Comunicado de la CGT de las Universidades Públicas catalanas. No son recortes, es una estafa

El sistema universitario catalán se encuentra en estos momentos en estado de shock como producto directo de las políticas aplicadas por el gobierno de CiU y del PP, que pretenden una transformación radical de la universidad: cada vez más inaccesible, más precarizada y al servicio de unos intereses concretos.

No se trata sólo de recortes, no es sólo consecuencia de una supuesta crisis, es una planificación que viene de lejos. Ninguno de los sectores que componen la universidad pública: alumnado, personal de administración y servicios, profesorado y personal investigador, queda fuera de esta agresión política, ya que es el conjunto el que es atacado.
El resultado es una universidad que, lejos de estar al servicio de la sociedad y de la salida de la desastrosa situación económica, social, cultural y política que estamos sufriendo, queda cada vez más al servicio de los intereses y los principios que nos han llevado precisamente al callejón sin salida actual. La subida de tasas, que nos lleva a una educación superior cada vez más alejada de la mayoría de la población, es tan sólo el síntoma más evidente.
La mercantilización de la investigación, el cierre de másteres y grados no «rentables» en términos económicos de corto plazo o la entrada de los intereses privados dentro de un derecho público, son otras muestras. Proceso que lleva irremediablemente al deterioro de la función social de la universidad en el seno de nuestras sociedades y, si no se pone freno, a la pérdida de toda una generación, y del trabajo realizado por el anterior, en términos de investigación, docencia y pensamiento crítico.
En las universidades públicas la precariedad es estructural, no un daño colateral de la crisis:
La carrera docente e investigadora ha quedado profundamente dañada. Si las agresiones han llegado ya al profesorado estable, a lo que se hará trabajar más horas por menos retribución, lo cierto es que hace tiempo que el profesorado más joven sufre una incertidumbre absoluta. El profesorado con contrato de asociado, y más concretamente los «falsos» asociados, ha sufrido el peso más importante de los recortes en forma de «no renovaciones» o bajadas brutales de sueldo.
En estos momentos en las universidades públicas catalanas están haciendo ya contratos de vergüenza por 90 euros mensuales, al tiempo que se está extendiendo la práctica de semestralizado los contratos anteriormente anuales. Pero también el profesorado lector y las investigadoras e investigadores Ramón y Cajal se encuentran en estos momentos en la cuerda floja.
1.500 plazas docentes menos de aquí a 2021:
La desaparición de cientos de profesores y profesoras jóvenes del sistema universitario catalán en los últimos dos años ha venido acompañada por el Plan Serra Hunter II, que es la principal herramienta para la destrucción de las actuales carreras docentes e investigadoras. La «promesa» hecha por Antoni Castellà de «cubrir» las 2.000 jubilaciones previstas de aquí a 2020 con tan sólo 500 nuevas contrataciones (las otras 500 en realidad no son sino la conversión de plazas estructurales a nuevas formas de contratación) significa la desaparición de 1.500 plazas docentes.
Asimismo este plan sólo prevé la estabilización de 500 profesores lectores de aquí al 2021, cuando actualmente el profesorado lector en Cataluña supera los 700, más de la mitad de los cuales serán expulsados del sistema. Quedan en el aire, además, las vías de ingreso de nuevos jóvenes doctores y doctoras a las carreras investigadoras y docentes en una universidad cada vez más envejecida.
Pérdida de autonomía de los tribunales de selección de profesorado
La descapitalización sin precedentes de la capacidad de investigación y docencia de este país se hará con tribunales de selección de profesorado intervenidos por la Generalitat, a partir de su participación en la elección de tres de los cinco miembros que los componen.
La violación de la autonomía universitaria que supone esta medida sólo es equiparable a la actitud terca de nuestros rectores y rectoras, que lo han permitido al aceptar el plan, a la vez que practican una política errática: unos prevén superar el bloqueo actual en la convocatoria de plazas para la gente acreditada estableciendo contratos de agregado interino, otros de postdoctoral con pérdida de retribución y derechos y, aún, los últimos de asociado.
En este marco, remachó por la futura modificación de la LOU, la LUC y la negociación del convenio colectivo, las movilizaciones vividas durante el curso pasado han impedido llevar las intenciones de la Generalitat hasta los extremos previstos, pero habrá mucho más para detenerlas. En este marco la CGT del PDI de las universidades catalanas quiere hacer extensivas las siguientes consideraciones:
– La necesidad de impugnar la política de profesorado seguida hasta ahora y hacer un replanteamiento general basado en la equidad, la seguridad y la independencia científica y docente.
– La necesidad de impugnar en su globalidad el Plan Serra Hunter II, ya que es una herramienta de destrucción de carreras docentes e investigadoras y de violación de la autonomía universitaria.
– La exigencia de asegurar la carrera docente e investigadora y, cumpliendo los acuerdos tomados en el convenio colectivo vigente, procediendo a la regularización de los «falsos» profesores y profesoras asociados contemplada en la Disposición Adicional Segunda del convenio ya la estabilización de cada plaza de Lector y Ramón y Cajal que se extinga, aceptando todas las acreditaciones de las diferentes agencias (AQU y ANECA), así como queda recogido en el convenio.
– La negativa a permitir ninguna agresión en las condiciones docentes, de investigación y laborales del conjunto del profesorado, ya sea bajada de retribuciones, ya sea incrementando las horas de dedicación.
– La idoneidad de ir hacia la convocatoria de una gran asamblea de todo el PDI de las universidades públicas catalanas para hacer prevalecer los principios de la universidad pública.
– La urgencia de establecer puentes entre todos los sectores de la comunidad universitaria, ya que todos ellos son los atacados, y entre la universidad y el tejido social catalán en la defensa de un derecho, el de la educación superior, indispensable en el camino de la salida de la situación actual.