Desde la CGT del Baix Penedès, no encontramos mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos congratulamos de la lucha llevada a cabo de tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia, que han visto y ven que el sindicalismo no tan solo es cosa de hombres. Muestra de ello, en la comarca, la lucha que han tenido que lidiar las trabajadoras y auxiliares de geriatría de la Residencia Sant Antoni Abad de l’Arboç, actualmente gestionada por una empresa privada llamada Gran Vía BCN S.L.
Desde que la citada empresa se hizo cargo de la residencia, se han sucedido una serie de esperpénticos casos de abusos, coacciones, amenazas y todo tipo de malas práxis empresariales.
Desde que la citada empresa se hizo cargo de la residencia, se han sucedido una serie de esperpénticos casos de abusos, coacciones, amenazas y todo tipo de malas práxis empresariales. El 1 de noviembre de 2014 y tras la retirada de la gestión de la Xarxa Santa Tecla, comenzó una batalla por derechos tan básicos como los que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores. Empezaron incumpliendo el artículo 44, en el que se establece que en caso de subrogación de una empresa, la empresa entrante tiene que subrogar en derechos y obligaciones a la totalidad de la plantilla. No fue así, nada más entrar despidieron a dos trabajadoras.
Incumpliendo el citado artículo, rebajaron el sueldo de las trabajadoras en 229 € mensuales, y aquí fue cuando las compañeras se pusieron en contacto con la CGT y se afiliaron al sindicato. Desde CGT se interpusieron las denuncias correspondientes en la Inspección de Trabajo, dando sus frutos en febrero de 2015, al forzar un acuerdo con la empresa en el que se recupera con carácter retroactivo tanto lo restado en los salarios, como las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. En esta misma denuncia se comunicaba a la Inspección que las trabajadoras fueron obligadas bajo amenazas a firmar jornadas de 12 horas, según la empresa para “salvar el año 2014” y que en el año 2015 se regularizarían las jornadas a 8 horas, cuando el convenio colectivo de aplicación establece una jornada máxima diaria de 9 horas. Esta jornada no está establecida porque sí, puesto que en este tipo de trabajos el desgaste tanto físico, como emocional, es elevadísimo, lo cual va en detrimento de la labor necesaria de cuidar de los ancianos y ancianas.
Cabe señalar que pese a ello, la profesionalidad y entrega de las trabajadoras, ha hecho que las ancianas y ancianos hayan estado en todo momento bien atendidos, salvo en aquellas cuestiones que a las trabajadoras les eran ajenas y que tan solo eran competencia de la empresa Gran Vía BCN S.L., como puede ser la falta de material, de medicación por falta de pago u otro tipo de cuestiones, como el poner en la cocina a una mujer de la limpieza que carecía hasta del carnet de manipulación de alimentos. Ésta última pidió la “baja voluntaria” y en la actualidad se encuentra en una profunda depresión, la cual no creemos que sea casual.
Pues bien, esto fue el comienzo, ya que en el año 2015 siguieron con las jornadas de 12 horas diarias, y como se había firmado un documento aceptando tal jornada poco se pudo hacer al respecto, más que ponerlo en conocimiento y denunciarlo a la Inspección. Desde CGT se propuso un calendario laboral anual para el 2015 que contemplaba y cumplía todos los aspectos reflejados en el convenio, y que no generaba mayor gasto para la empresa, puesto que los problemas derivaban claramente de una mala organización de la misma. Ésta no atendió las diferentes propuestas y eso nos llevó a una nueva denuncia, ya que al trabajar jornadas de 12 horas, tal y como advertimos desde CGT, en el mes de noviembre se llegarían a completar las 1.792 horas que contempla el convenio colectivo.
También quedó patente la mala fe de la empresa, ya que a partir de entonces, negó la entrada a la residencia de los asesores del sindicato, todo ello con el fin de seguir amedrentando a las trabajadoras y no tener asesoramiento ante cualquier documento que les propongan para firmar. Los “grandes gestores” de la residencia, Gran Vía BCN S.L., pretendían obligar a las trabajadoras a finalizar el año con horas extras, cosa a la que se negaron algunas de ellas. La Inspección les dio la razón y no trabajaron hasta este año.
Actualmente, están realizando jornadas de 11 horas en horario partido, cosa que no ayuda nada a la conciliación de la vida familiar y laboral, todo ello con el fin de no finalizar la jornada anual antes de finalizar el año.
