Para la CGT, el gobierno actual del PP, conjuntamente con el gobierno anterior del PSOE y al dictado de las élites empresariales y financieras, han llevado al BOE los mayores atentados contra los sistemas de relaciones laborales y los sistemas públicos de pensiones.
El PP con la publicación de la Ley sobre el Índice de Revalorización de Pensiones y el factor de Sostenibilidad, legitima y empeora la Ley 27/2011 que reformó sustancialmente la edad de jubilación, el periodo de cálculo, y los años necesarios de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora, como principales medidas absolutamente contrarias a las necesidades y derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras en activo, como a los pensionistas futuros y a los pensionistas actuales.
El PP con la publicación de la Ley sobre el Índice de Revalorización de Pensiones y el factor de Sostenibilidad, legitima y empeora la Ley 27/2011 que reformó sustancialmente la edad de jubilación, el periodo de cálculo, y los años necesarios de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora, como principales medidas absolutamente contrarias a las necesidades y derechos tanto de los trabajadores y trabajadoras en activo, como a los pensionistas futuros y a los pensionistas actuales.
Esta ley, (la 27/2011), al igual que el RD. 5/2013 (penalizaciones sobre las jubilaciones anticipadas entre otras barbaridades), y ahora la nueva ley que se carga la revalorización de las pensiones en función del coste de la vida y que para el 2019, supone un robo en la base de la pensión de entre un 5% a 20%, según la Base reguladora de cada pensionista, sólo resuelven una incógnita: los poderes públicos articulan leyes para el robo de millones y millones a las personas trabajadoras y, entregar al capital financiero y a las aseguradoras, cientos de miles de millones, para que sea el mercado quien “controle los sistemas de previsión social”, a través de los planes privados de pensiones.
El RD 16/2013 de 20 de diciembre, es una estafa desde su enunciado: …”medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores”… y lo que establece es una mayor precarización del trabajo: ahora los empresarios tendrán trabajadores y trabajadoras con contratos a tiempo parcial, como la modalidad “normalizada” de esclavismo. Contratos muy baratos en el precio de la mano de obra, pero que pueden ampliar sus jornadas con el simple aviso, de un día para otro, de que tiene que realizar horas complementarias. Es la liberalización absoluta del contrato, o dicho de otro modo, no es un contrato con derechos, sino un contrato de puesta a disposición a la voluntad única empresarial.
En este mismo decreto aparece la reforma del artículo 109 de la Ley general de la Seguridad Social, por la cual, conceptos salariales como pluses de transporte, seguros privados médicos, aportaciones a planes de pensiones, tickets restaurantes y otros salarios en especie, que hasta ahora no tenían la obligación de cotizar, pasan a cotizar conforme a los tipos marcados por la Seguridad Social.
Hasta este momento, los cientos de millones anuales que se ingresan por aportaciones a los planes de pensiones de empleo (privados), por ejemplo, tenían cotización 0, es decir los empresarios no cotizaban por este “salario diferido”, al igual que el trabajador. Si tenemos en cuenta que el empresario ahora va a cotizar por el 23,60% y el trabajador por el 4,70%, significa que muchos millones de euros ingresarán al sistema de caja única de la seguridad social y, además en forma de imputación directa, es decir se cotiza directamente sobre la renta que se genera.
Igual sucede con los otros conceptos exonerados hasta ahora: pluses de transporte y distancia, ticket restaurante, ayudas de estudios, salvo las correspondientes del trabajador cuando vienen exigidas por el desarrollo de sus actividades, gastos de manutención y estancia, seguros médicos privados y otros salarios en especie.
El 87% de las personas asalariadas, al encontrarse por debajo de la base máxima de cotización (rentas salariales superiores a 43.163,82 euros para el 2014), verán éstas aumentadas con la consiguiente mejora para todas las prestaciones que dependen de la misma: prestaciones de desempleo, incapacidad temporal (bajas), y base reguladora para la pensión.
Para CGT, siguen sin resolverse problemas esenciales como es el mantenimiento de los topes máximos de cotización (43.163,82 euros para el 2014), lo cual impide que entre al sistema millones y millones de euros. Unos 2,3 millones de asalariados/as (13%) donde están comprendidos empresarios, directivos, ejecutivos y gran parte de los asalariados en grandes empresas y determinados sectores de actividad como la energía, automoción, sector financiero, telecomunicaciones…, el detraimiento de ingresos por el exceso de sus salarios topados, es muy significativo, pues puede llegar hasta el 45% de media salarial que no cotiza. Suponiendo un trasvase directo a los planes de pensiones individuales o al consumo.
Los salarios medios de los Consejeros de las Empresas Cotizadas del Ibex 35, ascendieron en el 2012 a la friolera de + de 500.000 € y el salario medio de personal de alta Dirección de estas mismas empresas que eran 1.216, ascendía hasta los + de 700.000 €.
CGT insistimos en algo que es vital para nuestro Sistema Público de Seguridad Social:
• Qué se destapen los salarios altos y SE COTICE POR TODO LO INGRESADO.
• Que se eliminen las desgravaciones y reducciones fiscales en los planes de pensiones privados, de todos (individuales, asociados y de empleo).
• Que se dé empleo a las personas, en vez de impedirles trabajar o despedirles.
• Que se establezca una Pensión Mínima al igual que un Salario Mínimo de 1.200 euros en 14 pagas.
Para revertir la actual situación social donde:
Las pensiones medias en los últimos años, siguen bastante por debajo de los 1.000 euros, (en torno a los 800 euros).
Las pensiones medias aumentan (pensión media a enero 2013, ascendía a 849,60 euros), porque las pensiones de más de 1.500 euros hasta la máxima pensión de 2.554,49 euros para el 2014, que representan el 12,5% de todas, es decir 1.123.294 pensiones, distorsionan estadísticamente la realidad de la mayoría que ascienden a 9.037.597, subiendo la media de la pensión anual, cuando la mayoría, el 51,58%, se encuentran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (630,45 euros), es decir casi 5 Millones de pensiones.
Para terminar con la desigualdad, hay que defender el sistema público, solidario y de reparto de nuestra Seguridad Social y dejar de detraer fondos públicos hacia los planes privados de pensiones y/o asistencia sanitaria privada.
Secretariado Permanente del Comité Confederal
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT)
