Endurece el acceso a la ayuda de 400 euros
El desalojo exprés no afronta el problema de la vivienda
Para la CGT, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, según recoge el BOE del sábado 25 de agosto, el gobierno autoritario y populista del PP, como buen gobierno de ultraderecha, un gobierno ilegítimo socialmente, en claro fraude “democrático” y valedor de los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras, vuelve a aprobar mediante otro decretazo, nuevas medidas económicas y sociales para ensañarse contra las y los más débiles.
Para la CGT, en el Consejo de Ministros del pasado viernes, según recoge el BOE del sábado 25 de agosto, el gobierno autoritario y populista del PP, como buen gobierno de ultraderecha, un gobierno ilegítimo socialmente, en claro fraude “democrático” y valedor de los intereses de las grandes corporaciones empresariales y financieras, vuelve a aprobar mediante otro decretazo, nuevas medidas económicas y sociales para ensañarse contra las y los más débiles.
El gobierno afronta el mayor problema del país de la única manera que sabe hacerlo, con inquina hacia las personas en paro, empobreciendo aún más a quienes menos tienen, al endurecer las condiciones de acceso a la ayuda económica llamada Plan Prepara, exigiendo 12 meses continuados de paro, retirando la ayuda a quienes hasta ahora podían recibirla, teniendo en cuenta los ingresos del conjunto de la unidad familiar donde vive la persona parada para quitarle ese derecho, exigiendo demostrar documentalmente que se lleva buscando trabajo los últimos treinta días.
Ya en junio este gobierno redujo y endureció las condiciones de acceso a la prestación por desempleo de las personas paradas disminuyendo las cantidades a cobrar con el fin de “incentivar la búsqueda de un empleo” que a día de hoy se niega a casi 6 millones de personas, aumentando a la par los impuestos directos e indirectos a la clase trabajadora.
De los casi 6 millones de parados/as estadísticamente contabilizados (EPA) – casi 25 personas de cada 100 en edad de trabajar-, en torno a 800.000 familias no tienen ingresos de ningún tipo, 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro, más de 2.600.000 carecen de cualquier cobertura social, no perciben ni prestación contributiva, ni subsidio de desempleo, ni renta activa de inserción, ni subsidios eventuales agrarios, ni son beneficiarios del Plan Prepara (los 400 euros). Además, la EPA ha mostrado que existen cerca de 400.000 personas que ni trabajan ni buscan empleo, por entender que no sirve para nada. De lo que vivan, no es un misterio, posiblemente de las familias o de la red de solidaridad familiar, denominada “colchón social”.
Con esta reforma del Plan Prepara, el gobierno del PP pretende chulear a las 200.000 personas que vienen recibiendo esta “ayuda de beneficencia de los 400 euros por 6 meses y una sola vez”.
Al gobierno no les importa que el 52% de los jóvenes no puedan trabajar, con lo cual tener un “hogar propio e independiente” se convierte en una quimera y un contrasentido. Es decir, primero se les niega la vida autónoma o un proyecto de futuro, al impedirles trabajar y segundo, se carga a la red familiar, su manutención y desarrollo de su vida.
Todo este atentado contra la dignidad es un suma y sigue al recorte presupuestario que se ha llevado por delante 65.000 millones de euros que salen de todas y todos y que nos permitirían mantener unos servicios públicos de calidad, además de otros 10.000 millones de recortes en sanidad y educación demostrando su incapacidad de generar ingresos y reduciendo servicios públicos en vez de aumentar la carga impositiva de los que más tienen.
Además en los próximos meses viviremos cientos de miles de despidos de empleadas y empleados públicos a través de los ERE´s que, por la normativa impuesta por este gobierno, se están realizando en las administraciones públicas, empresas y organismos públicos, ayuntamientos y comunidades autónomas.
Y esto se hace, al mismo tiempo que se ultiman las condiciones para entregarles a los estafadores del sistema financiero e inmobiliario, otros 100.000 millones de euros, los cuales van a salir de los despidos de miles y miles de personas que trabajan en la función pública (personal de educación, de sanidad, de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de medios de comunicación públicos, de la retirada de la paga extraordinaria de todos los organismos públicos, de las privatizaciones, etc, etc), de la subida del IVA, de la subida de los precios de todos los servicios públicos, del recorte de las prestaciones sociales.
A la vez que endurece los requisitos de la ayuda de 400 euros el gobierno ha presentado un reglamento para realizar los desahucios de manera exprés y en quince días poder desalojar a los inquilinos de una vivienda en alquiler, demostrando así el desprecio que sienten nuestros gobernantes hacia las personas que mayores necesidades sociales tienen.
Para la CGT no es la hora de un referéndum, ni una consulta popular sobre la política del gobierno, es la hora de movilización permanente, la hora de una nueva Huelga General laboral y social que sirva a las y los trabajadores y sociedad en su conjunto para recuperar los derechos que nos están arrebatando y dé una respuesta social a una crisis que nosotras y nosotros no hemos generado.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
Fuente: Secretariado Permanente de Comite Confederal CGT
