamos ante nuevas formas de precarización y temporalidad pero ahora bajo el concepto de “indefinido”.

Asimismo, otros datos económicos publicados en los últimos días nos parecen preocupantes y son sin duda las primeras señales de la gravedad y la dimensión de la nueva crisis económica y social que se avecina.

Desde hace unos meses, incluso previo a la Guerra entre Rusia y Ucrania, los precios están siguiendo una tendencia creciente y preocupante por los terribles efectos que se derivan sobre la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora. La ruptura en la cadena de suministro, los problemas de falta de producción asiática por los continuos confinamientos en regiones chinas, así como la subida de los precios energéticos, han producido un efecto de encarecimiento de la vida de la población. Los últimos datos del IPC adelantado del mes de abril (INE), la inflación estimada es del 8,4%. Un 1,4% menos que el mes anterior, debido a la limitación de los precios energéticos, pero igualmente alarmante, ya que la inflación subyacente (aquella que no tiene en cuenta los productos energéticos ni los productos agroalimentarios) se ha situado en el 4,4%, la más alta desde 1995. En términos salariales estamos ante un escenario dantesco. La nueva previsión del BdE espera un aumento del IPC del 7,5% este año, mientras que el último dato de las subidas salariales pactadas en convenio es del 2,36%. Fuera de convenio se estiman muy inferiores. Una devaluación salarial que vive la clase trabajadora desde hace más de una década, reduciendo su capacidad adquisitiva entre 2010 y 2020 en un 10%, y que con estos últimos datos de salarios sólo nos queda confirmar la perpetuación e institucionalización del empobrecimiento de la clase trabajadora y la pérdida de poder adquisitivo.

En definitiva, nos encontramos en un contexto de incertidumbre y nueva crisis, donde no sólo no se plantea una reforma fiscal progresiva y más equitativa, sino que además las políticas van orientadas a la subida de gastos improductivos como el gasto militar al 2% del PIB – compromiso del Gobierno-, mientras se reducen y congelan el gasto público en servicios básicos como la sanidad, educación y servicios sociales. Todo ello, junto con la devaluación salarial, esbozan un escenario complejo para los y las trabajadoras.

Desgraciadamente, ya conocemos la situación de crisis, las políticas de recortes de bienes y servicios públicos, pero también sabemos que la única forma de recuperar lo público y lo colectivo está en la lucha de la clase trabajadora.