No contentos con los abusos de poder de la empresa, continuaron las amenazas y alguna sugerencia que otra velada a las trabajadoras más antiguas para que dejasen el trabajo de forma voluntaria con la única oferta de arreglarles los papeles del paro, otra ilegalidad más. De esta manera, pretendían y pretenden deshacerse de las trabajadoras que mantienen mejores condiciones salariales y laborales, fruto del contrato firmado en el año 2008 directamente con el Ajuntament de l’Arboç, que era el que gestionaba la residencia con la Fundació Sant Antoni Abad, sin usureros intermediarios, y que en la actualidad sigue existiendo como núcleo público de su gestión.
Continuando con los abusos y el empecinamiento en el abuso de poder, la última hazaña de esta gestora privada ha sido el despedir a 2 trabajadoras alegando la desgraciada muerte de una de las residentes, como si no fuese normal que los ancianos y ancianas algún día dejaran de ser residentes para pasar a mejor vida. La empresa fundamentó los despidos en el incumplimiento de un protocolo inexistente, ya que ni de eso se han preocupado hasta que pereció la anciana. Desde CGT se interpusieron las correspondientes demandas judiciales para oponerse a dichos despidos. El Juzgado de lo Social nº1 de Tarragona los ha declarado NULOS, es decir, la empresa las tiene que readmitir o pagar las indemnizaciones correspondientes a un despido improcedente, por no ver dolo e intención en el incumplimiento de un protocolo inexistente, protocolo del que sí disponía Santa Tecla.
También queremos denunciar la mala praxis de los responsables en cuanto a seguridad se refiere, ya que el edificio en el que se encuentran las residentes carece de salida de emergencia y de cualquier tipo de sistema de evacuación rápido y seguro en caso de incendio, además con el agravante de encontrarse en una segunda planta, por lo que en estos casos es más que desaconsejable el uso del ascensor y, en cualquier caso, daría tiempo a desalojar a muy pocas personas.
Dicho lo cual, no queremos olvidarnos de las obligaciones y responsabilidades que se derivan de la Fundació Sant Antoni Abad y del propio Ajuntament de l’Arboç, actualmente con mayoría absoluta del PSC, y que las dos entidades están presididas por el socialista, sindicalista y ugetista Joan Sans, al que no dudaremos en pedir todo tipo de responsabilidades legales que se puedan dirimir por el desentendimiento tanto del mal servicio proporcionado por Gran Vía BCN S.L., como las responsabilidades directas de la presidencia de la Fundació.
La CGT no permitirá que se responsabilice a las trabajadoras del mal servicio prestado por Gran Vía BCN S.L., ya que entendemos como muy grave el tener en estas condiciones a ancianas y ancianos que han luchado por los derechos de todos y todas, que han pasado por una guerra, una posguerra y por el trabajo de toda una vida para subir a sus familias. Familias a las que se les pasa facturas de medicamentos, sin especificar a qué corresponden, hecho que suma a todo éste asunto una desvergüenza más, si cabe.
No permitiremos tampoco que se trate a las residentes como mera mercancía. Se trata de un servicio público en el cual debería haber una delicada y exquisita atención. Pese a ello, la empresa solo busca la rentabilidad, y en ningún caso debería ser así.
A todo ello, debemos añadir que de nada sirven los planes de empleo que lleva a cabo el Ajuntament de l’Arboç. Antes de premiar con entre 1 y 2€ la hora trabajada para las contrataciones de la población del municipio, hay que mirar que el trabajo que hay en el mismo sea de calidad y se conserve. No queremos creer que se estén premiando a empresas de este tipo con las nuevas contrataciones, a la vez que despiden y tratan así a sus trabajadoras. Y que tampoco que se premie a otras que contratan en fraude de ley y que no respetan las condiciones mínimas establecidas en los diferentes convenios colectivos.
Por todo lo expuesto, exigimos al Ajuntament de l’Arboç y en especial a su alcalde socialista, sindicalista y ugetista, que tome cartas en el asunto. Que directamente esta residencia pase a ser de gestión pública, que, ya que ello conllevará una mejor atención y, bien seguro, una mejor gestión de los recursos públicos, que son de todas y todos, no de unos para mero beneficio económico y en detrimento de la salud de muchos y muchas.
Desde CGT estamos en disposición de reunirnos con el Ajuntament de l’Arboç para aclarar cualquier duda y facilitar la documentación que crean oportuna, ya sean denuncias, resoluciones de la Inspección o la reciente sentencia judicial, de la cual nos congratulamos. Dicha sentencia, pese a no ser firme, reconoce y declara como NULOS los despidos de las compañeras mencionadas.
Fuente: CGT - Barcelona
