Desde CGT queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de crisis permanente que está afectando principalmente a la clase trabajadora. Una situación que parece perpetuarse, tal y como se vislumbra a través de los datos socioeconómicos que hemos conocido en las últimas semanas.
Si bien es cierto que los últimos datos de empleo publicados para el mes de octubre por el Ministerio el pasado 3 de noviembre son positivos en términos agregados, ya que baja el paro en 27.027 personas. Unos datos que visualizan la dependencia al sector turístico y hostelería, viéndose beneficiados principalmente gracias a la extensión de la temporada de “veroño”, mejorando los resultados de empleo de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados la semana pasada. Sin embargo, seguimos viendo la debilidad del sistema productivo, la fragilidad del modelo de relaciones laborales ante la volatilidad de los resultados así como la insuficiencia de la Reforma Laboral impulsada por Yolanda Díaz. En este sentido, en base a los últimos datos de afiliación y empleo, observamos que a raíz de la Reforma, los despidos en periodo de prueba se han multiplicado por 7, siendo una herramienta de despido aún más barato que el resto. Por ello, desde CGT queremos hacer un análisis en profundidad y detallado, yendo más allá de las estadísticas más agregadas.
El tercer trimestre económico de 2022 muestra las costuras del sistema en un ciclo de crisis que arrastra las condiciones de vida de millones de hogares trabajadores. Hay un enorme contraste entre el optimismo de este gobierno y una realidad que empieza a mostrar los riesgos a los que se enfrenta la economía y el empleo en este país.
La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre deja dos sensaciones; por un lado, aumentan los empleos en 77.700 personas en el tercer trimestre de 2022 respecto al trimestre anterior (un 0,38%). A pesar de ello, en términos desestacionalizados ha implicado una reducción en el trimestre del -0,06%. Así, la Tasa de desempleo ha crecido en 60.800 personas este trimestre, hasta el 12,67%, siendo el país con el paro más elevado de toda la UE.
Estos resultados rompen con las estimaciones de crecimiento económico y creación de empleo que se habían hecho por parte del Gobierno y los distintos organismos institucionales. Asimismo, tal y como ya hemos denunciado trimestre tras trimestre, nos preocupa la realidad que siguen sufriendo los 546 mil hogares que siguen sin percibir ningún ingreso y que, por la falta de instrumentos y recursos, quedan excluidos de la sociedad.
Las horas medias trabajadas a la semana siguen en pendiente descendiente, lo que nos da un indicador de que la intensidad del empleo se está reduciendo. El paro estructural y la precarización de las condiciones laborales son dos características propias del mercado de trabajo que siguen protagonizando los resultados de las encuestas.
A pesar de los “compromisos” del Ministerio de Trabajo, seguimos observando importantes problemas que perpetúan la segregación ocupacional, las brechas salariales y la explotación laboral. No podemos dejar de denunciar las más de 6.200 millones de horas extras realizadas semanalmente, siendo el 45% de las mismas no remuneradas. Desde CGT defendemos la reducción de jornada con el mismo salario, así como la prohibición de las horas extras como fórmula para repartir los trabajos, mejorar nuestras vidas laborales y personales, y luchar contra la segregación ocupacional y el desigual reparto del trabajo entre hombres y mujeres.
El escenario actual no deja espacio para valoraciones positivas, al contrario. Tras varios meses de guerra y máxima incertidumbre, los efectos directos sobre nuestra economía, la de la clase trabajadora, son demoledores. Los últimos datos sobre inflación rondan en torno al 8% y 10 %mientras las subidas salariales pactadas por convenio son del 2,3%. Esto supone un encarecimiento de la vida y una pérdida del poder adquisitivo acumulado del 7,7% en lo que va de año, lo que petrifica la devaluación salarial que llevamos asumiendo desde la crisis de 2008.
Asimismo, los datos de inflación y crecimiento económico publicados la pasada semana, confirman un cambio en las estimaciones económicas realizadas, constatando el estado de crisis permanente a la que estamos expuestas. Según el dato de Contabilidad Nacional publicado por el INE, el crecimiento del PIB del último trimestre se congela y crece un 0,2% respecto al trimestre anterior. Al mismo tiempo, la inflación sigue creciendo al 7,3% en el último mes y nuestro poder adquisitivo disminuye a un ritmo preocupante. Un panorama económico difícil, que por lo que conocemos, tendrá graves consecuencias sobre nosotras, las trabajadoras.
Este escenario exige cambios estructurales urgentes en materia ingresos y de gasto público. No valen parches temporales -como el impuesto a las grandes fortunas de carácter temporal-, sino reformas fiscales radicales que permitan dotar de recursos el sistema público, a través de un sistema progresivo que garantice el reparto de la riqueza.
Los datos son claros, la carencia material severa repuntó a máximos, situándose en un 7,3%, la mayor cifra desde que existen mediciones. Y la tasa de riesgo de pobreza (AROPE) ha aumentado en 2 puntos y medio, hasta un 27,6%, en dos años. Desgraciadamente no somos los únicos que advertimos de la gravedad y del coste económico y social que se deriva de vivir en un estado de crisis permanente.
Sorprendentemente, las estimaciones de la Comisión Europea, el BCE, la OCDE y del FMI advierten de la gravedad de este encadenamiento de crisis. Sin ir más lejos, el último informe del FMI y del Banco Mundial alerta del aumento del riesgo de pobreza extrema ante el actual escenario. Y el último informe FOESSA “El coste de vida y las estrategias familiares para abordarlo”, muestra una realidad económica y social realmente preocupante, en el que se estima que 6 millones de hogares en España (31,5%) alcanzan un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas, los gastos relacionados con el hogar, han aumentado un 18% y muchos ya destinan más del 60% de sus ingresos para hacer frente a los mismos.
No es momento de falsas estimaciones, por ello exigimos voluntad política para revertir las políticas de devaluación y pérdida salarial, activar instrumentos de reparto del trabajo y lucha contra la precariedad salarial y laboral. No podemos permitir que más del 30% de la población viva en riesgo de pobreza y exclusión social, y que ni mucho menos, éste pueda aumentar y agravar la situación.
Desde CGT, creemos que es prioritario recuperar la lucha en las calles, barrios y centros de trabajo para que esta nueva crisis no la paguemos las mismas.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT.
