CGT ha formulado Recurso de Reposición previo al Contencioso-Administrativo contra la Orden de 18 de diciembre de 2012, por la que se dispone la publicación del plan plurianual de evaluación general del sistema educativo andaluz para el período 2012-2016. (BOJA Núm. 5 página 26 de 8 de enero 2013).
En primer lugar CGT entiende que no se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece el procedimiento a seguir en la elaboración de los reglamentos. Concretamente el art.
En primer lugar CGT entiende que no se ha seguido el procedimiento previsto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que establece el procedimiento a seguir en la elaboración de los reglamentos. Concretamente el art. 45.1.c expresa que “Cuando una disposición afecte a los derechos e intereses legítimos de la ciudadanía, se le dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábiles, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que la agrupe o la represente y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para dar audiencia a la ciudadanía afectada será debidamente motivada en el expediente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia.” Se ha incumplido el procedimiento previsto al no haber sido negociada en el seno de la Mesa Sectorial, siendo norma que afecta a la promoción profesional y condiciones laborales y salariales del personal afectado. Además de contar con el rechazo, manifestado públicamente, de todas las organizaciones sindicales de la mesa sectorial.
El segundo lugar CGT considera que los aspectos regulados por esta orden que establece el Plan plurianual de la AGAEVE, solapan actuaciones encomendadas a otras instituciones u órganos de la administración educativa, por ejemplo la evaluación del funcionamiento de los programas y servicios educativos o la evaluación de la actividad del profesorado y de la función directiva. Igualmente existe ese solapamiento cuando establece la mencionada Orden el proceso clave sobre evaluación general del sistema educativo andaluz y estudios sectoriales. En concreto el proceso operativo sobre evaluación de centros, programas o servicios educativos. Este hecho podría conllevar el establecimiento de ranking, idea rechazable por la simplificación que supone de la realidad educativa extremadamente compleja y sus efectos perversos para el Sistema Educativo, al considerar la evaluación, no un mecanismo de mejora, sino un instrumento al servicio de la competitividad. Al mismo tiempo prevé un proceso de acreditación de buenas prácticas docentes, sin determinar los efectos administrativos y laborales que dicho proceso pueda tener sobre el profesorado. Este aspecto preocupa, por la incidencia que pudiera tener en cuestiones como retribuciones, concursos de traslados, promoción profesional, etc..
Además entre los Objetivos específicos aparecen las líneas de actuación sobre evaluación del programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares., que se encuentra ANULADO por sentencia judicial y el actual suspendido por orden de esa Consejería de Educación. Todo ello haciendo inútil los apartados concretos de la orden, referidos a elaboración y publicación de informes de valoración inicial de proyectos presentados por los centros para su incorporación al programa, aplicación de encuestas de satisfacción del alumnado y sus familias y la elaboración y publicación de informes personalizados sobre resultados de encuestas de satisfacción, valoración anual de resultados o valoración final.
Por último la citada Orden profundiza en el conflicto de competencias entre la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa) y la Inspección Educativa, conllevando el riesgo de externaliza los procesos de evaluación que generarían el aumento del gasto público. CGT ha venido planteando la eliminación de las numerosas agencias e institutos que la Junta ha ido creando al margen de las distintas Consejerías y que suponen el gasto de 192 millones de euros, en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2013.
Comunicación Educación CGT
Fuente: Comunicación Educación CGT
