Esta Ley representa una nueva claudicación de las fuerzas políticas democráticas y en especial del gobierno socialista que, treinta años después de la transición y con dos generaciones por medio, no se han atrevido a hacer lo que desde hace tiempo ha solicitado el Consejo de Europa y que constituye una realidad cívica normalizada en países como Chile y Argentina : la constitución de una Comisión de la Verdad que declare la nulidad radical de los tribunales y sentencias de la dictadura y la imprescriptibilidad de los delitos contra la derechos humanos cometidos en ese periodo, como contempla la ONU en repetidas resoluciones. Hasta que no se produzca la derogación total y con consecuencias jurídicas del entramado legal punitivo del franquismo, la democracia española será una democracia vigilada, secuestrada y atada al mismo y las normas que intenten soslayar la realidad asesina de aquél régimen franquista tendrán la lectura de Ley de Punto Final.
La Exposición de Motivos de la Ley es calculadamente ambigua. En él se recurre a los conceptos de reconciliación, concordia, respeto, pacifismo, transición, constitución, reencuentro, vocación integradora, convivencia, cohesión… para intentar ocultar la VERDAD, para intentar no llamar a las cosas por su nombre y en consecuencia, para no condenar, sin ningún tipo de paliativos, el régimen franquista, la dictadura y el genocidio cometido contra varias generaciones de hombres y mujeres que lucharon por la libertad desde 1936. Las generaciones actuales tienen el derecho a heredar una educación y una formación basada en la condena del régimen franquista al haber sido responsable de la amargura, el sufrimiento, el aislamiento, la destrucción y el aniquilamiento físico y mental de varias generaciones. La democracia actual tiene el deber de transmitir a la juventud que el golpe militar franquista supuso la ruptura traumática con el sistema democrático de 1936, con el sistema político vigente, supuso el aislamiento de España, el oscurantismo, el retraso social a todos los niveles y, todo ello, a costa de la violación de los derechos humanos más elementales y perpetrando crímenes contra la humanidad. En el espíritu de la Ley, se sigue manteniendo la equidistancia entre víctimas y verdugos, intentando homologar los que lucharon por la libertad con los que defendían el fascismo. Se rezuma un intento por seguir olvidando, por ignorar la auténtica realidad de la historia de la guerra civil, el franquismo y la dictadura.
La ley no se plantea como tarea implantar una determinada memoria colectiva. ¿Por qué ? ¿Eso sería diferenciar entre victimas y verdugos ? Mientras no se recupere la memoria colectiva basada en la verdad , en la justicia y el respeto a los derechos humanos, el dictador seguirá venerado en un mausoleo grandioso y los poetas y trabajadores seguirán desaparecidos en las fosas comunes. La normalidad de la vida pública y el fin de la transición, no se producirán hasta que esta democracia no haya roto con el régimen franquista.
Por otra parte, la ley renuncia a la recuperación de la memoria colectiva y social, olvidando que la lucha del pueblo español por la libertad fue un proyecto colectivo. Es necesario que junto al derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria individual y familiar de las víctimas del franquismo (recuperación de las personas asesinadas, encarceladas, desterradas, torturadas, desaparecidas, esclavizadas, depuradas, condenadas…), se recuperen las ideas sociales, económicas, culturales, educativas, organizativas defendidas desde concepciones republicanas y anarcosindicalistas y que configuran la memoria colectiva y social. Para CGT es prioritario que en los centros educativos se incluya como materia de estudio el conocimiento de la guerra civil, la dictadura y su represión genocida.
Con esta Ley, la Administración hace dejación total de responsabilidad en el esclarecimiento de los crímenes contra la humanidad, búsqueda de desaparecidos y violación de derechos humanos perpetrada por el franquismo y somete a las victimas, para que de forma individualizada, intenten su rehabilitación y dignificación pública frente a esa propia Administración, pleiteando por la obtención de una Declaración de reparación y reconocimiento personal, que en si misma, no constituye ningún tipo de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, ni reparación, ni indemnización.
Para CGT es inadmisible, inasumible, innegociable, que la Ley no anule las sentencias franquistas. Se siguen validando las sentencias represivas dictadas por la dictadura. No basta con declarar el carácter radicalmente injusto de las condenas y sanciones durante la guerra civil, no basta con ilegitimar los tribunales, jurados, órganos penales durante la guerra civil y sus resoluciones, no basta con declarar ilegítimas por “vicios de forma y fondo” las condenas franquistas, no basta con reconocer la carencia actual de vigencia jurídica de las sentencias… Es absolutamente necesario anular de forma clara, contundente, en el articulado de la Ley, las sentencias franquistas. La Administración no puede lavarse las manos con respecto a la validez jurídica de estas sentencias La Ley deroga expresamente determinadas leyes franquistas. ¿Qué ocurre con las que no se derogan ? Por otra parte, la no derogación implica el reconocimiento legal del franquismo. Así mismo, la derogación de una ley significa su vigencia hasta que se produzca esa derogación. En consecuencia, la revisión de las sentencias se hace prácticamente imposible. Los procesos seguidos contra Granado y Delgado, Joan Peiró, Puig Antich y tantos miles más, seguirán sin tener ninguna reparación, seguirán siendo culpables para el franquismo y también para la democracia.
La Ley no va a comprar el silencio de CGT, mejorando algunas de las indemnizaciones que puedan recibir las victimas del franquismo, indemnizaciones en algunos casos son ridículas y en otros casos, abiertamente discriminatorias entre víctimas anteriores o posteriores a 1968. ¿Por qué estas discriminaciones entre víctimas ?
Las Administraciones Públicas renuncian a su responsabilidad en las localizaciones de desaparecidos, exhumaciones e identificación de victimas enterradas en fosas comunes. El Estado no solo no acometerá esta tarea sino que regulará y burocratizará el proceso que deben cumplir quienes a título personal quieran hacer este trabajo.
El Valle de los Caídos seguirá siendo el mausoleo de los líderes del golpismo y la represión aunque se retiren todos los símbolos franquistas y fascistas o se deje de indemnizar a instituciones públicas o privadas que no quieran retirarlos. No se plantea el reconocimiento del trabajo esclavo y su reparación ante el ingente censo de edificaciones y obras realizadas.
No se establece una política clara de recuperación, rehabilitación y acceso a los archivos, no se menciona nada sobre la imposibilidad de inscripciones de defunciones en los registros civiles o la posibilidad de modificar las causas de muerte.
En conclusión, con esta Ley no se repara la Justicia y la Verdad, no se reparan las victimas, no se acomete la búsqueda de desaparecidos, no se recupera la memoria colectiva y social, no se asume el reconocimiento de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el franquismo, no se declara la ilegalidad del franquismo, no hay una ruptura definitiva con el régimen de la dictadura. Esta ley está avalando nuevamente una memoria histórica escrita y revisada por los vencedores.
CGT no se resigna y seguirá luchando por la recuperación de la memoria histórica de los vencidos. Para ello, formulamos un llamamiento a la Movilización Social de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas… que estén en contra de esta Ley, que viene a representar una segunda autoamnistía, con el agravante de que esta nueva autoamnistía está auspiciada desde un gobierno socialista que permitirá asentar definitivamente la revisión histórica hecha desde los vencedores.
Madrid, diciembre de 2007
Fuente: Secretaría de Formación Comisión de Memoria Libertaria
