Igualmente expresaron su oposición a lo que consideran una reconversión encubierta del sector, con ayudas públicas que, lejos de ser usadas para una verdadera planificación de futuro y salida de la crisis, son utilizadas para pagar los despidos y una destrucción de empleo que supera los 96.000 puestos de trabajo en los últimos 18 meses, con el único objetivo de mantener los beneficios de los dueños de las multinacionales. Como alternativa, la CGT planteó la reducción de jornada sin reducción de salario en el sector, como única manera real de mantener y crear empleo.
La CGT ha exigido un control riguroso y transparente de las ayudas públicas. Casos como los de Iveco o Nissan, que han recibido cientos de millones de euros en ayudas y que ya han despedido más de 1100 trabajadores/as, contradicen las declaraciones del Ministerio de Industria de no conceder ayudas a las empresas que despidieran plantilla. Por ello han exigido que la información de las ayudas entregadas a las multinacionales en los 10 últimos años sean públicas para poder hacer un control como sindicato del destino real de un dinero que sale de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.
Por último presentaron al Ministerio una serie de propuestas en materia de energías renovables y plantearon su rechazo a los monopolios energéticos tanto del petróleo como de las nucleares. Por ello manifestaron su decisión de participar en un debate realmente abierto a toda la sociedad para la fabricación de vehículos libres de combustible del petróleo así como para una energía sostenible y barata para la población. Para ello ofrecieron su apoyo en la lucha contra los lobbies de la energía.
Fuente: FESIM - CGT
