La consecución de un marco legal que otorgue reconocimiento al sector de la Intervención Social y sus diferentes categorías profesionales
La equiparación de las condiciones laborales de sus trabajadores en un marco muy heterogéneo de actividades laborales y dependencias administrativas
La mejora generalizada de tales condiciones en un marco de precariedad bastante acuciante, dado el abandono a su suerte de tales trabajadores por parte de las administraciones titulares de los servicios y programas desarrollados en el sector, inmersas en un agresivo proceso de privatización de servicios públicos y a la comunidad.
No obstante, no podemos considerar que esta primera etapa, conclusa tras la resolución judicial, haya quedado en agua de borrajas, pues al menos ha servido para que los trabajadores de la Intervención Social hayan adquirido mayor conciencia de su existencia y determinación a través de la consecución de una suerte de identidad común a todos ellos.
Asimismo, consideramos que esta etapa, consecuencia de los esfuerzos llevados a cabo en su momento por la extinta Plataforma ECO, ha dejado a las claras las necesidades del sector y el grado de dispersión patronal, sobre todo si tomamos en cuenta que una gran mayoría de las empresas concurrentes en el mismo tan sólo han asumido la parte de responsabilidad que les toca una vez observaron que la regulación, vía Convenio, del mismo era un proceso irrefrenable, al cual ya nunca íbamos a renunciar los principales afectados, esto es, los miles de trabajadores presos por el lastre de la externalización de los servicios en los cuales se enmarca nuestro futuro profesional.
Sin embargo, convendría estar muy atentos al desarrollo de los acontecimientos de ahora en adelante, así como a la fractura interna existente en los dos sindicatos que conforman la parte social con capacidad negociadora, CC.OO. Y U.G.T., ya que algunas de sus Federaciones (sanidad y educación) también se personaron en la Audiencia Nacional como partes impugnantes por concurrencia funcional.
Esto es una clara evidencia de sus luchas internas por el control de determinados ámbitos funcionales, lo cual no deja se ser una lucha por poder, que poco o nada tiene que ver con la defensa de nuestros intereses.
Desde CGT, y a través de esta Coordinadora, proponemos un sector de la Intervención Social único y extenso en su ámbito de aplicación. Un sector que no quede fracturado en diversos pedazos por los intereses corporativos de una serie Federaciones sindicales ajenas a la realidad del mismo, el cual, aunque heterogéneo, está marcado por unas señas de identidad que vienen definidas por sus categorías profesionales, así como por su vocación de servicio a la comunidad.
Por ello desde esta Coordinadora vigilaremos (así como llamamos a la vigilancia por parte de los trabajadores) del proceso que se abre, haciendo uso de todas las capacidades de las que nos hemos dotado, pese a que las sentencias judiciales, a día de hoy, han sobrevenido contrarias a nuestros intereses.
Fuente: Coordinadora Estatal de Intervención Social
