Campaña en oiga.me: Protesta por el Desalojo violento en Canta Gallo, Sur de Bolívar

Campaña en oiga.me realizada por la Secretaría de Relacciones Internacionales de la CGT, de envios de correo denunciando los echos acontecidos en el desalojo violento en Canta Gallo, Sur de Bolívar.

Que el ejército desocupe inmediatamente las instalaciones del centro comunitario del Municipio de Arenal, de manera tal, que cese el riesgo a la población civil y sea restablecido el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones campesinas, afrodescendientes y comunitarias.

Que las autoridades competentes inicien las investigaciones disciplinarias y penales pertinentes para que estas infracciones al Derecho Internacional y Nacional.

Ejército se tomó instalaciones donde funcionan organizaciones de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, procesos organizativos que hacen parte del congreso de los pueblos

Las organizaciones abajo firmantes, denuncian ante la comunidad nacional e internacional los siguientes hechos, que constituyen un elevado riesgo para las organizaciones agromineras, sociales y comunitarias del Sur de Bolívar; vulneraciones a la libertad de expresión e información y una abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Hechos:

Desde el día domingo 01 de marzo de 2015, un comando especial de la V Brigada del ejército Nacional, ocupó el centro comunitario del municipio de Arenal –Sur de Bolívar- en donde funcionan varias organizaciones que hacen parte de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, entre las cuales se encuentran la Fundación Rescate Cultural – FUREC, la Cooperativa Multiactiva COOMUARENAL y es el lugar de reunión de varias organizaciones campesinas y afrodecendientes que tienen asiento en este municipio.
Las Fuerzas Militares se posicionaron del lugar, construyeron un campamento militar y obstruyeron el funcionamiento de las organizaciones, situación que constituye una clara y abierta infracción al Derecho Internacional Humanitario, además, poniendo en riesgo la población civil del municipio ya que el centro comunitario se encuentra en medio del casco urbano.
Una delegación del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y del Congreso de los Pueblos hizo presencia y constató tal situación, a la vez solicitó explicación al Ejército Nacional por las graves conductas delictivas. Por parte del Ejército Nacional se comunicó a la delegación, que habían sido llamados por la Policía del municipio, ante informaciones sobre posibles ataques a las instalaciones de la Policía y que por ello la finalidad de su presencia era la protección del cuerpo policivo.
En el centro comunitario tiene la sede la Fundación Rescate Cultural – FUREC concesionaria de la licencia de funcionamiento de la emisora comunitaria Arenal Stereo, conocida como la Negrita Stereo. Es de tener en cuenta que FUREC, viene siendo objeto de una constante persecución por parte del Alcalde Municipal Aldomar Pabuena, el personero Municipal Fabio Rodriguez Sierra y la Policía del municipio de Arenal. Lo anterior se puede evidenciar ante los sistemáticos hechos de presión y amenazas desplegados por estas autoridades que han obstaculizado el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de pensamiento, expresión e información en hechos ya denunciados. El día de hoy la representante legal de FUREC, debe comparecer ante la Inspección de Policía del municipio, por cita! ción realizada por tercera vez de parte de este ente. FUREC, ha tenido que transitar por la defensa de la emisora comunitaria, tras una serie de acusaciones, difamaciones y denuncias provenientes del Alcalde Municipal ante distintas entidades como el Ministerio de Comunicaciones, en un afán por tomar el control de un medio de comunicación que ha difundido información seria e imparcial en la región.
Igualmente, las comunidades del Sur de Bolívar, alertan sobre la presencia durante los últimos días de hombres armados al parecer de grupos paramilitares, entre el municipio de Norosí y Arenal. De acuerdo a informaciones de la comunidad, el grupo armado se ha visto patrullando e incursionando al municipio de Arenal en horas de la noche. Situación similar ocurre en el municipio de Tiquisio y parte Alta de Norosí en donde los paramilitares se encuentran actuando pública y abiertamente generando temor y zozobra en la población, extorsionando y promoviendo la siembra de cultivos de uso ilícito.
Por otra parte, ni las autoridades locales, regionales y nacionales demuestran la voluntad política para atender los graves problemas que afrontan las comunidades de esta regional del país. El Gobierno ha incumplido el acuerdo con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en cuanto a la reactivación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar. Mientras tanto las comunidades se han visto en la necesidad de hacer uso del derecho a la protesta pacífica mediante las distintas movilizaciones y acciones que se adelantan en la región, sin embargo el gobierno tampoco atiende el clamor de las comunidades.
Desde el día 23 de febrero de 2015, comunidades campesinas del municipio de Cantagallo desarrollan una jornada de protesta por el Derecho a la Salud, ante la grave crisis y deterioro de este derecho en el municipio. Esta crisis se agudizó ante la decisión tomada por parte de la alcaldesa Municipal, Janeth Cortes, al no girar los recursos para el funcionamiento del centro de salud, aunado a los dos años que tiene la zona rural sin contar con personal médico que brinde una adecuada atención a la población, situación que ha puesto en riesgo la vida de centenares de pobladores del municipio.
El día 5 de marzo de 2015 siendo aproximadamente las 6pm, cuando estudiantes de la Institución Educativa Efigenio Mendoza, transitaban por frente de la instalación del puesto de Policía fueron intervenidos por el Policía centinela quien les manifestó que estaba prohibido pasar por ese lugar, ya que había información que venía la guerrilla. Ante este comentario los menores respondieron que se supone que la calle es de libre tránsito; de acuerdo a la versión de los menores los policías los insultaron con palabras como “hijueputas gonorreas”; seguidamente los menores salieron corriendo y el Policía centinela del puesto policial a su vez salió tras ellos hasta alcanzar a uno de ellos quien es hijo de una lideresa, a quien le quitó su morral escolar.
Luego de doce días de manifestación permanente frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la respuesta de las autoridades locales ha sido amenazar con un desalojo violento de los manifestantes sin otorgar soluciones a sus exigencias.
Desde las zonas rurales en el municipio de Cantagallo, también varias comunidades afectadas por las jornadas de erradicación de cultivos de uso ilícito, en donde se han combinado una serie de atropellos a sus derechos como por ejemplo, allanamientos a sus viviendas, se están movilizando en protesta por las actuaciones de las autoridades.

