Los anarcosindicalistas ya han advertido que las movilizaciones van a ser continuadas hasta que alcancen un acuerdo con el Gobierno que sea acorde a las necesidades de su actividad sindical

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha vuelto a concentrarse hoy delante del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en manos de la ministra Yolanda Díaz (Unidas Podemos), para exigir una solución ante la amenaza de desahucio de su sede de la calle Alenza de Madrid.

CGT ya explicó en anteriores convocatorias que llevaban años intentando negociar con el Estado las circunstancias, buscando un edificio alternativo al que trasladar su sede madrileña. En este sentido, representantes de la organización rojinegra explicaron que la CGT había quintuplicado su afiliación en los últimos 30 años, y que por lo tanto no podían abandonar un edificio para ir a parar a otro más reducido, como intentan obligarles ahora desde el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos.

La organización anarcosindicalista, que ha manifestado continuar con las protestas y movilizaciones contra lo que consideran un ataque injustificado contra la clase trabajadora y la acción sindical de miles de trabajadores y trabajadoras en Madrid, ya explicó que la demanda de desahucio a la que se enfrenta es la consecuencia directa de una especulación que se ha venido haciendo con el Patrimonio Sindical Acumulado desde el mismo Ministerio de Empleo y de la Comisión Consultiva. Ambos organismos, asegura la CGT, no están cumpliendo con la obligación de ceder un local adecuado a la actividad sindical y social que este sindicato viene realizando desde hace más de tres décadas en la ciudad  y en defensa de los intereses y reivindicaciones de la clase trabajadora.

Es por ello que la CGT va a mantener el calendario de movilizaciones y protestas, por entender que esta situación es fruto de una falta de voluntad política de un Gobierno “progresista” que en teoría no ataca a quienes dicen representar.


Fuente: Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

CGT vuelve a reclamar su patrimonio frente al Ministerio de Trabajo y Economía Social y ante la amenaza de desahucio de su sede madrileña