Se trata de un auténtico despropósito, bajo la excusa de la pandemia, que afectará gravemente a las clases populares andaluzas ante la desprotección y liberalización que conlleva el cambio, sin debate público, de en torno a treinta normas que conforman la legalidad actual por una «flexibilización» que no simplificación de trámites como el gobierno andaluz se empeña en llamar.
La mayoría de las modificaciones introducidas llevan a reeditar un modelo económico que nos llevó a la crisis del 2008 al fomentar la burbuja especulativa y eliminar los controles públicos en defensa de los derechos sociales y el medioambiente, volviendo a la política del ladrillo, los campos de golf, urbanizaciones residenciales… al ampliarse las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico y modificarse la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) entre otras.
Igualmente, con la convalidación de ese decreto ley, se vuelve a atacar a la clase trabajadora al ampliar a dieciséis días la apertura en domingos y festivos de los establecimientos comerciales, con lo que supone incidir en la precarización del empleo y empeoramiento de las condiciones sociolaborales y de conciliación a las más de medio millón de trabajadoras y trabajadores andaluces del sector, la mayoría mujeres.
Respecto a la pluralidad informativa, se da un golpe letal a la ley Audiovisual de Andalucía y a los medios de comunicación públicos de los distintos municipios de Andalucía, radios y televisiones municipales, El decreto faculta la entrada de empresas privadas para su adquisición y gestión, eliminando las restricciones actuales y posibilitando la privatización de estos servicios públicos o la cesión de la gestión por parte de los Ayuntamientos, lo que sin duda va a afectar negativamente al empleo en el sector audiovisual y de la comunicación andaluz, a la libertad de prensa y a libertad de expresión.
La modificación de la ley del sector público en Andalucía para permitir la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía es otra aberración que afecta no solo al bien común sino también al medioambiente en nuestra comunidad.
La protección de la naturaleza y el cambio climático también salen muy perjudicadas de las modificaciones introducidas, se eliminan las evaluaciones ambientales en la puesta en marcha de minas, canteras e infraestructuras, se amplían las facultades a los Ayuntamientos en materia de calificación ambiental de proyectos y actuaciones, con lo que eso va a suponer para la desregulación ante la eliminación de la autorización unificada fijada en la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) Se modifica el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados y el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar, se elimina la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios al modificar la ley de medidas frente al cambio climático y un sinfín de medidas que van a afectar negativamente a la población andaluza en general en beneficio fundamentalmente del capital y clase empresarial sin escrúpulos.
Desde CGT Andalucía, hacemos un llamamiento a Organizaciones, movimientos sociales y colectivos ecologistas a unir fuerzas contra las irracionales medidas adoptadas por el Gobierno andaluz y contra las que nos están preparando para después del estado de alarma, en la que la clase trabajadora va a volver a ser el chivo expiatorio, con medidas antisociales y antiambientales decididas por una clase política que, mientras pide sacrificios a toda la ciudadanía, tiene la desvergüenza de mantenerse en la excepción al no permitir que las millonarias dietas y suplidos que perciben del erario público puedan usarse en beneficio de toda la comunidad.
Fuente: CGT - Andalucía, Ceuta y Melill