En el municipio de Norosí, luego de una infructuosa reunión con el señor JUAN CARLOS GOSSAIN gobernador del departamento de Bolívar, en la cual los asistentes recibieron insultos y malos tratos por parte de esta autoridad, ante las sus exigencias, las comunidades decidieron declarar un paro indefinido hasta el nombramiento del cien por ciento de la planta requerida para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes en el municipio.

Reiteramos la falta de voluntad del gobierno para atender las reclamaciones de las comunidades y al igual que el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar. Sin embargo, sí observamos respuestas de agresión y represión a las distintas movilizaciones y una alta militarización de nuestros territorios. Ejemplo de ello es la presencia de más de 180 efectivos del ESMAD, que han llegado a los municipios de Gamarra y Aguachica en el Sur del Cesar presuntamente ante los rumores de protestas de campesinos y mineros de la región del Sur de Bolívar.

Exigimos:

Que el ejército desocupe inmediatamente las instalaciones del centro comunitario del Municipio de Arenal, de manera tal, que cese el riesgo a la población civil y sea restablecido el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones campesinas, afrodescendientes y comunitarias.
Que las autoridades competentes, Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, inicien las investigaciones disciplinarias y penales pertinentes para que estas infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos ocasionadas por los miembros de la V Brigada del Ejército Nacional en el municipio de Arenal sean sancionadas pronta y eficazmente, así como sea investigada y sancionada la omisión del Alcalde y Personero Municipal al permitir y no denunciar tales conductas que ponen en riesgo a los pobladores que constitucional y legalmente tienen la obligación de proteger.
Que cesen de manera inmediata y sean investigados los hechos de persecución contra la Fundación Rescate Cultural – FUREC, concesionaria de la licencia de funcionamiento de la Emisora Comunitaria Arenal Stereo, hechos que obstaculizan los derechos de asociación, libertad de pensamiento y expresión entre otros derechos y podrían constituir una responsabilidad internacional del Estado por violación a disposiciones contenidas en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por Colombia.
Garantías y protección a los líderes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y Sur del Cesar, e integrantes del Congreso de los Pueblos ante posibles represalias que puedan haber por las denuncias realizadas ante las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que continúan ocurriendo en esta región del país.

Bogotá, 06 de marzo de 2015

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Los Pueblos

Asunto: Desocupación militar de Canta Gallo, Sur Bolívar

Fuente: Comunicación - CGT