A diez años de la masacre perpetrada por grupos paramilitares en Acteal, municipio de Cenalhó, Chiapas, y que provocó la muerte de 45 personas, entre ellas 15 niños y varias mujeres embarazadas, 17 heridos y miles de desplazados, todos ellos indígenas totziles desarmados e integrantes de la organización civil Las Abejas, la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas de la CGT manifestamos nuestra más profunda indignación ante la impunidad en la que, 10 años después, siguen viviendo los autores tanto intelectuales como materiales de aquella matanza con la complicidad y la protección del gobierno federal de México y del gobierno de Chiapas.

Asimismo, queremos llamar la atención sobre las agresiones constantes y cada vez más crudas que desde el gobierno
mexicano, se efectúa sobre las comunidades zapatistas, a las que se está tratando de arrebatar sus tierras y sus casas
con el fin de destruir la red social comunitaria y autónoma que con tanto esfuerzo están construyendo los compañeros
y compañeras en resistencia.

Hoy, como hace 10 años, las instituciones gubernamentales y en estrecha colaboración con el ejército mexicano y con
los diferentes grupos paramilitares que actúan en territorio rebelde, están llevando a una situación límite e
insostenible a los pueblos zapatistas que dificulta seguir con una resistencia civil y pacífica, conformando un escenario
que puede provocar enfrentamientos armados y, de esa forma, justificar ante la opinión pública una intervención
armada por parte del ejército federal con el fin último de conseguir el desmantelamiento total de la autonomía
indígena zapatista.

Por todo esto exigimos :

- El cese inmediato e incondicional de todo tipo de agresiones y hostigamientos así como de la guerra de
contrainsurgencia desarrolladas contra las comunidades zapatistas.

- La cancelación de cualquier nuevo intento de desalojos en territorio chiapaneco y el inicio de una
investigación imparcial sobre las autoridades de la Procuraduría Agraria y sobre la Secretaría de la Reforma
Agraria que depure los abusos de autoridad y corrupción de los funcionarios públicos implicados.

- La devolución inmediata de las tierras arrebatadas.

- Que se abra una investigación con el objeto de depurar responsabilidades sobre la actuación del Ejército
federal Mexicano y de los diferentes cuerpos policiales, en su vinculación con los grupos paramilitares.

- El retiro inmediato de los campamentos militares permanentes en el territorio indígena de Chiapas.

- Que se respeten y garanticen los Acuerdos de San Andrés.

- Que el gobierno mexicano aplique los tratados de derechos humanos a los que está adherido.

- Que los medios de comunicación se hagan eco y se mantengan alerta de la grave violación de los derechos
humanos que en Chiapas se vive y de la creciente situación de violencia que puede llevar a la explosión de un
conflicto bélico en cualquier momento.


Fuente: Rut Moyano Lon Coordinadora Comisión Chiapas CGT

Alerta en Chiapas. Comunicado CGT Estado Español (23/12/07)