Los agentes del CNP aseguraron, al identificar a varias anarcosindicalistas, que no sancionarían a nadie, sin embargo terminaron aplicando la Ley Mordaza.La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su total rechazo a las multas de varios compañeros de la territorial valenciana que fueron sancionados en el contexto de la manifestación pacífica convocada para el 1º de Mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.
Según la organización anarcosindicalista, estas compañeras portaban unos botes de humo, con los colores de la bandera anarcosindicalista (rojo y negro), que encendieron durante la manifestación en la mañana del Primero de Mayo. En la calle de la Paz, algunos agentes de la Policía Nacional comunicaron que este tipo de objetos no podían ser usados y que por “seguridad” debían identificar a quienes los portaban, aunque aseguraron que no sancionarían a ninguna de estas personas por ello.
Al cabo de tres meses, y según la organización anarcosindicalista, las multas tras las identificaciones de aquella mañana han sido recibidas por varios compañeros y compañeras. La cuantía de cada una de ellas asciende a 601 euros, y son el resultado de la aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).
CGT ha manifestado que no pagará ni un euro de estas sanciones, entre otras cosas porque estas identificaciones se dieron en un contexto pacífico, a gente que no estaba haciendo otra cosa que ejercer sus derechos fundamentales en el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Además, los botes de humo suelen utilizarse en muy diferentes eventos y actos, entre ellos las concentraciones o manifestaciones reivindicativas como la del Primero de Mayo.
CGT también ha recalcado que estas circunstancias vienen a corroborar a quién y para qué sirve la Ley Mordaza. Los y las anarcosindicalistas consideran que esta ley, desde que fue aprobada por el PP en 2015, solo ha servido para reprimir a las personas que luchan organizadamente por sus derechos y libertades. Una ley, según CGT, que prometieron derogar las formaciones políticas que están en el Gobierno español en la actualidad, pero que también les sirve ahora para contener las movilizaciones.
