El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, al más puro estilo de las modalidades represivas de épocas políticas anteriores, arremete contra la CGT e intenta reprimir la libertad sindical, social, al derecho de expresión y al derecho de manifestarse.
Después de casi un mes de cortes del acceso a la refinería de Cepsa, el pasado mes de Enero, (concretamente desde el 16 de Diciembre 2012 hasta el 15 de Enero de 2013) y como consecuencia de una serie de despidos en una de las empresas auxiliares de este complejo químico; este sub delegado le impone una propuesta de sanción a uno de los cientos de participantes en las mismas; concretamente al miembro de CGT José María Reula.
La propuesta de sanción en sí misma, 500 euros, además de ser un arrebato de venganza de este señor que no soporta cómo la clase trabajadora, liderada en este caso por la CGT en ese conflicto, ha conseguido doblegar a los empresarios en sus intenciones de despedir a 28 personas para a renglón seguido contratarlas a mitad de precio.
La propuesta de sanción en sí misma, 500 euros, además de ser un arrebato de venganza de este señor que no soporta cómo la clase trabajadora, liderada en este caso por la CGT en ese conflicto, ha conseguido doblegar a los empresarios en sus intenciones de despedir a 28 personas para a renglón seguido contratarlas a mitad de precio.
Este señor y los empresarios a los que siempre asiste su gobierno con medidas de represión tanto policial como administrativa, debería de saber que los trabajadores todavía tenemos la capacidad de movilizarnos para luchar contra los desmanes que ocasionan las distintas reformas laborales llevadas a cabo por su partido.
Todavía seguimos estando en un país democrático y donde la libertad de expresión y de manifestación es un derecho; aunque muchos de sus acólitos como su homóloga en la comunidad de Madrid quieran cortarla, todavía seguimos y seguiremos ejerciéndola.
Ante la demostración de civismo de estas concentraciones, este señor se despacha intentando dar ejemplo al resto de trabajadores con una sanción que sólo pretende el miedo y la represión en la clase trabajadora; si bien, también este señor debería de saber que la ley también es para él.
Así CGT, además de presentar el correspondiente escrito de impugnación contra esta sanción, considerándola una medida absolutamente injustificada y desproporcionada. Ya que en todo momento se actuó de acuerdo y coordinados con los mandos de las fuerzas de orden público actuantes en aquellos momentos.
Ya que donde hay cientos de personas día tras día manifestándose, no se puede sancionar aleatoriamente a quién las fuerzas de seguridad y la administración estime; precisamente para intentar dar ejemplo.
Fuente: CGT Campo de Gibraltar
